Si las asociaciones de jueces y fiscales tuvieran que puntuar de 0 a 10 su nivel de satisfacción por el cambio de rumbo del Gobierno expresado por Moncloa en cuanto a que defenderá a Llarena «hasta sus últimas consecuencias» como recalcaba ayer la ministra Dolores Delgado, seguro que no se pondrían del todo de acuerdo, aunque la media fuera alta.
En lo que sí parecen coincidir todas es en lo «innecesario» del párrafo del comunicado del Ministerio de Justicia donde se afirma que «la demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función».
La distinción que hizo el Ministerio y la vicepresidenta del Gobierno entre el ámbito público y privado del magistrado Llarena es lo sustancial de este conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a través de su portavoz, Celso Rodríguez Padrón, aprecia un cambio de respuesta que valora positivamente en la medida que asume «lo que hemos reclamado las asociaciones» y no puede negarse que ha habido una reevaluación tan solo dos días después».
Celebran ese cambio de conclusión que «no podía ser de otro modo porque la demanda es formalmente contra el magistrado Llarena», añade la asociación mayoritaria de la que Llarena fue presidente entre 2012 y 2014.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la única asociación en no suscribir el comunicado dicen que en el cambio de rumbo del Gobierno «no se ha modificado lo sustancial porque personarse en la causa y defender al juez Llarena es la intención que ha tenido el Ministerio desde el principio».
No obstante, su portavoz Ignacio González Vega, opina, que hacer esta distinción no era necesaria porque «leída la demanda queda claro que se refiere a la actuación de Llarena como juez».
Dice González que su asociación hizo el comunicado en el que calificaba de “correcta y ajustada a derecho” la personación del Gobierno justo después de leer la demanda.
Para Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), «rectificar es de sabios y, por tanto, es positivo el cambio en el que ha tenido mucho que ver el presidente del Gobierno y, desde luego la presión de los medios de comunicación unida a la que ha ejercido el comunicado conjunto suscrito por las asociaciones».
Y aunque estamos ante un caso inédito, «lo llamativo», dice Prado es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tenga autonomía presupuestaria y cuente con abogados propios que nos puedan defender en casos como este».
Más dura es Concepción Rodríguez desde Foro Judicial Independiente (FJI) que si bien se manifiesta «totalmente favorable a que se haya rectificado» espera que sea «verdad y no se hagan medias defensas».
Añade que vivimos en un Estado con «un poder judicial debilitado por el poder político, lo que no es inocente».
Y es que para FJI la defensa de Llarena debería haberse asumido sin distinciones «desde el momento 0 y no entendemos las excusas en una cuestión tal crucial que afecta a la soberanía nacional y , por tanto, a todos los ciudadanos».
Recuerda Rodríguez el Convenio vigente desde 2010 entre CGPJ y el Ministerio en el que se establece la obligación de asumir la defensa en estos casos.
La defensa ‘parcial’ «ha sido lo que ha perturbado todo, cuando la cuestión importante está en que no se puede entrar por un tribunal extranjero a vulnerar la soberanía jurisdiccional española», dice Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que sostiene que «no ha habido cambio de criterio por parte del Gobierno porque en lo sustancial se está diciendo lo mismo».
Ahora bien, «la coletilla fue una aclaración innecesaria que ha organizado esta conflicto», dice la UPF, «en un enredo montado por Puigdemont para sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez y no de la justicia belga. No se debe entrar ahí y se le está haciendo el juego».
La UPF confía en que la demanda no se admita.
Desde la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, afirma que están satisfechos porque «hemos sido determinantes. La presión ejercida por las asociaciones, capaces de sentarnos para exigir al gobierno este cambio, es lo que ha movido la rectificación».
«Había que rectificar y hacer una defensa jurídica del juez Llarena», recalca Dexeus, porque las manifetsaciones de Llarena están relacionadas con la instrucción de la causa y, por tanto, debe ser protegido.
Además, «había una falta de jurisdicción del juzgado belga antes de valorar el fondo del asunto», añade.
Por su parte, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), el cambio de Moncloa «se aproxima a lo que habíamos solicitado» porque no se trata de una cuestión personal, insiste como el resto de asociaciones.
A Pallarés le parece «muy acertado que el gobierno rectifique y, por tanto, estamos satisfechos», de lo que, además, destaca como positivo que se hayan abierto otras formas de actuar en referencia al consenso entre las asociaciones. Explica, en este sentido, que el que otros profesionales puedan tener diferente opinión y hayan contribuído a que una decisión «que entendíamos equivocada» se haya corregido «es muy positivo en un caso de gran calado como este».
