La noche del 28 de agosto falleció Manuel Miranda Estrampes, Fiscal del Tribunal Constitucional, un jurista notable comprometido con los derechos y libertades de las personas, como pusieron de manifiesto las obras que publicó a lo largo de su vida.
Su compromiso con los valores democráticos ya aparece en la tesis doctoral que defendió en 1995 en la Universidad de Barcelona.
Esta tesis dio lugar al libro que publicara en el año 1997 con el nombre de “La mínima actividad probatoria en el proceso penal”. En él trata, entre otros, el nada pacífico problema en la doctrina procesal penal de la valoración de la prueba, el del alcance de las facultades que la ley confiere al juez para apreciarla en conciencia y el de las exigencias mínimas que debe cumplir la actividad probatoria como presupuesto para enervar la presunción de inocencia, garantía blindada tanto en la Constitución como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El derecho procesal penal en general, la presunción de inocencia y la prueba suficiente para destruirla, fueron los ejes de su actividad investigadora.
En el año 1999 publicó otro libro con un tema complementario a su monografía anterior que llamó “El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal”. En esta obra se enfrentó al problema de la admisión y valoración de la prueba que se ha obtenido ilícitamente, es decir con violación de garantías constitucionales y procesales.
No tiene ninguna duda, de que, en tanto que la presunción de inocencia está consagrada como derecho fundamental, la prohibición de valoración de la prueba ilícitamente obtenida no puede ser sino absoluta.
Conocí a Manuel Miranda hace ya varios años, cuando era profesor de la Escuela Judicial en Barcelona. Más de una vez me invitó a hablar sobre temas que por su actualidad podían ser de interés para el alumnado de esa Escuela que estaba formado por personas que habían superado recientemente sus oposiciones para jueces y fiscales y que, en una fecha próxima, iban a ocupar una plaza. Pude apreciarse notaba en el ambiente, el especial afecto y respeto que tenían por su profesor.
Es que Manuel era antes que nada una persona, una gran persona y detrás de esa gran persona estaba el jurista, un sólido jurista. Por eso, no puede extrañarnos su especial preocupación por los derechos y garantías constitucionales, por los derechos que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar a los ciudadanos.
Vivió uno de sus momentos de especial alegría cuando fue destinado al Tribunal Constitucional. A partir de ahí podría, desde una posición de privilegio, conocer y valorar la compatibilidad de los actos de los poderes del Estado con los derechos y garantías constitucionales.
Nos deja sumidos en una profunda tristeza a todos quienes hemos contado con el privilegio de su amistad. El mundo del Derecho pierde a un gran jurista y los ciudadanos a un garante de los Derechos Humanos.
