Se retoman hoy las declaraciones que darán por concluida la instrucción del ‘Caso Alvia’

Andrés Lago Louro, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela que instruye el ‘Caso Alvia’, retoma hoy miércoles las declaraciones tras la dimisión la pasada semana del hasta ahora director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, la primera desde que se produjo el accidente en julio de 2013.

Son siete las personas investigadas por posible responsabilidad penal: el maquinista, que circulaba con un exceso de velocidad al tener que atender una llamada del interventor, dos altos cargos de Adif, Lanchares y tres técnicos de la consultora pública Ineco. Estos seis por un eventual análisis de riesgos deficiente.

A las 9:00 horas será el turno del segundo cargo de Adif investigado en la causa junto a Andrés Cortabitarte, el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón Sartal imputado a comienzos del mes de febrero.

Con esta citación el juez quiere «esclarecer algunos de los defectos que, en lo que se refiere a la gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea, justificaron en su día la imputación del señor Cortabitarte». No ve «descartable» que «buena parte de los reproches que justificaron la imputación» de Cortabitarte «puedan ser extensivos» a Rebón.

Ya a las 10:00 horas y en calidad de testigo, deberá comparecer uno de los técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) de Thales y Dimetronic, la que suministró la tecnología de seguridad de la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro que ocasionó 80 muertos y 144 heridos.

El 13 de septiembre, jueves, y ya en calidad de peritos, acudirán a los juzgados Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo Holgado como responsables de realizar peritajes para el abogado del maquinista centrados en temas de señalización y en cuestiones de factores humanos.

El viernes 14 de septiembre, a las 9:00 horas está citado el ingeniero Antonio Puyol y a las 10:00 horas Esther Mateo, directora técnica de Adif desde julio de 2016. Ambos tendrán que explicar cómo se llevó a cabo la evaluación de riesgos para determinar si hubo deficiencias en su realización teniendo en cuenta los documentos que aportó el propio administrador de infraestructuras ferroviarias para defender su actuación en la línea de Angrois.

Una instrucción reabierta

Dos años después de que se produjera el accidente, el juez Lago Louro cerró la instrucción en octubre de 2015 con el conductor Francisco José Garzón Amo como único imputado. Se le atribuyen 80 delitos de homicidio por «imprudencia grave profesional» y 144 de lesiones.

Tras los diferentes recursos de apelación interpuestos por las víctimas y el maquinista contra el auto que puso fin a la instrucción del ‘Caso Alvia’, en mayo de 2016 la Sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, corrigió al juez y le ordenó que se siguiera investigando.

La Sala acordó retrotraer la causa a la fase de diligencias previas, y ordenaba al juez practicar «la ratificación y aclaración» de dos informes periciales sobre las evaluaciones de riesgo.

En concreto, sobre la necesidad normativa y técnica de «una evaluación integral del riesgo de la línea 082 que tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva de A Grandeira donde se produjo el accidente», así como «la corrección de la exportación de riesgos al maquinista o Renfe en los términos en que fue efectuada».

El plazo para cerrar la investigación se cumple el próximo mes de diciembre después de que a finales de mayo de 2017, el fiscal jefe de Santiago solicitara una prórroga de 18 meses por la «probable» ampliación de la causa, con «numerosas» diligencias solicitadas «además de nuevos encartados».

Lago hizo suyo este planteamiento en referencia a la imputación de Andrés Cortabitarte. En ese momento, aún no se sabía si iba a ser estimado el recurso de apelación interpuesto contra el auto por el que se imputaba a quien fuera director de seguridad en la circulación de Adif.  «En función de ello, también habrá de variar el contenido de la resolución por la que se decida qué diligencias han de practicarse de entre las múltiples propuestas por las partes», señalaba el instructor.

Hay que tener en cuenta que la primera etapa de la instrucción estuvo a cargo del juez Luis Aláez que imputó hasta en dos ocasiones a 12 exaltos cargos de Adif. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña estimó el recurso presentado y levantó las imputaciones.

La dimisión de Lanchares

La pasada semana el Ministerio de Fomento aceptó la dimisión como director de Seguridad en la Circulación de Renfe de Antonio Lanchares, después de que las víctimas de Angrois reclamasen al ministro, José Luis Ábalos, en un encuentro personal la dimisión de cargos imputados en el caso.

Lanchares ya había presentado en octubre de 2017 su dimisión tras conocer que el juez que investiga la causa lo cita como investigado, si bien Renfe frenó la decisión del director de Seguridad en la Circulación de la empresa pública.

En sede judicial Lanchares aseguró que su «sensación» era que los maquinistas consideraban que el salto de velocidad que se producía en la curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente del tren Alvia y había que reducir de 200 a 80 kilómetros por hora, era «normal entre comillas».

El juez Andrés Lago lo llamó a declarar en calidad de investigado después de que Cortabitarte declarara que la responsabilidad de evaluar los riesgos era «compartida» entre el administrador de infraestructuras y la operadora ferroviaria, es decir, Adif y Renfe.

Antonio Lanchares era director de seguridad en la circulación de Renfe en el momento de la inauguración de la línea Ourense-Santiago, y también ocupaba este mismo puesto en la operadora ferroviaria cuando se autorizó la desconexión del sistema de control de la velocidad ‘ERTMS’.

Lanchares fue quien solicitó la desconexión y fue autorizada el mismo día por Cortabitarte, una medida que se preveía temporal pero que a la postre se mantuvo y estaba vigente en el momento del accidente, y para la que no consta que se realizase una evaluación de riesgos.

Las víctimas exigen también la dimisión de Cortabitarte, reubicado en un puesto de libre designación en 2017 en una subdirección de nueva creación.