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La Audiencia Nacional ya tiene luz verde para juzgar la supuesta contabilidad B del PP

Salvo la parte que hace referencia a las donaciones en negro que habría recibido el partido de empresarios porque continúa en instrucciónEl extesorero del PP Luis Bárcenas, en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP del Congreso.
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha comunicado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que ya se pueden juzgar todas las piezas de la supuesta contabilidad B del PP, también llamada ‘caja B’ o ‘papeles de Bárcenas’, salvo la parte que hace referencia a las donaciones en negro que habría recibido el partido de empresarios, ya que continúa en instrucción.

La Sección Segunda de lo Penal había preguntado al magistrado por este asunto hace unos días.

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En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 le ha informado que tiene luz verde para juzgar la propia ‘caja B’; los trabajos de remodelación, supuestamente en negro, de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid; el impago del impuesto de sociedades correspondiente a 2008; así como la compra de acciones de Libertad Digital.

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Indica que la parte relativa a las donaciones presuntamente irregulares aún sigue en instrucción, pero «no impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento» de las cuatro anteriormente mencionadas.

MÁS DE CINCO AÑOS DE INSTRUCCIÓN

De la Mata da una explicación pormenorizada de la evolución de la pieza sobre la ‘caja B’ del PP, que se abrió en marzo de 2013 derivada del caso Gürtel.

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Además de la supuesta contabilidad en negro, en esta pieza se investigan «si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones».

Posteriormente, el objeto de investigación se amplió, incluyendo otros hechos, empezando por las «aplicaciones de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política», obras que fueron realizadas entre 2005 y 2010 por la mercantil Unifica Servicios Integrales S.L.

La sede nacional del Partido Popular se encuentra en el número 13 de la madrileña calle de Génova, antaño la parcela era ocupada por el huerto del convento de las monjas salesas. / EP

La investigación también se amplió a la «infracción fiscal» que supuso la «falta de declaración del impuesto de sociedades» correspondiente al ejercicio 2008, así como la compra de acciones de Libertad Digital, que supuso, según el juez, el «apoderamiento por parte del gerente y del tesorero del PP de recursos propios de la formación política, integrados en la ‘caja B’ del partido».

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Poco después de la apertura de la pieza, el anterior juez de instrucción, Pablo Ruz, acordó el sobreseimiento provisional de la parte relativa a las supuestas donaciones irregulares.

Sin embargo, cuando el juez De la Mata se hizo cargo de la investigación, y a raíz de las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de la primera época de la trama Gürtel, esta parte se reabrió.

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Los presuntos delitos que se investigan en esta parte son cohecho y tráfico de influencias.

Estarían implicados empresarios como el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de FCC José Mayor Oreja; el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; el exsecretario general del PP Ángel Acebes, o el ‘número dos’ de la trama Gürtel, Pablo Crespo, quien recientemente se ha querellado contra Baltasar Garzón por «confabular» con Villarejo para asumir el caso Gürtel

También afectaría a otros empresarios como Vicente Cotino, Rafael Palencia y Joaquín Molpeceres.

ABSOLUTA FALTA DE TRANSPARENCIA

Según explica el juez De la Mata en su providencia, las donaciones que habrían sido recibidas ilegalmente de estas personas, con «absoluta falta de transparencia y respeto de las prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos»,habrían sido destinadas al «pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el PP», al «pago de gastos generados de campañas electorales», al «pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido«, así como a «integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del PP». Esta parte relativa a las donaciones aún está siendo investigada.

En lo que respecta a la propia ‘caja B’ del PP, De la Mata explica que esta parte se dirige exclusivamente al que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas, su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta -recientemente fallecido- y el exgerente Cristóbal Páez.

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Se les imputa los presuntos delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito electoral continuado.

El magistrado considera que hay indicios suficientes para afirmar que, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, el PP «habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada y presentada ante el Tribunal de Cuentas».

Según el juez, las referidas cuentas habrían funcionado «a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o ‘cajas B’, denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados lo pagos que integrarían las mismas en los libros contables ni declarados a la Hacienda Pública».

«La información y documentación que el PP presentó ante el Tribunal de Cuentas, la información y documentación relativa a la contabilidad del partido y sus operaciones económicas de los ejercicios 1990 a 2008 no incluía información alguna de los sistemas de contabilidad paralela o de ‘caja B’, atendida la opacidad que regía su funcionamiento», explica.

De la Mata tiene hasta el 31 de diciembre de 2019 para finalizar la instrucción de la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP.