‘Caso iDental’: el juez se reúne hoy con las 14 CCAA donde hay pacientes afectados
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‘Caso iDental’: el juez se reúne hoy con las 14 CCAA donde hay pacientes afectados

Para coordinar la custodia de historias clínicas y otros detalles de la macrocausa
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06/9/2018 06:15
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Actualizado: 06/9/2018 00:40
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha convocado para esta mañana a las 10:30 horas una reunión con los responsables de las consejerías de Sanidad, Salud Pública o Consumo de las Comunidades Autónomas con pacientes afectados por el caso de las clínicas iDental, junto al Ministerio de Justicia y la Fiscalía.

Son 14 a excepción de Baleares, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Se trata de un encuentro para coordinar actuaciones en la gestión del macro proceso, que cuenta ya con 200 piezas abiertas por todo el país correspondientes a las diligencias incoadas en juzgados de diferentes provincias.

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha colaborado en la puesta en marcha de una oficina especial para apoyar la gestión de la causa.

Y, aunque se desconoce con exactitud, el número de afectados podría ascender a decenas de miles de personas. El Consejo General de Dentistas se ha personado como acusación popular.

Custodia de las historias clínicas

El objetivo de la reunión es «fijar las directrices de la custodia y tramitación» por parte de las comunidades autónomas de las historias clínicas de los afectados bajo supervisión de la Audiencia Nacional.

Asimismo, se solicitará a los ejecutivos regionales que recopilen y envíen «determinados conjuntos documentales» relacionados con la causa.

Se quiere evitar así llegar a un caos procesal y dar una respuesta coordinada ante situaciones similares a lo que pasó, por ejemplo, en Canarias donde el juzgado de Primera Instancia número dos de Las Palmas de Gran Canaria pidió que por su “indudable interés público” se difundiera que los cerca de 21.000 expedientes de historiales clínico dentales que la policía judicial recogió en el deshaucio a la clínica iDental en esta localidad se encuentran desde el pasado 19 de julio en poder del Servicio Canario de Salud.

Y es que previamente, en un ir y venir de escritos y recursos, el Gobierno Canario alegó que “los guardianes de las historias clínicas son los propios profesionales facultativos, personal sanitario del propio centro privado” y, por extensión el Colegio de Dentistas.

La respuesta del juzgado fue tajante: el Colegio de Dentistas solo podría ser el encargado de custodiar las historias clínicas, «cuando hablemos de dentistas, bien persona física, bien sociedad profesional, pero no en el presente supuesto que estamos en presencia de una empresa mercantil que no tiene relación con el Colegio Profesional”.

Competencia de la Audiencia Nacional

La investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de esta cadena en Andalucía.

Entre abril y junio de este año, sin previo aviso, se cerraron las 24 macroclínicas odontológicas de iDental en toda España dejando a los afectados con tratamientos a medio terminar pero que habían pagado íntegramente por adelantado con un sistema de financiación a través de entidades bancarias y no bancarias.

Se investiga si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

En su auto fechado el pasado mes de julio, el juez De la Mata presagiaba que, debido al tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial y su modelo de negocio, se trata de una investigación compleja que requiere de la participación de Unidades Centrales de Investigación “bajo una lógica y dirección únicas”, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción”.

Como consecuencia, hacía referencia al artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones “que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

La primera semana de agosto el magistrado ordenó el registro de 19 oficinas de iDental en ocho comunidades autónomas, entre ellas su sede principal en Madrid.

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