La Sección Procesal de la Comisión General de Codificación integrada por 19 miembros incluido su presidente, el jurista Juan Luis Gómez Colomer, tiene la orden de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de estudiar “la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables”.
La fecha tope para la entrega del estudio, el próximo 30 de noviembre.
La titular de Justicia firmó ayer viernes la orden con la que se pone en marcha el anuncio que realizó el pasado miércoles en el Congreso sobre la reducción del “excesivo” número de aforados, pero manteniendo el ‘principio de inmunidad’ para diputados y senadores.
Esto es, que en caso de una investigación judicial, el juez de Instrucción pediría directamente el suplicatorio al Congreso o al Senado en vez de ser el Tribunal Supremo quien conociera del asunto.
La orden de la ministra Delgado recuerda que “el Ministerio de Justicia considera precisa una reforma del actual régimen de los aforamientos con el fin de reducir el número de aforados y de racionalizar su regulación para limitarlo a los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo que se beneficia de esta excepcionalidad procesal”.
Precisamente, la definición de aforado ya lleva implícito ese “privilegio procesal” de distinto rango ya que por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser investigado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.
La razón principal de que exista esta figura es evitar injerencias de un poder en otro, o lo que es lo mismo que un tribunal ordinario no reciba presiones políticas cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.
En España, hay más de 16.000 aforados regulados por la Constitución, leyes ordinarias y autonómicas.
