La tradición dicta que todo gobierno debe contar con cien días de gracia desde su toma de posesión. Su origen es dudoso. Hay quien lo atribuye a Napoleón, que reconstruyó su escuadra y recuperó el gobierno en ese corto período. Pero más bien se considera que fue Roosevelt quien acuño esa expresión, en un sentido muy diferente al que hoy se contempla en la mayoría de las naciones.
El que fuera gran presidente norteamericano desarrolló en sus primeros cien días de gobierno el primero de su dos célebres New Deals, orientados a operar reformas urgentes para enfrentar el crac del 29, con sus pavorosos efectos en la sociedad y la economía estadounidenses. Ese tratamiento de choque se traduciría en la inmediata programación de un ambicioso paquete de reformas legislativas en muy diferentes ámbitos, el financiero, el asistencial, el laboral o el agropecuario, así como en fuertes inversiones en los sectores productivos. Ese colosal esfuerzo, y sobre todo su rápida puesta en práctica, pasaría a la posteridad y convertiría a los cien días en un tiempo a tener en cuenta para valorar la predisposición inicial de los gobiernos en su función ejecutiva.
A diferencia de los Estados Unidos, en que los cien días siguen considerándose el plazo para trazar las prioridades gubernamentales y el plan normativo, en España se entienden como una simple tregua obligada al nuevo presidente y su equipo, una especie concesión de carácter simbólico que no está prevista en ningún lugar, pero que la venimos acatando como unos papanatas desde la restauración democrática.
Esta peculiar óptica nuestra de los cien días debiera retornar sin duda a su genuino origen histórico. No parece de recibo que dejemos de examinar lo que un nuevo gobierno hace en ese lapso, por breve que sea, y no solamente porque hay asuntos inaplazables que no lo permiten, sino porque en democracia no pueden existir espacios temporales exentos al control político del poder.
Si así lo hiciéramos, y observásemos con detalle estos primeros cien días del gobierno salido de la moción de censura, dudo que advirtiéramos programas de reformas legislativas como las de Roosevelt. Más bien se ha podido contemplar el abuso de fórmulas normativas en las que el Parlamento no cuenta con sus plenas capacidades -como los Decretos Leyes-; la proliferación de comisiones consultivas para diluir el ejercicio del poder y sobre todo la responsabilidad que conlleva; o, en fin, una pirotecnia en todo lo demás, como atinadamente ha razonado hace poco un sabio constitucionalista asturiano.
Con todo, lo importante es destacar que detrás de esto no tengo claro que exista más que pura coyuntura sin proyecto, un presentismo que liga a diario sucesos y eventos como el surfista hace con las olas de Tapia o Zarauz. Nada que ver con las quince leyes que a Roosevelt le dio tiempo a promulgar en apenas cien días para combatir la gran depresión, por supuesto.
