El sector VTC sufrirá un duro golpe con esta convalidación del RD Ley que se espera tenga lugar en el Congreso este jueves.
Unauto VTC cree que el Gobierno realiza una expropiación encubierta con el RD Ley que se convalida este jueves en el Congreso
Las perdidas no compensadas podrían superar los 4.000 millones de euros, según fuentes de esta patronal
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24/10/2018 06:15
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Actualizado: 24/10/2018 00:02
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Mañana jueves tendrá lugar la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
Desde Unauto VTC se cree que la convalidación es irremediable aunque se habla de expropiación encubierta.
José Andrés Díez es asesor jurídico de Unauto VTC, un profesional conocedor del transporte a fondo en los últimos veinte años. Da por hecho el acuerdo de convalidación de este polémico RD 13/2018 de 28 de septiembre por el que Fomento cederá las competencias de estas licencias VTC dentro de cuatro años a CCAA y Ayuntamientos. Una medida que desde este colectivo no consideran ponga punto y final a esta “guerra» con el taxi tradicional de estos últimos meses.
Desde esta entidad, no se entiende que el presidente del Gobierno haya hablado públicamente de apoyar el emprendimiento y la economía colaborativa y apruebe normativas tan restrictivas como ésta. “La inseguridad jurídica es clara. No se puede amoldar el Derecho a la conveniencia de cada uno”, apunta a CONFILEGAL. Y destaca que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha superado con creces el uso del Decreto Ley en 120 días de mandato frente al de Mariano Rajoy. Ya llevan once Decretos leyes y los que faltan”.
Lo que parece evidente es que tanto el anterior ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, como el actual, José Luis Abalos, lejos de ser árbitros de una situación compleja, decidieron posicionarse a favor del sector tradicional del taxi frente a los vehículos con conductor de Cabify y Uber. “El problema del Gobierno ahora es la situación numérica en el Parlamento. Y sacar asuntos para evitar unas elecciones. Es muy necesaria una reforma de la jurisdicción contenciosa administrativa, de arriba abajo”.
En un informe jurídico de Unauto VTC al que ha tenido acceso CONFILEGAL se describen las posibles irregularidades jurídicas del citado Real Decreto.
“Muchas de ellas propiciadas por las prisas y por querer contentar de forma unilateral al sector del taxi en ciudades como Madrid y Barcelona que es donde se focaliza el 90% del total de esta actividad. Lo que no es de recibo es que cualquier Gobierno quiera suprimir una actividad como es ésta de VTC con la demanda que ya existe en la población”.
Comparecencia del presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, a su derecha, José Andrés Diez, asesor jurídico de la entidad.
Para Díez, “la aprobación del Real Decreto Ley no ha tenido en cuenta al sector afectado, a las VTC. El Gobierno no nos ha llamado y no ha participado en ninguna mesa de trabajo, en cambio con el taxi sí se ha sentado. Nos preocupa que este asunto se esté ideologizando tanto”.
Y recuerda que “desde el año 2009 con la entrada de la Ley Omnibus que modificó un buen numero de leyes, hemos tenido cinco Reales Decretos, dos Decretos Leyes, tres ordenes ministeriales y dos leyes ordinarias. Este tipo de profusión legislativa no la ha sufrido ningún sector, ni siquiera la estiba. Aquí la presión del taxi ha sido clara para saltarse los intereses de los usuarios y regular lo que ellos quieren”.
Expropiación encubierta
Con este informe, que viene avalado por otros informes, uno del despacho Garrigues y otro del catedrático Santiago Muñoz Machado, se denuncian algunas lagunas legales de este Real Decreto Ley.
“Por mucho que se diga no tiene el carácter de necesidad y urgencia que viene recogido en el artículo 86 de nuestra Constitución y, es más, también establece que se modifique por vía de urgencia de Ley de Ordenación del Transporte (LOT), de 1987, en materia de infracciones y sanciones. Sin embargo no se ha incluido ese cuadro con dichas sanciones”.
