La CNMV abre un expediente sancionador a Banco Popular por dar datos inexactos o no veraces en sus cuentas de 2016

La CNMV abre un expediente sancionador a Banco Popular por dar datos inexactos o no veraces en sus cuentas de 2016

TAMBIÉN LO HA INCOADO AL EXPRESIDENTE DE LA ENTIDAD ÁNGEL RON Y A OTROS MIEMBROS DE SU EQUIPO
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20/10/2018 07:00
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Actualizado: 05/4/2022 12:01
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El comité ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracción «muy grave» a Banco Popular, a su expresidente Ángel Ron y otros miembros de la cúpula del banco por haber suministrado al organismo información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.

Sin embargo, el supervisor ha informado que ha decidido suspender la tramitación de dicho expediente al haber un proceso penal abierto por los mismo hechos.

El expediente, incoado por la CNMV en su reunión del pasado 11 de octubre, se abre contra la entidad, los consejeros ejecutivos -encabezados por Ángel Ron-, los miembros de la comisión de auditoría del banco y su director financiero en el momento de los hechos, ha informado el supervisor en un comunicado.

Según la memoria de 2016 de Banco Popular, la comisión de auditoría estaba integrada por Roberto Higuera, Jorge Oroviogoicoechea y José María Arias. Eran consejeros ejecutivos Roberto Gómez, que fue sustituido a finales de julio de 2016 por Pedro Larena, y Francisco Aparicio. El director financiero del equipo de Ron era Javier Moreno.

En la misma reunión, el comité ejecutivo de la CNMV, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley del Mercado de Valores, acordó suspender la tramitación del expediente por encontrarse en tramitación un proceso penal por hechos idénticos o inseparables hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.

El expediente al que hace referencia se circunscribe a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad el día 3 de abril de 2017.

Ese día, ya con Emilio Saracho al frente, la entidad comunicó a la CNMV un ajuste en sus cuentas de 2016 superior de hasta 630 millones de euros, tras revisar en una auditoría interna su cartera de créditos y la operativa de la ampliación de capital por importe de 2.500 millones realizada en 2016.

Unas horas después se produjo la dimisión de Pedro Larena como consejero delegado.

Dos meses antes, el 3 de febrero de 2017, el Banco Popular comunicó al mercado los resultados del ejercicio 2016, en el que registró unas pérdidas de 3.485 millones.

El 20 de febrero, Emilio Saracho sustituyó a Ángel Ron como presidente del Popular.

En junio de 2017 se convirtió en el primer banco intervenido por las autoridades europeas. Fue vendido el día 3 de ese mes al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.

Ahora, la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que el equipo de Ángel Ron suministró información financiera con datos inexactos o no veraces.

ÁNGEL RON TILDA DE ‘CALUMNIOSO’ EL EXPEDIENTE Y SE RESERVA ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DE SU HONOR

La reacción del expresidente de Banco Popular Ángel Ron no ha tardado en llegar. Ha lanzado un comunicado tildando de «calumnioso» este expediente.

Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, ha anunciado que se reserva acciones legales en defensa de su honor./ EP

Ángel Ron denuncia que el informe del supervisor «vulnera los más elementales derechos a la defensa a ser oído, a la presunción de inocencia, a su derecho al honor y a la buena imagen», al mismo tiempo que denuncia que se ha llevado a cabo «sin ningún tipo de investigación, instrucción o prueba contradictoria».

Por ello, el expresidente del Popular alega que sólo tiene la finalidad de «desacreditar a las personas, a una entidad y a un consejo». Asegura que todos han actuado de manera «íntegra, transparente, legal y de acuerdo a las normas y directrices de los órganos superiores».

Ron se remite en su escrito a la comparecencia a la que asistió el pasado julio en el Congreso, donde expresó que las cuentas de 2016 expresaban «la imagen fiel de la entidad», negando la acusación de falsedad vertidas sobre él.

«La ampliación de capital fue asesorada legalmente por quien hoy preside la CNMV y que las cuentas de ese año fueron ratificadas por los auditores y los reguladores; así como, que en el Acta del Consejo, celebrado el 2/4/2017, que he conocido con posterioridad, consta la intervención, conocimiento, supervisión y visto bueno de la CNMV, para el sometimiento de las mismas cuentas, con la calificación de reexpresión no significativa a la Junta General de Accionistas de 10/04/2017, bajo la presidencia del Sr. Saracho y que se aprobaron con más del 93% y con el 98%, la gestión social», afirma.

Dice desconocer el interés de esta nueva publicación por parte del supervisor y que se reserva «las acciones legales pertinentes en defensa de su honor».

EL PRIMER EXPEDIENTE HECHO PÚBLICO, A TELEPIZZA

Se trata de la segunda vez que la CNMV hace pública la apertura de un expediente sancionador, tras la comunicación referida a Telepizza, difundida recientemente.

La CNMV acordó incoar uno a esta empresa, también por la posible comisión de una infracción «muy grave» por suministrar información con datos inexactos o no veraces, en relación a la dimisión de Marcos de Quinto como consejero independiente de la compañía.

Telepizza informó al mercado el pasado 18 de mayo que De Quinto, exvicepresidente ejecutivo y responsable mundial de marketing de Coca-Cola, presentaba su dimisión como consejero independiente de la compañía alegando motivos personales apenas un año después de haber llegado a la firma.Su dimisión llegó días después de que Telepizza anunciara una alianza estratégica y un acuerdo de master franquicia con Pizza Hut, donde el directivo no estaba de acuerdo con los términos en los que se había negociado este acuerdo al considerarlo desequilibrado.

Esta misma semana también ha trascendido que la CNMV ha impuesto una multa de 60.000 euros al expresidente de Campofrío Pedro Ballvé por comunicar a terceros información privilegiada para que compraran acciones de la compañía.

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