El Ministerio que dirige Dolores Delgado inicia un proyecto para elaborar un plan de calidad que permita mejorar la gestión administrativa de todas las oficinas judiciales del ‘territorio Justicia’. En total, son 27 sedes judiciales.
Según explica su responsable, Sofia Duarte, directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos se va a implantar un sistema de gestión en toda la organización judicial «en el que la calidad esté integrada en todos y cada uno de los procesos, procedimientos o actividades que se desarrollan».
Duarte ya tiene calendarizado un plan de trabajo para implantar programas de calidad en relación a los sistemas de atención y respuesta a las quejas y sugerencias de los usuarios, cartas de servicios, análisis de la demanda y satisfacción de la ciudadanía, y autoevaluaciones conforme a modelos de excelencia, entre otros
La idea es hacerlo de manera escalable, es decir, adaptable a la realidad de cada oficina judicial concreta.
Orientado a resultados
Este sistema se centrará en dos elementos motrices: la orientación a resultados y a la mejora continua.
Al aplicar los criterios de calidad con un enfoque flexible, será la realidad de cada oficina judicial la que determine la progresiva introducción de instrumentos que reorienten el modelo de gestión con el que están funcionando hacia otro mejorado.
“El objetivo es, en definitiva, implantar la cultura de la mejora continua en la gestión administrativa de las oficinas judiciales mediante la implantación y desarrollo progresivo de diferentes programas que posibiliten este cambio cultural”, señala Duarte.
Reuniones sectoriales y auditorías
En su comparecencia parlamentaria del pasado 11 de julio, la ministra Delgado defendió la necesidad de “realizar una especie de auditoría o radiografía integral de la Justicia”, para lo que consideró “indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno” y todos los operadores jurídicos.
De ahí que la primera fase del plan de calidad arranque la próxima semana con un amplio calendario de reuniones sectoriales entre miembros de los distintos centros directivos integrados en la Secretaría General de la Administración de Justicia y representantes de las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, de las organizaciones sindicales y otros colectivos implicados.
Estos encuentros servirán para poner en marcha una serie de grupos de trabajo que se encarguen de analizar y evaluar el proceso de transformación de las oficinas judiciales y fiscales o el estado de implantación del expediente digital electrónico, entre otros aspectos.
De manera paralela a los grupos de trabajo, miembros de la Dirección General de Modernización visitarán en las próximas semanas las sedes judiciales del ‘territorio Justicia’ para recabar aquellas especificidades de cada una que deben ser tenidas en cuenta en el momento de aplicar los planes de calidad acordados.
Segunda y tercera fase
A partir de marzo de 2019 se iniciará una segunda fase en la que se aplicará el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) diseñado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Es un modelo de excelencia para organizaciones que inician su proceso hacia la gestión de calidad. Además, sirve como herramienta de diagnóstico de la situación base de la organización y proporciona recomendaciones y orientaciones prácticas para su mejora.
La tercera fase consistirá en la elaboración de un mapa de procesos administrativos de las oficinas judiciales, para a continuación implantar sistemas de medición de la actividad para la obtención de diversos tipos de indicadores que permitan conocer los resultados de la organización.
El proceso de implantación de la gestión de calidad culminará con la certificación del nivel de excelencia que, aunque no es el objetivo final, según señala el Ministerio, «sí permitirá reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por la organización para mejorar sus servicios a los ciudadanos».
Este modelo ya se ha desarrollado en otras organizaciones públicas como las delegaciones y subdelegaciones de Defensa; todas las direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social; la Intervención y la Tesorería General de la Seguridad Social, así como numerosas diputaciones provinciales, ayuntamientos y otros organismos dependientes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas.
