No se manipularon las normas de reparto de los Juzgados de Barcelona, responde con contundencia el TSJCat
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09/1/2019 06:07
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Actualizado: 09/1/2019 12:45
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha respondido de forma contundente a las declaraciones realizadas ayer por el vicepresidente y consejero de Economía del gobierno autonómico catalán, Pere Aragonés, quien informó que cuatro exaltos cargos de ese gobierno presentarían una denuncia por «supuestas irregularidades» en la adjudicación de parte de la causa del proceso independentista al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, cuya dirección ostentaba el desaparecido magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, recientemente fallecido.
Aragonés afirmó que “se escogió este juzgado por la ideología del juez”.
El vicepresidente autonómico hizo dicho anuncio en una entrevista en Rac1, manifestando que la causa no podía ir a parar a un juzgado que salía o entraba de guardia, como era el caso del 13, por lo que cree que se vulneraron las normas de reparto.
“Hay sospechas fundamentadas de que se ha puesto a un juez a dedo para que instruyera de una determinada manera”, señaló.
El objetivo evidente de Aragonés es tratar de anular la causa del procés, que pronto arrancará en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y en la que tendrán que responder por los delitos de rebelión, malversación de fondos y desobediencia su antecesor, Oriol Junqueras, 8 exconsejeros, la expresidenta del parlamento autonómico y los líderes de las asociaciones separatistas ANC y Ómnium Cultural.
En la Audiencia Nacional también están imputados el exjefe de los Mossos y dos responsables políticos por rebelión, y una subalterna, por sedición.
El TSJCat, respondiendo a esas alegaciones, afirma que «no existe ninguna exención de reparto de asuntos entre los 33 juzgados de Instrucción» de Barcelona, de acuerdo con el acuerdo de Junta de Jueces de agosto de 2016, vigente en enero de 2017, que es cuando un ciudadano presentó la denuncia por las declaraciones vertidas en enero de 2017 por el entonces senador de ERC, y magistrado en excedencia, Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, una partida secreta para crear estructuras de Estado y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.
Dicha denuncia correspondió al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, del que era titular entonces el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, cuyos indicios son la base solida de ambos juicios.
Las querellas que después presentaron VOX y el abogado Miguel Durán se acumularon a la primera denuncia.
EL SISTEMA INFORMÁTICO REPARTE DE MANERA ALEATORIA Y AUTOMÁTICA
«Esta inexistencia de exención se constata en el acuerdo de normas de reparto de Junta de Jueces de 2015″, dice en un comunicado, en el que se adjuntan los documentos pertinentes.
Respondiendo a Aragonés, el TSJCat señala que «El acuerdo que adjunta la Sala de Gobierno de 2014, por equivocación, incluye la exención de reparto al juzgado de guardia y al de guardia del día siguiente. En cambio, esta exención no se aprobó, estaba sin efecto ya desde 2010 y nunca ha provocado la modificación del comportamiento del sistema informático, que reparte de manera aleatoria y automática».
«Se adjunta acuerdo normas de reparto de junta de jueces de Barcelona de 2014 donde no aparece ninguna exención al reparto entre los 33 juzgados de instrucción», dice el comunicado.
Y para subrayar esta afirmación incluyen una certificación de Antonia Amigo, entonces secretaria de Gobierno del TSJCat, donde corrige ya en 2010 el error respecto al citado epígrafe, dejándolo expresamente sin efecto.
«Por tanto, existe constancia desde 2010 de que el reparto de asuntos entre los juzgados de Instrucción de Barcelona se hace sin que se aplique ninguna exención. Y la referencia al acuerdo de sala de Gobierno de normas de reparto de 2014 en los juzgados de Barcelona es un error», concluye el TSJCat, zanjando de esta forma las alegaciones de Aragonés.
PRESENTADOS DOS RECURSOS
Ramon Setó, abogado de un investigado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, presentó ayer dos recursos impugnando, precisamente, este reparto de la querella ante el Decanato de los Juzgados de Barcelona y ante el propio juzgado en el que pide la nulidad de la causa.
Así lo explicó Setó a TV3, que avanzó la presentación de los recursos, que además ha apuntado que de admitirse sus recursos pueden invalidar la causa: «Si el acto es nulo, y podemos demostrar que es nulo, es evidente que se deberá dictar resolución de nulidad».
Según Setó, las normas de reparto prevén que cuando se presenta una querella no pueda quedárselo el juzgado de guardia entrante y saliente, y en este caso el Juzgado 13 estaba entrando de guardia.
En su recurso ante el Juzgado 13, piden anular la causa porque se asignó de forma irregular el procedimiento y lo enlazan con sus dudas sobre «la imparcialidad del juez instructor».
LA JUEZ DECANA AFIRMA QUE LOS RECURSOS PARTEN DE UN ERROR DE PLANTEAMIENTO
La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, considera que el recurso planteado contra la adjudicación de la causa al Juzgado de Instrucción 13 parte de un «error importantísimo en el planteamiento» y ha defendido la adjudicación del caso.
En una entrevista de TV3, Caso rebatió el argumento de las defensas de que, como el Juzgado 13 entraba de guardia el día que se presentó la querella contra el exsenador de ERC Santi Vidal, pudo haber irregularidades porque la normativa prohíbe remitirle el caso, y considera que hay un planteamiento «erróneo».
Caso explicó que las normas de reparto de asuntos en los juzgados de Instrucción de Barcelona de 2010 preveían que no se repartieran asuntos a los juzgados que entraban o salían de la guardia, pero que esta norma cambió en 2014.
Desde 2014, precisó la decana, cuando un asunto no corresponde a un juzgado de guardia de incidencias porque los hechos no se han producido en sus 24 horas de guardia ni en las 72 anteriores, «el juzgado de guardia lo envía a reparto a decanato de forma aleatoria».
Defendió que se trata de un reparto «absolutamente no manipulable» en el que están los 33 juzgados de instrucción de Barcelona, y puntualizó que el reparto tiene dos principios: que sea equilibrado y que sea aleatorio.
Por eso,insistió en que esta norma de reparto garantiza la «limpieza absoluta» del proceso porque lo hace un sistema informático, y también ha querido defender la instrucción realizada por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre, y su buena manera de hacer.
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