Es un hecho. La instrucción realizada por el desaparecido magistrado titular del Juzgado de Instrucción 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, es la base de los procesamientos de los 18 acusados en la causa del «procés», que a partir del próximo mes de enero van a ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.
Y también es la base de las acusaciones contra los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra en el caso que contra 4 personas se sigue en la Audiencia Nacional.
Porque fue Ramírez Sunyer el que ordenó, los días 20 y 21 de septiembre de 2017, el registro de 40 oficinas, viviendas y locales.
En uno de esos registros, en concreto en la casa de Josep María Jové, mano derecha del entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hoy en prisión preventiva, fue donde se encontró Enfocats, el documento que era la hoja de ruta secreta para conseguir ilegalmente la independencia de Cataluña, así como la agenda Moleskine, que contenía las reuniones de todos los conjurados en esta conspiración.
Sin él, sin Ramírez Sunyer, la respuesta judicial, fiscal y policial habría quedado hueca y vacía y las posibilidades de que los conspiradores hubieran conseguido su fin hubieran tenido mayor probabilidad de éxito.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reconocido hoy el gran trabajo realizado por Ramírez Sunyer -fallecido el pasado 4 de noviembre a los 71 años a consecuencia de un cáncer-, y su servicio a España y al Estado democrático, aprobando un informe favorable a la concesión, a título póstumo de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Es la más alta condecoración que un magistrado puede recibir.
El acuerdo ha sido adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el pasado 6 de noviembre, dos días después de su muerte, avaló la iniciativa impulsada por la Junta de Jueces y Juezas de lo Penal de Barcelona para que se concediera esta distinción al magistrado.
La decisión sobre la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort corresponde al Ministerio de Justicia, que necesita de este informe previo del órgano de autogobierno de los jueces.
Entre otros méritos, los jueces de lo Penal de Barcelona y la Sala de Gobierno del TSJ destacaron la “independencia, imparcialidad e integridad” de Ramírez Sunyer así como “su labor callada y constante en el cumplimiento de sus deberes judiciales”.
Especial consideración merece, según los proponentes, “la labor desarrollada durante la última etapa de su vida”, pues no dejó de trabajar en ningún momento “pese a la dura enfermedad y pese a la exigencia que la complejidad de las causas que instruía le demandaba”.
Entre esos procedimientos, las Diligencias Previas 118/2017, seguidas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos contra todas aquellas que no siendo aforadas tomaron supuestamente parte en la conspiración para conseguir la secesión de Cataluña.
Ramírez Sunyer accedió a la Carrera Judicial en 1991 por el turno libre.
Durante sus 27 años de servicio ininterrumpido, estuvo destinado en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Sant Boi de Llobregat, en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Terrasa, en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Badalona, localidad donde fue Decano, y en el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
TAMBIÉN A LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ZAPATER
La Comisión Permanente también ha informado favorablemente a la concesión, a título póstumo, de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al magistrado Luis Fernando Martínez Zapater.
La Sala de Gobierno del TSJ ha asumido y remitido al CGPJ la propuesta realizada por la Sección Séptima de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la que el magistrado, fallecido en diciembre de 2017, formó parte.
Su “entrega” a la Justicia y “su profundo compromiso con los valores constitucionales que dan sentido al ejercicio de la jurisdicción” justifican, según los proponentes, la concesión de la distinción.
Martínez Zapater accedió a la Carrera Judicial en 1988 por el turno libre y estuvo destinado en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Igualada, en los Juzgados de instrucción número 29 y 8 de Barcelona y en las secciones tercera y séptima de lo Penal de la Audiencia de Barcelona. Entre 2001 y 2009, fue letrado del CGPJ.
