La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha rechazado el recurso gubernativo presentado ante el Decanato por el abogado de varios imputados por el 1-O contra el reparto de la causa en el Juzgado de Instrucción número 13 de la ciudad.
«Por inadecuación de procedimiento», señala la juez decana.
Además, ha descartado revisar de oficio el reparto, porque recayó de forma «aleatoria», con un sistema informático ejecutado por la Generalitat.
Por su parte, la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona ha lanzado un comunicado en el que lamenta los «juicios de valor falsos» difundidos sobre el juez que instruyó la causa del 1-O en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido el pasado noviembre, y ha destacado que fue «un ejemplo de honestidad, compromiso con su función y profesionalidad».
El pasado 8 de enero, el abogado de varios investigados por su presunta implicación en los preparativos del 1-O, Ramon Setó, presentó un incidente de nulidad en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el que reclamaba anular la causa. También presentó un escrito similar ante el Decanato.
Este letrado alega que se produjo una «clara irregularidad» al repartirse la querella que presentó el 27 de enero de 2017 el abogado Miguel Durán en el Registro general de guardia contra el exsenador de ERC Santi Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, una partida secreta para crear estructuras de Estado y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.
Según Ramón Setó, la causa no podía ir a parar a un juzgado que salía o entraba de guardia, como era el caso del 13, por lo que cree que se vulneraron las normas de reparto.
Considera que se escogió este juzgado por la «ideología» del juez Ramírez Sunyer y «su obsesión por la situación» de Cataluña y España.
La juez decana de Barcelona explica que en 2010 las normas de reparto establecían que «no se turnarán al Juzgado entrante ni al saliente de guardia asuntos propiamente dichos», pero en julio del mismo año la Junta de Jueces derogó este precepto, y en septiembre la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) ratificó la decisión.
Señala que en el momento de interposición de la denuncia del caso estaban vigentes las normas de reparto de 2016, en las que «no aparecía ya en absoluto la referencia a la norma de exoneración de los Juzgados de guardia entrantes y salientes».
Mercè Caso destaca que el reparto se hizo de forma aleatoria de acuerdo con las normas vigentes y que se trata de un «sistema informático ejecutado por los servicios técnicos del Departamento de Justicia de la Generalitat».
Y dice que el abogado impugnante pidió certificación de actos de la Sala de Gobierno del TSJCat, «en vez de pedir las normas de reparto«, por lo que concluye que no hubo ocultación al ser inadecuada la petición del letrado.
LA JUNTA DE JUECES DE INSTRUCCIÓN CRITICA QUE LA MAGISTRADA MARIA JOSÉ FELIU CUESTIONARA EL REPARTO DE LA CAUSA
También se han pronunciado hoy sobre este asunto la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona, que ha recordado la modificación en las normas de reparto de 2010 y ha lamentado «los juicios de valor falsos vertidos» sobre el difunto juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, el primer instructor del caso, al que ha calificado de ejemplo de honestidad, compromiso y profesionalidad.
«Actuó en todo momento con elevados valores éticos y pleno respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y se mantuvo activo hasta el momento de su fallecimiento instruyendo la totalidad de las causas del Juzgado de Instrucción 13″, ha subrayado.
La Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona también ha criticado en su comunicado las declaraciones de la magistrada con destino en la Audiencia de Barcelona y exdecana de Barcelona Maria Josep Feliu, en las que cuestionaba el reparto, a pesar de que presidió la Junta que en julio de 2010 suprimió la antigua norma de reparto.
«Es lamentable que una magistrada en ejercicio realice este tipo de manifestaciones que causan grave descrédito a la Administración de Justicia», sentencia.
