La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) abordará, en su reunión del próximo 13 de septiembre, la denuncia presentada por el eurodiputado Enrique Calvet contra el abogado Gonzalo Boyé, letrado de dos de los separatistas fugados a Bruselas, y la petición de amparo presentada por el letrado por las amenazas sufridas a través de Twitter tras conocerse que la versión francesa de las declaraciones del magistrado del Supremo, Pablo Llarena -sobre las que se basa la demanda de los independentistas- habían sido manipuladas.
Los dos asuntos están siendo estudiados por el Departamento de Servicios Jurídicos del ICAM en dos expedientes separados.
Sobre esto influirá, necesariamente, la querella que el Movimiento 24DOS, la asociación de juristas y abogados presidida por el letrado y catedrático de derecho procesal, Nicolás González Cuéllar, presentó ayer ante la Audiencia Nacional por prevaricación, usurpación de funciones y presentación de traducción falsa y/o falsedad documental contra Gonzalo Boyé, la jueza belga, Anne Dessy, y los 5 políticos fugados, Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
Será en esa reunión del 13 de septiembre donde la Junta estudiara las acciones a adoptar en función de las soluciones que presente el Departamento de Servicios Jurídicos.
«De acuerdo con la información facilitada por los medios, las declaraciones realizadas por el Sr magistrado, en las que su colegiado basa la demanda, habrían sido alteradas deliberadamente para intentar facilitar su admisión a trámite por la justicia belga, algo imposible si, como es de esperar, el tribunal se atiene a la literalidad de las declaraciones realmente realizadas por el magistrado», escribe Calvet en la denuncia a la que ha tenido acceso Confilegal.
«Debo señalar, que la ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español – que como es lógico ha asumido la defensa del magistrado demandado – y por tanto, para la circunscripción a la que represento», añade.
Y concluye: «De haberse producido la manipulación indicada, como parece, su colegiado habría incurrido en una infracción muy grave, como se recoge en el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía, pudiendo llegar a aplicarse sanciones disciplinarias que implicarían la suspensión del ejercicio de la abogacía o la expulsión del colegio profesional».
Por su parte, Boye, en su escrito de amparo, pide que se le protege frente a las «amenazas» que afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de periodistas como Cristina Segui, Alfonso Rojo y políticos como Toni Cantó (Ciudadanos) y el propio Calvet.
«¿Cuántos penalistas, fiscales, y/o políticos han explicado a los jueces belgas que el abogado que representa a la organización criminal capitaneada por Puigdemont y que cataloga a España como infrademocrática es @boye _g, terrorista barato concondena cumplida por secuestrador?». «Denuncian al secuestrador @boye_g ante el Colegio de Abogados por falsificar las palabras del Juez Llarena. Daños colaterales de tener piedad con terroristas pagándoles la cartera en la cárcel», informa Boyé al ICAM que escribió Cristina Seguí sobre él.
A Alfonso Rojo le cita diciendo: “El exetarra Boye contra las cuerdas al destaparse que falseó una traducción para acosar al juez Pablo Llarena“.
Toni Cantó describió a Boyé como «Un secuestrador terrorista -al que han pillado haciendo trampas con una traducción-pidiendo amparo», además de otras amenazas más que recoge en su escrito de amparo.
Boyé hace una referencia especial en su escrito a Calvet, del que se queja que ha colgado en Twitter una foto de tres abogados belgas, él y los clientes y la foto de un compañero catalán.
Falta por ver qué posición tomará el decano José María Alonso, que ayer hizo una declaración publica personal de apoyo a la legalidad y al juez Llarena, aunque en ningún momento se refirió a Boyé, y el diputado Juan Gonzalo Ospina, quien ha demostrado en varios artículos su posicionamiento contra la demanda de los 5 políticos fugados.
Boyé ha sido muy criticado por la traducción del español al francés de las declaraciones del magistrado, Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, en las que una frase central cambiaba el sentido de sus palabras.
En aquella ocasión, Llarena manifestó: “No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
La traducción al francés modificó la frase en negrita, “si es que ha sido así”, expresada en condicional, por la de “como en efecto sucedió”, lo que transformó por completo el significado de las manifestaciones del magistrado.
De acuerdo con Boyé, el cambio de la frase en cuestión -de la que podría inferirse una falta de imparcialidad respecto a la investigación a los exmandatarios catalanes- no puede er atribuido en ningún caso a una supuesta manipulación posterior a la traducción al castellano del citado documento procesal.
