Cristina Dexeus: «Hablar de indultos cuando no hay escrito de acusación y no se ha celebrado el juicio es irresponsable y fuera de lugar»
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, en el interior de la Fiscalía General del Estado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Cristina Dexeus: «Hablar de indultos cuando no hay escrito de acusación y no se ha celebrado el juicio es irresponsable y fuera de lugar»

Es presidenta de la Asociación de Fiscales
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24/9/2018 06:15
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Actualizado: 23/9/2018 19:16
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Las intervenciones públicas de la delegada del Gobierno socialista en Cataluña, Teresa Cunillera, el sábado por la tarde en Catalunya Ràdio, y el domingo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, provocaron un fuerte malestar en los mundos judicial y fiscal. Cunillera confesó estar a favor de indultar a los separatistas presos.

Y Calvo abogó por ponerlos en libertad si se demoraba la celebración del juicio.

Una de estas personas que han expresado ese malestar es Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en número de afiliados, y exvocal del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Cunillera y de Calvo?

Hablar de indultos, cuando no hay escrito de acusación y no se ha celebrado el juicio, me parece irresponsable, kafkiano y fuera de lugar. Primero hay que ver qué ocurre en el juicio y por qué se les condena. Sus declaraciones son irresponsables.

El indulto es una decisión gubernamental, estrictamente, pero también es verdad que se debe de dar bajo una serie de parámetros y criterios.

Y el primero de ellos es el arrepentimiento de los condenados. Hay que recorrer un camino muy largo para llegar a ese extremo.

Los políticos debieran hablar de política y no intentar influir -o presionar- sobre las decisiones que deben adoptar los fiscales y los jueces que llevan un asunto como el del «procés», o cualquier otro caso.

Los parámetros de la política no son los parámetros de la justicia.

Nosotros los fiscales nos basamos en criterios de legalidad. Sobre esos parámetros trabajan los compañeros que llevan el caso. Han de dejar de presionar y dejar trabajar a los compañeros para que hagan su trabajo adecuadamente conforme a los criterios de libertad, legalidad y de imparcialidad.

Varios juristas nos comentaban ayer que podían ser consideradas como coacciones al poder judicial y a la Fiscalía…

Son opiniones que se lanzan por parte de los políticos. Pero pueden malinterpretarse. Se intenta presionar en el poder judicial para que se adopten decisiones que puedan convenir a efectos políticos pero no son las que deberían corresponderse con los principios del derecho.

Por tanto, considero que deberían ser más respetuosos a la hora de hacer manifestaciones de este tipo.

Hay una campaña orquestada desde el separatismo catalán para desacreditar al Poder Judicial y a la Fiscalía

Una de las sospechas que flotan desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia de Gobierno es que había pactado con los indepentistas de ERC y del PdeCat (antes Convergencia Democrática de Cataluña) -quienes le dieron sus votos- para que influyera en la causa del «procés» en el Supremo. Joan Tardá, diputado de ERC, puso como condición a Sánchez que ordenara a la Fiscalía que retirara la acusación de rebelión si quería su apoyo para aprobar los presupuestos. ¿Cuál es su opinión?

Hay varias vertientes. Una, la más obvia, es la política de confusión que llevan a cabo muchos políticos independentistas acerca de la separación de poderes. De una forma muy interesada, intentan devaluar las instrucciones del Estado democrático español y crear el estado de opinión entre la ciudadanía de que el Gobierno es quien maneja el poder judicial, a la Fiscalía, a los fiscales y a los jueces.

Por lo tanto, puede dar una orden al fiscal general del Estado para que haga lo que el Gobierno considera que debe de hacer. Lo cual es imposible, desde el punto de vista legal, y además indeseable. Pero es que no hay capacidad legal para que el Gobierno haga eso.

Por otro lado, sirve para tener contra las cuerdas al presidente del Gobierno actual.

¿Cree usted, por lo tanto, que hay una campaña orquestada desde el separatismo catalán…

… para poner en tela de juicio al poder judicial y a la Fiscalía? Sí. Hay una campaña orquestada desde el separatismo catalán para desacreditar al Poder Judicial y a la Fiscalía. Es evidente.

No me parecer casual que, de pronto, se ponga en duda cada decisión que tomamos, por parte de la Fiscalía. O que se hagan esas manifestaciones tan descaradas, poniendo en mal lugar a la fiscalía o enfatizando la ausencia de imparcialidad en nuestro trabajo.

Estamos pendientes del juicio por el «procés» y es una batalla obvia que se está librando aquí en Cataluña. El objetivo de esta campaña es el desprestigio absoluto de jueces y fiscales.

De acuerdo con nuestras fuentes, los abogados que representan a los políticos separatistas encarcelados están aplicando una estrategia para alargar lo más posible la celebración del juicio. Para que no se celebre en las próximas semanas… 

Bueno, sí, esas son técnicas que conocemos. En ocasiones se aplican para dilatar el procedimiento con el fin de alejarlo del momento de los hechos, para que carezca de menos sentido una sentencia que cae pasados unos años, que si cae pasados unos meses. También para poner en entredicho o complicar más la situación de prisión provisional de los procesados.

La vicepresidenta del Gobierno afirmó ayer que ‘Si el juicio a los separatistas tarda, no sería lógico alargar la prisión preventiva’. ¿Por qué cree que no hacen un ejercicio de transparencia y divulgación y cuentan que en este tipo de delitos el periodo máximo de prisión preventiva es de dos años, prorrogable otros dos, hasta un máximo de cuatro? ¿Y por qué que no explican que si el juicio se demora por culpa de los recursos de sus abogados, lo lógico no sería soltarlos por ese retraso provocado por ellos (para que puedan fugarse) sino mantenerlos en prisión?

Efectivamente. En ocasiones no interesa decir las cosas con absoluta claridad. Es cierto que se pueden mantener hasta cuatro años en prisión preventiva. Mucho se tendría que alargar ese juicio para que se complicara la situación de prisión de los encarcelados.

Una de dos, o hay un desconocimiento que debería de subsanarse o es un globo sonda que se lanza para conocer lo que piensa la gente.

¿Qué opina usted de que se ponga en tela juicio la trayectoria de determinados compañeros fiscales?

No me gusta que se hable mal de compañeros que están en los lugares que están por el valor profesional que tienen y por desempeñar bien su trabajo a lo largo de una trayectoria impecable. Me molesta mucho que se critique a personas como Luis Navajas, Guillermo García Panasco, José Javier Polo e Isabel Martín, que se les tache rápidamente de malos profesionales… No se sabe por qué. Quizá por pertenecer, algunos de ellos, a una asociación, o por lo que sea, me parece lamentable.

Estas personas están donde están por méritos propios.

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