Junto con ello, también se indica que incumple el artículo 150 de la Constitución, así como la Ley Orgánica 5/1987, por dos cuestiones: imposibilidad constitucional de delegar competencias a las Comunidades Autónomas por medio de Decreto Ley y alterar la delegación de competencias a las CCAA sin modificar la mencionada Ley Orgánica 5/1987.
Esta inseguridad jurídica deriva para Unauto VTC y sus asesores legales en una expropiación encubierta. “El articulo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada, hay autorizaciones de transporte otorgadas por la Administración y sentencias judiciales han reconocido unos derechos. Y el propio Tribunal Supremo en sentencia de 3 de mayo del 2017 ya reconocía que se aplica la legislación. Al mismo tiempo desde la LOT se indica que dichas autorizaciones tienen carácter indefinido. Cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana no es serio para un sector con 15.000 profesionales trabajando”.
Legislación contra natura
Para Díez “lo que se quiere con esta normativa es que no se preste este servicio que curiosamente la población demanda. Aquí se ha legislado contra natura, sin tener en cuenta cuáles son las perspectivas futuras. La población demanda el sector de las VTC pero la normativa quiere prohibirlo. Solo compite con el taxi en el sector de la demanda por vía telemática de este transporte. Es una expropiación de derecho que perjudica directamente al propio ciudadano”.
Las perdidas para este sector podrían estar sobre los 4.000 millones de euros aproximadamente.
De hecho, este Real Decreto no habla de indemnizaciones económicas “sino que lo que hacen es que indenmizan de forma parcial por tiempo de trabajo en los próximos cuatro años. Tampoco se permite reclamar el lucro cesante por la paralización de estos derechos a futuro, aunque las licencias de transporte, tal y como señala la normativa actual, tienen un carácter indefinido”, apunta Díez.
A nivel jurídico, el propio informe revela que no impide conforme a la jurisprudencia constitucional, que los trayectos que discurran íntegramente, o de corto recorrido, en una Comunidad, puedan ser realizados al amparo de autorizaciones de ámbito nacional.
También, al margen de las irregularidades constitucionales y legales citadas, no impide la aplicación de la legislación del Estado de manera supletoria, en caso de laguna legislativa por las CCAA.
No habilita directamente a los ayuntamientos y demás Entes Locales a la regulación del arrendamiento de VTC, necesitando legislación de las CCAA para ello. Dicha regulación debe cumplir los principios de proporcionalidad y necesidad recogidos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado LGUM del 2013 que estable que no sea necesario esa doble licencia que ahora se pide. Fija el domicilio de la autorización en la Comunidad Autónoma y no en el municipio.
Díez dice no tener claro que «con estas medidas este sector desaparezca aunque sí tendrá un duro golpe. Con el Real Decreto Ley se intenta suplantar al legislativo porque aprobar una Ley Orgánica supondría tener 176 diputados para aprobarla”. También indica que resultaría contrario a la LGUM, así como a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, exigir una doble licencia para el ejercicio de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor.
También señala que la alteración de los términos y requisitos de las autorizaciones de transporte a través de este Real Decreto-Ley 13/2018, incumple la doctrina del Tribunal Supremo. “Se van a generar cientos de problemas al pasar el tema a los ayuntamientos y CCAA. Hay que darse cuenta de que la normativa municipal es diferente en cada corporación municipal”, subraya Díez.
En este informe también se indica que según la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-Ley 13/2018, las autorizaciones VTC quedarán sometidas, únicamente, en el ámbito urbano, a las limitaciones que establezca por el órgano competente en materia de transporte urbano en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica en relación a estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica.
Esta cuestión no acabará el próximo jueves con la posible convalidación del Real Decreto.
Ya desde Unauto VTC se estudia a fondo la normativa para la próxima batalla legal que tendrá dos escenarios, uno en Europa donde ya se ha denunciado «esta mala praxis» del Gobierno español y otra en el Tribunal Constitucional para lograr que un grupo de cincuenta diputados presente un recurso contra el citado Real Decreto Ley.
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