Sobre estas líneas, Pedro Viguer, juez decano de Valencia hasta hoy.
Comienzan las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España: Referente de la Justicia
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14/10/2018 06:15
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Actualizado: 14/10/2018 00:37
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Mañana lunes se celebran en Melilla las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España, una ocasión imprescindible para conocer de cerca y con exactitud milimétrica el estado de la Justicia y sus necesidades y «testar» las inquietudes de los jueces y magistrados destinados en los juzgados de toda España, el primer escalón judicial, el que mejor conoce los problemas del día a día de la Administración de Justicia.
Y este foro tiene lugar ademas en un momento muy delicado en el que son constantes los discursos que pretenden desprestigiar el trabajo judicial y la independencia de los jueces, y lo hacen además con afirmaciones sorprendentes que evidencian un absoluto desconocimiento de la función judicial, el respeto a los derechos procesales e incluso de la separación de poderes.
O quizás precisamente porque lo conocen a la perfección.
Con este motivo puede ser interesante repasar y traer a colación el estado actual de la Justicia en España y lo que han sido las principales reflexiones de los Jueces Decanos en los últimos años, siempre desde la premisa de la consideración de la Justicia como un elemento esencial en el Estado de Derecho, en el convencimiento que el cumplimento de la ley, la tutela de los derechos, el respeto a las instituciones, la convivencia civilizada, el regular intercambio de bienes y servicios e incluso el desarrollo económico de un país dependen de la Justicia.
SÓLO UN 1,17 % DE LOS PRESUPUESTOS SON PARA JUSTICIA
A pesar de la enorme relevancia del sistema judicial, los Jueces Decanos no han tenido más remedio que insistir un año tras otro en el olvido de las necesidades de la Justicia y su carencia de recursos propios y su dependencia económica de los restantes Poderes del Estado.
Los Jueces Decanos han destacado también en reiteradas ocasiones que no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz.
Y también han reclamado con insistencia un Pacto de Estado que nunca llega, bien porque no suscita interés, bien porque no es rentable políticamente, bien porque no da votos, no es una prioridad o simplemente conviene mantener el estado actual de las cosas.
Destacan además que el Estado español, con una «enorme generosidad» dedica tan solo un 1,17% de los presupuestos generales del Estado a la Justicia.
En definitiva: nuestra Justicia depende en lo económico del Poder Ejecutivo, por lo que será lo eficaz que los responsables políticos quieran que sea.
Ni más, ni menos.
También las Asociaciones Judiciales españolas han reclamado recientemente este Pacto por la Justicia en un documento conjunto.
Pero todo está pendiente: el incremento del número de jueces en España (tenemos la mitad de jueces que la media europea), la creación de plazas judiciales, una nueva organización de los juzgados y tribunales (la actual es decimonónica), el caótico reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las 17 Comunidades Autónomas con competencias transferidas (un barco con demasiados capitanes), la reorganización de la oficina judicial (que debería haberse llevado a cabo tras una reforma de hace 15 años), una nueva demarcación territorial (la actual es de 1834), la modernización tecnológica (el expediente judicial es una falacia y no facilita ni agiliza el trabajo del juez), un proceso penal moderno (tenemos una Ley Orgánica del Poder Judicial que es de 1882).
UNA JUSTICIA ANCLADA EN EL SIGLO XIX
Los años pasan, la sociedad avanza y la Justicia sigue anclada en estructuras, procesos, medios y organización propias del siglo XIX con una burocracia pasmosa.
Y esta situación se viene prolongando peligrosamente, a pesar de que el tiempo corre en nuestra contra y los acontecimientos están poniendo en valor la importancia de un sistema judicial eficaz e independiente en elEstado de Derecho.
Como han destacado los Jueces Decanos en ediciones anteriores, tenemos un sistema judicial garantista y de alta calidad, pero poco ágil, mal gestionado, anticuado y escasamente dotado.
Y la agilidad tiene un presupuesto ineludible: una adecuada carga de trabajo en cada juzgado, que no se determina porque no interesa fijarlo y que se evidencien las miserias del sistema.
Hoy es indiferente que un órgano judicial duplique o triplique la carga de entrada de asuntos recomendable y que ello retrase la respuesta judicial.
En este contexto, con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas relacionadas con la corrupción) y avalanchas de demandas (productos financieros, cláusulas abusivas, ejecuciones hipotecarias, despidos, concursos, etc…), es sorprendente que en España la justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos.
Y todo esto es más grave si tenemos en cuenta, como también han destacado los Jueces Decanos, que con el retraso de la modernización de la Justicia estamos perdiendo una enorme oportunidad, dada la influencia del sistema judicial en el desarrollo económico, como han destacado numerosos expertos en economía, el Consejo de la UE y el propio Banco de España en recientes informes.
MILES DE MILLONES DE EUROS EN JUEGO EN EL SISTEMA JUDICIAL
Son miles de millones de euros los que están en juego en el sistema judicial, algo que debería llevar a una profunda reflexión, ausente del ámbito político.
