Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, cuya información ha sido vital para la articulación de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, pide al Ministerio de Hacienda que sus peritos determinen cuánto gastó la Generalitat de Cataluña en la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y de qué partidas salió el dinero.
El magistrado requiere al Ministerio que sus técnicos elaboren un informe determinando las cuantías a partir de la documentación que recabaron de la Generalitat cuando el Gobierno central ordenó el control de las cuentas y del gasto correspondiente a 2017 y 2018, según el auto dictado el pasado 13 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press.
Ramírez Sunyer se refiere en su auto a la orden ministerial publicada el 16 de septiembre del año pasado por el entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que intervino las cuentas de la Generalitat estableciendo mecanismos de supervisión y control de gasto para «evitar», conforme decía el texto, que se financiasen «actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente» con fondos procedentes de las arcas del Estado.
En cumplimiento de esa orden, cuya vigencia se prolongó hasta poco después de que Pedro Sánchez llegase a la presidencia del Gobierno, la Generalitat debía acreditar ante el Gobierno cada partida de gasto con sus correspondientes recibos y contar con su autorización para retirar fondos de entidades bancarias, una documentación con la que ahora, el juez espera que los peritos de Hacienda puedan hacer su informe.
COSTE DEL USO DE INSTALACIONES PÚBLICAS EL 1-O
El magistrado insta, además, a que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA) presente otro informe pericial que establezca cuánto costó el uso de las instalaciones públicas para la celebración del referéndum.
Este juzgado investiga todo lo relacionado con la consulta declarada inconstitucional persiguiendo, entre otros, posibles delitos de malversación de caudales públicos, para lo que indaga sobre cualquier tipo de gasto que generase la organización y celebración del referéndum.
Las pesquisas abarcan desde el diseño y el funcionamiento de la web referendum.cat hasta el reparto de notificaciones para participar en las mesas electorales, pasando por los carteles y los dípticos de propaganda o el uso de edificios públicos, como los colegios, el pasado 1 de octubre.
MÁS DE 4,7 MILLONES ACREDITADOS ANTE EL SUPREMO
En paralelo, el Tribunal Supremo, donde se investiga a los líderes del ‘procés’ que tienen condición de aforados, ha venido recibiendo informes de la Guardia Civil en relación a los gastos que la Generalitat habría generado para llevar adelante su plan soberanista, que habría costado, según estas estimaciones, más de 4,7 millones de euros.
Entre estos informes consta uno elaborado por SEGIPSA similar al que ahora reclama el Juzgado número 13, ya que a petición del magistrado Pablo Llarena elaboró una «estimación del valor de uso por arrendamiento de los inmuebles cedidos o habilitados por diversos órganos administrativos para la materialización del proceso de votación» y concluyó que el gobierno autonómico que presidió Carles Puigdemont se habría gastado 900.906,70 euros en habilitar los 2.259 centros usados para el referéndum.
Constan asimismo en estos informes policiales partidas variopintas, como 1,3 millones de euros que se emplearon en rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el ‘call center’ del 1-O.
También figuran adjudicaciones de Vicepresidencia y las consejerías de Presidencia, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Salud, Cutura y el Diplocat para propaganda del 1-O, reparto de cartas certificadas de cara a la votación o servicios de observadores internacionales, entre otras partidas. EP.
