Sí está tasado lo que va nos va costar la próxima exhumación de los restos de Franco aprobada por Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto.
Pero lo que ni siquiera el Gobierno sabe a cuánto puede ascender realizar las identificaciones y exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil que aún están en cunetas, fosas comunes o en el propio Valle de los Caídos.
Y es que, aunque hay una dotación presupuestaria para desarrollar las medidas que recoge el proyecto de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica en el que trabaja el Ejecutivo de Sánchez, la única relación de fallecidos aún sin nombre es el catálogo que hizo en su día el exmagistrado Baltasar Garzón.
Según las cifras recogidas en esta catalogación, estaríamos hablando de 113.000 personas aproximadamente.
Por tanto, parece que queda mucha tarea pendiente de objetivar cuando se habla de que las exhumaciones serán una política pública y no como hasta ahora a iniciativa de familiares apoyados en ONG o asociaciones particulares sin financiación alguna.
Conocer estos datos va mucho más allá de unos números fríos sobre papel.
«Acabemos ya con esto porque España es un gran país y nos merecemos superar el pasado», decía anoche el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández en una mesa redonda celebrada en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) .
Si se sabe el número de asesinados, si se conoce dónde están, se podría hacer un cálculo de su recuperación y de su identificación. Es fundamental para cerrar dignamente el capítulo de la Guerra Civil y conseguir la paz social.
Y no es lo único en lo que tendrá que emplearse a fondo el Ejecutivo porque 80 años del final de la Guerra Civil y más de 40 de la muerte de Franco es mucho o poco tiempo, según sea el análisis.
Sacar sus restos del Valle de los Caídos, por ejemplo, parece lógico. Ningún país en Europa tiene un monumento funerario de loa a un dictador pero ¿era de una necesidad extrema y urgente que justifique su aprobación por un Real Decreto Ley?
Estas y otras cuestiones ocuparon el debate en el ICAM en la que también participaron los letrados Enrique Garza Grau y Miguel Ángel Muga Muñoz y la periodista de 13 TV Esther Jaén.
Sobre la denominada Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de Zapatero, diferentes perspectivas para coincidir todos en que no ha contentado a nadie. Ni un solo buen adjetivo para calificar el texto que ahora se proyecta modificar.
Para Garza Grau, es innecesaria en un Estado de Derecho consolidado como el nuestro.

«Pero si aunque inncesaria, fuera justa…». En su opinión, este texto legislativo no pasa por lo que manifestó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 120/90 en cuanto a que existen dos dimensiones de la libertad ideológica: lo que pensamos y la forma de pensarlo.
«El respeto a estas dos dimensiones es lo que nos hace diferentes» y no una ley que en su artículo 2 «vulnera el artículo 20 de la Constitución» porque tiene en cuenta solo a las víctimas de un lado, existe solo verdad ex lege y la Justicia es sectaria», señaló
Tenemos una ley que «viola el derecho internacional penal, los derechos humanos y, por supuesto, los de las víctimas y sus familias a saber y a la verdad», decía Muga Muñoz que identifica el error ya en el preámbulo cuando se refiere al «espíritu de reconciliación y concordia de la transición».

En una ley que «solo ha reconocido la legalidad franquista», se preguntaba, además, «¿qué derecho tenemos que aplicar para evitar la impunidad?».
De «mucho ruido y pocas nueces» resumió el texto el magistrado de lo Penal, Rodríguez Fernández después de hacer un repaso por sus principales hitos en estos años donde lo más llamativo «ha sido el cambio en el nombre de algunas calles». Pidió que en el nuevo texto «no se incluya una única visión de la Historia y tampoco una Comisión de la Verdad porque no es necesaria».

Desde la praxis política, Esther Jaén dijo que «es innecesario derogar le Ley de Memoria Histórica porque basta con que no haya voluntad política ni presupuesto para desarrollarla». Por eso, «lo sensato es no convertir este debate sobre qué hacer con Franco y el Valle de los Caídos en el leiv motiv del partido en el Gobierno u Oposición».
