Tras la reunión mantenida hoy a iniciativa del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, con responsables de las consejerías de Sanidad, Salud Pública o Consumo de las 14 Comunidades Autónomas con pacientes afectados por el caso de las clínicas iDental, se pondrá en marcha un protocolo de actuación por el que las CC.AA facilitarán a los pacientes copia de sus historiales médicos y remitirán copia digitalizada a la Audiencia.
Es el principal acuerdo de este encuentro, el primero de estas características que se celebra en la Audiencia Nacional, y que obedece a la complejidad y la magnitud de esta causa para la que ya hay abiertas 200 piezas con diligencias de investigación en distintas provincias y que podrían llegar a superar el millar.
Asimismo, según las primeras estimaciones, los afectados podrían cifrarse en 400.000. La Comunidad Valenciana y Andalucía son las que concentran mayor número de pacientes víctimas de esta presunta estafa, con 200.000 y 90.000, respectivamente. Le sigue Cataluña con una cifra en torno a 42.000 y Aragón con 12.000 de los que un total de 800 ya habrían presentado queja.
En cualquier caso, según han declarado al término de la reunión los representantes de distintas comunidades autónomas asistentes, se trata de cifras globales de pacientes de iDental en estos territorios, si bien «la magnitud real del problema verá la luz cuando se procesen todos estos historiales médicos».
En la reunión, los representantes del Ministerio de Justicia y la Fiscalía, han informado también de la puesta en marcha de «una oficina específica para este caso» donde se van a centralizar tanto las investigaciones relacionadas con supuestos delitos contra la salud pública y delitos económicos, como la información de los pacientes.
Recomendaciones a los afectados
En la Comunidad Valenciana operaban 5 de las 24 clínicas cerradas y habría alrededor de 200.000 afectados, sobre todo, en las ciudades de Valencia y Alicante. Sin embargo, la Consellería no ha terminado de revisar todos los historiales, pues parte de ellos siguen bajo custodia policial o judicial.
Recomiendan a los afectados dirigirse a las dependencias de Sanidad a pedir su historia médica para así facilitar la clasificación de los damnificados, tal y como ha explicado la directora General de la Alta Inspección Sanitaria en la región, María Victoria Garrido.
Por su parte, el subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud de Andalucía, Blas García, ha explicado que, en su Comunidad, donde se presentó la primera denuncia, la cifra de afectados estaría entre las 80.000 y las 90.000 personas de todas las provincias menos Huelva y Jaén, aunque aún no han tenido acceso a los expedientes médicos de iDental y la cifra puede variar.
La Consejería desplegará puntos de atención en todos los territorios con damnificados y las historias médicas se centralizarán en los hospitales.
En representación de Cataluña, la subdirectora general de Inspección de Asistencia Sanitaria y Farmacéutica de la Generalitat, Aurora Jover ha explicado que en su caso están recopilando los historiales clínicos «para lo más rápidamente posible, entregárselos al juez», al tiempo que se trabaja para facilitar a los afectados la presentación de denuncias y se mantienen conversaciones con las entidades financieras «para que los pacientes puedan terminar sus tratamientos en otros centros».
En Murcia y Aragón la situación es similar, es decir, se trabaja para recopilar la información lo antes posible y remitirla a la Audiencia Nacional.
En el primer caso, se cuentan 22.000 clientes de iDental de los que ya han reclamado entre 600 y 700. En el segundo, el Ejecutivo aragonés ha computado 12.000 pacientes en las clínicas y un total de 800 que ya habrían presentado queja.
Las CC.AA de Baleares, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla no se han visto afectadas.
La opinión de los dentistas
El ‘Caso iDental’ ocupa un buen número de páginas del último número de la revista institucional del Consejo de Dentistas que, en su portada lo califica de «un escándalo sanitario sin precedentes».
También su editorial se refiere al cierre de iDental «como el final de un despropósito que toda la profesión y el Consejo General de Dentistas habían pronosticado con una funesta exactitud».
Desde esta institución opinan que las causas están «cimentadas sobre la impunidad legislativa que han favorecido todos estos atropellos».
Denuncian que actualmente en España, cualquier persona puede abrir una clínica dental y fijar unos objetivos económicos a todo el personal que contrate, incluidos dentistas.
«El Estado y la Unión Europea han instaurado la libre competencia como un aparente medio de proteger los derechos de los consumidores y usuarios, pero ¿ha sido el medio más honesto de proteger a nuestros pacientes? La respuesta la tiene el cómplice mutismo que han mantenido los responsables sanitarios de las Comunidades Autónomas y del Estado hasta hace poco tiempo», añade el presidente del Consejo Óscar Castro y su comité ejecutivo.
En su opinión, la aparición de las multidentales y franquicias han tenido «un efecto disuasorio sobre el justo derecho de la población a reclamar una asistencia dental gratuita y de calidad».
Advierten de que más cadenas corporativas similares cerrarán en el futuro si no se toman las medidas que se llevan años reclamando.
La acción más urgente, dicen, es regular la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional «para evitar que haya anuncios y campañas engañosas que solo buscan mercantilizar la salud».
Y reclaman que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales, de forma que «el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería residir en los profesionales sanitarios, y no en especuladores que solo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible».
El Consejo General de Dentistas se ha personado en la causa como acusación particular.
