La reforma del Reglamento contempla que el ocupante de la Fiscalía General del Estado, cuando termine su mandato, se convierta en fiscal de Sala del Supremo, en vez de tener que volver a su destino precedente.
El dilema de la Fiscalía General del Estado para el nuevo curso
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09/9/2018 00:15
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Actualizado: 08/11/2018 18:09
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Mañana lunes se celebrará la ceremonia de apertura del Año Judicial presidida por SM el rey. Es el tercer año de Felipe VI y también el tercer acto solemne en que no solo el poder judicial estará con todos los sentidos agudizados y pendientes del contenido de las intervenciones de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y de María José Segarra, fiscal General del Estado.
Y es que en lo que supone el inicio de Curso de otro otoño caliente, la cuestión independentista no es que vuelva a estar sobre la mesa, es que no se ha ido en estos tres últimos años.
En esta temporada, lo que se vislumbra a corto plazo es el señalamiento de la fecha para el inicio del juicio del ‘Caso procès’ contra los 18 procesados que se encuentran a disposición de la Justicia española, una vez cerrada la instrucción por parte del magistrado Pablo Llarena.
La intención de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sería empezar el juicio a finales de diciembre, una vez que la Sala del 61, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazara por unanimidad tener en cuenta las recusaciones contra los 5 magistrados que compondrán este tribunal presentadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, y Clara Ponsatí; la expresidenta del Parlamento autonómico catalán Carme Forcadell; y los que exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Con esta resolución, se acaba desde el plano judicial con otro intento de dilatar la llegada del juicio a base de «fraudes procesales», como señala en su escrito la Fiscalía en referencia a las recusaciones que califican también de «atentado a la buena fe de impugnar la imparcialidad objetiva de un Tribunal cuya jurisdicción no se reconoce» por parte de los 5 huidos de la Justicia española.
En paralelo, sigue viva la demanda contra el magistrado Llarena presentada por los fugados ante un tribunal belga y que partiría de unas declaraciones supuestamente falseadas.
El juez pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Permanente acordó otorgárselo.
Lo siguiente es más que conocido. El Gobierno sale al paso desde lo que las 5 asociaciones de jueces y fiscales firmantes del primer comunicado conjunto señalan «un desconocimiento absoluto de los trámites procesales de la Justicia belga».
Este episodio ha costado al Ejecutivo su primera crisis institucional con rectificación incluida ordenada desde Moncloa a cuenta de haber hecho una diferenciación entre el juez y el ciudadano Llarena a la hora de defender la soberanía española.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), representada en el Ministerio de Justicia por la titular del departamento, Dolores Delgado, y por su segundo, Manuel Dolz, y en la Fiscalía General del Estado, por la propia María José Segarra, no se adhirió de primeras al comunicado inicial. Dejó pasar casi un día hasta reaccionar afirmando que es «aboslutamente inaudible, así como completamente improcedente, el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones».
La Fiscalía tiene el reto de mantener las acusaciones o no
En este escenario político totalmente judicializado, y a la vista de que el juicio llega de manera ya ineludible, la demanda principal del independentismo es que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, inste a la Fiscalía general del Estado a reducir o retirar las acusaciones a los procesados.
Se les acusa de rebelión, sedición y malversación.
Todo un reto para María José Segarra que desde que llegó a la Fiscalía ha ido dejando claro en su política de gestos su firme compromiso con la autonomía funcional del Ministerio Público.
Ahora bien, en la cuestión de Cataluña, mantener la dirección de la nave hacia esa autonomía o ceder a las presiones de los separatistas se presenta como un dilema nada fácil de resolver.
La fiscal General del Estado querrá mantener esa lucha pero también sabe que alejarse de lo que en un momento dado pueda resultar «aceptable» para el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, la separa de su compañera en la Carrera Fiscal y en la UPF, Dolores Delgado.
Un dilema que va a marcar, sin duda, un antes y un después en este otoño caliente porque al igual que hace pocos días conocíamos que la Fiscalía General del Estado tendrá su propia cabecera en el BOE, ¿será capaz de mantener también esta autonomía con respecto al Gobierno?
Otro dato más. Cabe la posibilidad de que su antecesora en el cargo entre enero de 2015 y noviembre de 2016, Consuelo Madrigal y el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza durante 11 años, sean los representantes de la Fiscalía en el juicio. Ambos mantienen la línea marcada en la causa por el fallecido José Manuel Maza.
Además, reducir la calificación no solo sería acceder a las peticiones de los independentistas en una contaminación entre poderes, sino que le daría la batuta a una formación política como VOX que mantendrá su acusación pase lo que pase.
Otra perversión más de todo este disloque que como conclusión del silogismo nos da el empoderamiento de pensamientos extremos en uno u otro sentido.
Queda inaugurado el Año Judicial.
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