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Un Real Decreto Urgente demora la entrada de la Administración electrónica en nuestro país el 2020

La falta de interoperabilidad de las administraciones evita la puesta en marcha de la administración digital
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Desde este martes, un Real Decreto Ley publicado en el BOE regula, entre otras cuestiones, la entrada en vigor de la administración electrónica en nuestro país y el retraso en su implantación de dos años, hasta 2020.

Es el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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La norma modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establecía que el 2 de octubre de 2018 tenían que entrar en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y, también al archivo único electrónico.

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El porqué del retraso es por culpa de una reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, la 55/2018 de 24 de mayo, que consideró que la citada ley incurría en inconstitucionalidad al regular que sólo, de un modo excepcional, las consejerías quedaban habilitadas para adoptar normas reglamentarias.

Por ello, tienen que pulirse algunas aspectos técnicos y de procedimiento, como las notificaciones, los funcionarios habilitados, el registro de apoderamiento o algunos registros generales y los archivos tienen que cumplir una serie de estipulaciones. Con ese fin, son necesarias algunas modificaciones para garantizar la interoperabilidad. De ahí el aplazamiento en su implementación.

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RETRASARÁ EL REGISTRO ELECTRÓNICO ÚNICO

Para José Domingo Gallego, secretario e interventor de un municipio de menos de 5.000 habitantes, “con este aplazamiento se retrasa la puesta en vigor del registro electrónico único que señala la Ley 39/2015, del punto de acceso electrónico general, como nexo de unión del ciudadano con la administración, así como la figura de los habilitados y su registro, funcionarios que podrán firmar en representación de las personas físicas que no tienen capacidad ni medios para relacionarse con la administración electrónica y el archivo electrónico único”.

El retraso de la entrada en vigor podría basarse en que «no está garantizada la interoperabilidad definitiva entre las entidades, cuestión que realmente es importante y es lo que hace que se detenga”.

Por este motivo, hasta esa fecha solo los trámites con Hacienda y la Seguridad Social seguirán siendo electrónicos y obligatorios para ciudadanos y personas jurídicas. Es posible que las elecciones municipales del 2019 «hayan generado dicho aplazamiento mucho mayor del que se pensaba», según señalan algunos expertos.

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Para Gallego “hay que hacer un esfuerzo por trabajar en este escenario tecnológico. Al parecer el Estado podría haberse encontrado desbordado ante las múltiples obligaciones que le venían a nivel tecnológico. Hay que darse cuenta que muchas entidades locales están buscando las herramientas del propio Estado al no tener medios propios a este nivel”.

Y en esta situación, la seguridad jurídica que se buscaba no estaría garantizada.

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Al mismo tiempo, muchas Diputaciones que dan servicio a numerosos pequeños municipios no estaban preparadas para dar ese servicio por lo que también algunas de estas entidades habrían pedido alguna ampliación, como la que se ha hecho”. Para este experto “es un paso atrás, teníamos un plazo generoso para cumplir y ahora con la ampliación se manda un mensaje de relajamiento a todas las entidades implicadas”.

El desarrollo de la administración electrónica, a nivel práctico requiere mucho trabajo tanto autonómico como municipal porque “aquí hay diferentes lenguajes que se deben adaptar y los propios informáticos se han dado cuenta que no es tan sencillo. La interconexión no es tan fácil de un lugar a otro de nuestro país”, señala Gallego.

TIENE QUE SER REFRENDADO POR EL PARLAMENTO

En cuanto a cómo afecta al ciudadano, nuestro experto señala que «es un derecho que tienen a relacionarse electrónicamente que ahora se pospone. Es una limitación al ejercicio de dichos derechos».

Con esta normativa “a quien está obligado la relación online es a las personas jurídicas, abogados  y procuradores. Las personas físicas no están obligadas por el momento».

Este Real Decreto Ley tendrá que ser refrendado por el Parlamento en los próximos treinta días “con lo que, posteriormente, operadores jurídicos e instituciones debemos seguir trabajando por esa modernización, sin tener que esperar hasta el último día del nuevo plazo que se ofrece».

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Para este experto, por debajo de todo lo que se indica “ hay una falta de cultura digital importante en nuestro país. La propia Ley 39/2015 ya indica que el procedimiento quiere ser electrónico, un cambio de paradigma que a muchas entidades y funcionarios les va a costar asumir. Es como lo del papel cero en la Justicia que pese a los esfuerzos de los últimos años, sigue siendo una entelequia”.