En todo Estado de Derecho que se precie la Justicia debe ser una prioridad, como los es por ejemplo la sanidad o la educación. Tristemente hoy en España no lo es, y así lo evidencia el retraso tecnológico, la insuficiencia de jueces, la escasez del presupuesto, una normativa procesal anquilosada, el lamentable estado de los edificios judiciales, etc…
Pero la modernización no es algo imposible: se ha conseguido con otras importantes instituciones o servicios públicos del Estado, por ejemplo, con la Seguridad Social o la AEAT, con las que no se han escatimado recursos.
Solo hace falta interés y voluntad política.
De hecho no ha llegado a la Administración de Justicia la modernización informática que tuvo lugar en dichos organismos hace ya más de 20 años.
Es por ello que las asociaciones judiciales alzaron la voz y las protestas culminaron en la tercera huelga judicial del 22 de mayo de 2017 precedida por una masiva e histórica concentración de jueces ante el Ministerio de Justicia unos días antes.
NO SE HA CONSEGUIDO NADA CON EL CAMBIO DE GOBIERNO
Han pasado los meses, ha cambiado el Gobierno y lo conseguido ha sido sencillamente la nada, el vacío más absoluto.
No se ha avanzado un milímetro.
La Justicia sigue sin interesar.
No da votos. No es una prioridad.
No importa en el ámbito político.
Está ausente.
Y el error es mayúsculo, no sólo por el tiempo perdido sino por lo que significa como piedra angular del Estado de Derecho. Y ello a pesar de que no hay gasto más social que invertir en Justicia.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES ES DENUNCIAR ESTA SITUACIÓN
Obviamente es responsabilidad de los jueces denunciar esta situación.
Por dos motivos: por pura responsabilidad institucional y porque sencillamente, creemos en un sistema judicial más fuerte, más moderno, debidamente digitalizado, que atienda debidamente cada asunto, cada víctima, cada ciudadano, un sistema con medios suficientes y desvinculado del poder político.
En este contexto, los próximos días 15 a 17 de octubre de 2018, nos reunimos en Melilla 50 Jueces Decanos de toda España que representamos a más de 2500 jueces destinados en los órganos judiciales, en los que son ya las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España, cuya principal virtud radica en que el Juez Decano es el único órgano de gobierno judicial elegido democráticamente por sufragio directo por los propios jueces y cuya legitimidad es por tanto indudable, como lo es también su cercanía con los problemas diarios del trabajo judicial, que los Jueces Decanos conocen a la perfección.
De hecho, año tras año, se analizan en este foro los principales problemas de la judicatura y sus posibles soluciones, constituyendo un auténtico «think tank» de la carrera judicial, fuente de ideas, de propuestas y de soluciones en materia de lucha contra la corrupción, organización judicial, eficacia del trabajo judicial, independencia judicial, reducción de la litigiosidad, reformas procesales, etc….
Es más muchas de dichas propuestas han visto la luz en forma de leyes, en especial en lo relativo a la agilización procesal.
UNAS JORNADAS MUY IMPORTANTES
Es por tanto evidente el interés de dichas Jornadas en las que se van a abordar temas como los ya descritos y otros de actualidad como el estado de las reivindicaciones judiciales canalizadas a través de las asociaciones judiciales, el sistema de elección de los vocales del CGPJ, la a necesidad de abordar una nueva organización judicial (los tribunales de instancia) y la preocupante situación de los juzgados de cláusulas abusivas; se realizarán reflexiones sobre la lucha contra la violencia de género, los aforamientos, el expediente judicial que dificulta, en lugar de agilizar, el trabajo de los jueces, la eliminación de los recortes retributivos y equiparación en materia de vacaciones y permisos con el resto de la función pública, la retribución de las sustituciones por jueces profesionales, la necesidad de adoptar medidas para facilitar y agilizar la lucha contra la corrupción (como la creación de un cuerpo de peritos contables) y exigir la implantación de iniciativas que faciliten el trabajo judicial y protejan a las víctimas y a los menores y ayuden en la lucha contra la violencia de género, como la instalación de sistemas adecuados de videoconferencia, de salas especiales para la práctica de pruebas preconstituidas («cámara Gesell»), la implantación de la figura del coordinador parental en las crisis matrimoniales conflictivas, de los servicios de ruedas de reconocimiento, la necesidad de psicólogos suficientes, de trabajadores sociales en servicios de atención social en los juzgados de guardia, etc….
En suma, quien esté interesado en conocer propuestas realistas para la modernización de la justicia y las inquietudes de la judicatura en España, no puede dejar pasar la oportunidad de analizar las conclusiones y propuestas de los Jueces Decanos que se harán públicas el próximo día 17 de octubre de 2018. Esperemos, eso sí, que esta vez tales propuestas susciten al menos un mínimo interés en el ámbito político.
Para variar.
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