El Pleno del Consejo de Estado designó este jueves la comisión de estudios compuesta por Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Consuelo Castro, Yolanda Gómez, Manuel José Silva y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona para preparar la propuesta de reforma limitada de la Constitución que acote el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores.
Este encargo que el Gobierno ha encomendado al Consejo de Estado ha reactivado una comisión del órgano consultivo del Ejecutivo que permanecía en desuso desde 2011.
La comisión designada trabajará bajo la dirección de la presidenta del organismo, María Teresa Fernández de la Vega y tendrá que proponer en qué sentido modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.
Un mes para elaborar la propuesta
La comisión de estudios formada por estos 8 miembros dispondrá de un mes aproximadamente para preparar una propuesta de reforma de los aforamientos, que deberá ser aprobada por el Pleno de la institución.
Con este plazo dado por el Gobierno, el informe llegaría al Ejecutivo a finales de octubre o primeros de noviembre.
No obstante, si el plazo dado se quedase corto por la complejidad de la materia, el órgano consultivo puede, en virtud del artículo 133 de su reglamento, pedir al Ejecutivo que le conceda más tiempo.
El Consejo de Estado iniciará los trabajos con la pauta dada por el Gobierno de que su voluntad es la de restringir el aforamiento al «estricto ejercicio» de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción.
Con este cambio el Gobierno de Pedro Sánchez pretende terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que supone un privilegio el fuero de ministros y parlamentarios.
El Consejo de Estado podría sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución que no puede contener de forma exhaustiva los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento.
Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible tramitar este cambio en tan sólo 60 días.
Reforma con Zapatero
En 2004, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que aprobó la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado para permitir que el supremo órgano consultivo del Ejecutivo pudiera elaborar propuestas legislativas o de reforma constitucional, a petición del Gobierno.
Y recurrió a esta fórmula hasta en ocho ocasiones. La primera, para pedirle que estudiara la viabilidad de reformar algunos aspectos concretos de la Carta Magna referidos a la inclusión de la denominación oficial de las Comunidades Autónomas en la Constitución, la reforma del Senado, la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona y la integración de España en la Unión Europea.
Además de este informe, que no llegó a concretarse en una reforma de la Constitución, el Consejo de Estado publicó otros estudios, a petición del Gobierno, sobre aspectos tan variados como las posibilidades de actuación contra los anuncios de prostitución en medios de comunicación o sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General.
Por su parte, el Gobierno de Mariano Rajoy no recurrió ni una sola vez al Consejo de Estado para encomendarle el estudio o preparación de una propuesta legislativa o de reforma constitucional. Los ‘populares’ sólo recurrían a este órgano consultivo para pedirle los dictámenes que son preceptivos, aunque no vinculantes, para poder aprobar un proyecto de ley. (Con información de EP).