Si queremos que exista una interoperabilidad, el papel del Estado como coordinador es muy importante, aclara este profesional. “Es posible que se haya visto desbordado en esa labor de coordinación, porque la geografía municipal es amplia en nuestro país. Ahora habrá que trabajar para llegar a la nueva fecha. El problema es de gestión del cambio, tanto tecnológico como humano”, destaca.

“A nivel local es fundamental contar con las Diputaciones como asistentes para este tipo de situaciones.  Mas del 80% de las entidades locales del país son pequeñas. En este escenario, las Diputaciones deben asumir ese papel y prestar este tipo de servicios de apoyos a nivel tecnológico, sobre todo para el mundo rural, donde es más necesaria la administración electrónica”, señala Domingo Gallego.

NO HABÍA PREPARACIÓN PARA DAR SERVICIO TELEMÁTICO 

Para Jaime Lapaz, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sabadell y presidente de la Comisión Nuevas Tecnologías, por otra parte “está claro que un tema complejo necesita de tiempo y no se estaba preparado para dar el servicio telemático a ciudadanos y personas jurídicas. A este respecto la falta de medios y de funcionarios preparados ha influido en una situación que tendía al fiasco».

Una de las cuestiones que está pendiente de implementar sería el Portal Tecnológico de la Administración General del Estado (PAGE), aún por desarrollar.

“Sería lo lógico ponerlo en marcha y a través del certificado correspondiente, el ciudadano podría hacer los trámites que necesitase las 24 horas del día, pero de momento no se ha puesto en marcha y es necesario”.

El tema de interoperabilidad es algo que los juristas conocen.

Solo en la Administración de Justicia, en lo que a Comunidades Autónomas, hay hasta ocho sistemas procesales informáticos diferentes, lo que impide en muchas ocasiones enviar una demanda de una a otra.

“A nivel tecnológico hubo ya una vacatio legis de tres años, y ahora ya se piden otros dos más. Creo que se podría hacer como hizo el entonces ministro Catalá con LExNET, poner una fecha fija y luego ver como llegamos a ella, pero por el momento no está claro cómo se va a organizar”.

ORGANIZAR LA GESTIÓN DEL CAMBIO

En este tipo de asuntos, Lapaz advierte que es fundamental saber organizar la gestión del cambio para pasar de un entorno papel a otro digital.

“Con Hacienda se ha solucionado, tienes varias opciones, desde el certificado, teléfono móvil, internet o un pin 24 horas para poder acceder y hacer tus gestiones. Pero a nivel de Administración General del Estado no se ha logrado como lo estamos viendo”

Lapaz revela que el problema de la interoperabilidad debe solucionar “que de momento solo hay un sistema operativo que es Windows y los usuarios de Mac estamos huérfanos de Administración de Justicia. Esta obligación de utilizar un solo sistema operativo quizás sería un motivo para que investigara la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Ahora que hay dos años por delante, es posible que se pudiera solventar esta carencia de adaptación a otros sistemas operativos existentes”, añade.

Nuestro interlocutor recuerda que hay municipios en nuestro país como la localidad granadina de Jun que estableció un acceso universal a internet para sus conciudadanos. “En este tipo de situaciones, sabiendo que casi todos los accesos se hacen por móvil, contar con una aplicación ayudaría mucho a gestionar lo que son los derechos tecnológicos del ciudadano en este nuevo entorno digital”, aclara.

Los abogados gracias a su carnet de abogado con certificado ACA tienen acceso a la administración electrónica y a realizar gestiones en nombre de sus clientes en algunas ocasiones

Curiosamente el problema digital que tiene nuestras administraciones, la abogacía institucional lo ha resuelto en los últimos años. Por ejemplo, Redabogacía para diseñar diferentes aplicaciones y herramientas tecnológicas. Las gestiones del Turno de Oficio que se hacen a través del programa SIGA creado para este fin. “Se utiliza cada vez menos papel”.

Y recuerda que en “Sabadell fuimos pioneros en crear una app móvil para gestionar la asistencia a los detenidos del Turno de Oficio, bajo la coordinación de Carmen Pérez Andújar, consejera y vicesecretariade Medios Materiales y Tecnológicos del CGAE . Los abogados, además, tienen su carnet con certificado ACA  que facilita entrar en la administración electrónica y realizar gestiones por vía digital ante Hacienda, Registro Mercantil o Catastro , entre otras entidades”.