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Crespo se querella contra Garzón por ‘confabular’ con Villarejo para asumir el caso Gürtel

lo acusa de presunta prevaricación judicialBaltasar Garzón durante la presentación de su libro en el Ateneo madrileño el pasado mes de enero. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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El exsecretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de prisión por la primera época de actividades de la trama Gürtel, ha presentado hoy una querella contra el exjuez del caso Baltasar Garzón por presunta prevaricación judicial.

Lo acusa de una «confabulación instrumental» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para preparar la operación y «perjudicar al Partido Popular».

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Según ha asegurado en un comunicado el abogado de Crespo, Miguel Duránlos audios publicados por el digital Moncloa.com de una conversación que mantuvo Garzón en 2009 con Villarejo «ponen de manifiesto una presunta confabulación instrumentada por el exmagistrado Baltasar Garzón, quien, junto con algunos mandos de la Policía, construyeron una causa ad hoc con la finalidad de perjudicar al PP».

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Durán afirma que «tal y como se indica en la querella y según se desprende de la conversación entre Gabriel Fuentes González y el excomisario Villarejo, que se produjo con carácter previo al conocimiento que tuvo Garzón del ‘Caso Gürtel’ en su Juzgado, éste habría participado junto a don Juan Antonio González, entonces Comisario General de Información, José Luis Olivera Serrano, entonces Jefe de la UDEF, y el propio excomisario José Manuel Villarejo, en la construcción del ‘Caso Gürtel’».

«Un caso preparado para que él mismo instruyera y que asumió de forma injusta, tanto en una dimensión formal, por vulnerar las normas de reparto de la Audiencia Nacional, como material, por instruir una causa que había sido previamente confeccionada para él, y sin una posición de estricta imparcialidad exigible a cualquier juez instructor en un Estado de Derecho», añade.

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Pablo Crespo, junto a su letrado, Miguel Durán, del bufete Durán & Durán Abogados./ EP

Según Durán, «lo hizo con el objetivo de instrumentalizar el proceso penal para lograr intereses u objetivos ajenos a la función judicial».

Destaca que en la querella se pone de manifiesto que «el señor Garzón amañó presuntamente todas las circunstancias que estuvieron a su alcance, para poder hacerse con el ‘Caso Gürtel’ y convertirse así en el juez instructor».

Subraya que «hay indicios que determinan que el querellado, entonces Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, pudo confabular y canalizar judicialmente un complot que arrancaría procesalmente con su auto del 6 de agosto de 2008″.

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Para el abogado de Crespo, «la ‘excusa’ de Baltasar Garzón para asumir la instrucción del ‘Caso Gürtel’ fue el conocimiento por parte de su Juzgado del caso ‘BBVA-Privanza’ en el que estaba imputado Luis de Miguel».

Explica que «éste último, asesor fiscal de profesión, había asesorado a un empresario titular de unas cuentas bancarias de la trama Gürtel, lo que justificaba, según el querellado, la atracción de ‘Gürtel’ a su conocimiento instructor».

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«Sin embargo, Baltasar Garzón no investigó al titular de las cuentas, sino al asesor fiscal y no existía tal conexión», apostilla Durán.

El letrado manifiesta que por ello, «en la querella se señala la propia reclamación para sí y la posterior asignación del ‘Caso Gürtel’ a Baltasar Garzón como un ‘mero fraude de ley’».

CORREA FUE CONDENADO A CERCA DE 52 AÑOS DE CÁRCEL, CRESPO A 37 Y MEDIO, Y BÁRCENAS A 33

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado 24 de mayo al ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión; mientras que al considerado su número dos, el que fuera secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, le impuso una pena de 37 años y medio.

Además, el extesorero del PP Luis Bárcenas, exsenador por Cantabria, fue condenado a 33 años y 4 meses, además de una multa de 44 millones de euros. A su esposa, Rosalía Iglesias, la sentenció a 15 años y 1 mes de prisión, y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, por su implicación en los primeros años de actividades de la trama.

El ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, el considerado su número dos, Pablo Crespo, y el empresario Álvaro Pérez ‘El Bigotes’./ EP

El tribunal también impuso una multa de 27.857 euros a la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa y absolvió al empresario Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel por cohecho.

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Consideró acreditado que durante los años de esta primera época (1999-2005) se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.

Pero además, según la Sala, se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas».

La sentencia contaba con un voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado, que se opuso a la condena al PP como partícipe a título lucrativo.

Cabe destacar que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó que Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega sigan en prisión hasta que el Tribunal Supremo confirme esta sentencia dictada por la AN que les envió a la cárcel o en su defecto, hasta que cumplan la mitad de la condena, que es el tope que permite la ley estar en prisión sin sentencia firme.

El tribunal que los condenó entiende que persiste un “gran riesgo de fuga” en los tres casos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años por blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil./ EP

LA RAMA VALENCIANA DE LA GÜRTEL Y SUS PENAS 

El pasado de junio, la Audiencia Nacional también sentenció a cuatro años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa, y absolvió únicamente al exvicepresidente Vicente Rambla por la financiación irregular del partido, liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.

Condenó a 18 de los 20 acusados en este juicio por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública, entre ellos a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa a cinco años y tres meses de prisión; a Pablo Crespo a cinco años de cárcel; y a Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los ‘populares’.

Unas penas que se acumularon a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur y por la primera época de la trama Gürtel, en la que ‘El Bigotes’ resultó absuelto.

El magistrado aplicó a todos ellos la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, le sumó la reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros desde su cuenta en Suiza.

‘El Bigotes’ fue el acusado para el que más pena recayó debido a que era el responsable de Orange Market, empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Tanto ‘El Bigotes’ como Costa -primer dirigente del PP que reconoce una financiación irregular- apuntaron directamente contra Camps, asegurando que esta operativa fue ordenada por él.

Tras conocer la decisión de la reapertura, Camps dio una rueda de prensa en el despacho de su abogado, Pablo Delgado, en la que defendió su actuación e ironizó: «Cuando supe de las grabaciones de la ministra dije ‘algo me va a caer'».

A finales de septiembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir la investigación de Orange Market tras las revelaciones que apuntaron a Camps.