Con 31 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja aprobó este miércoles su informe con las enmiendas transaccionales aceptadas e incorporadas sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias.
El Sí corresponde a los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE, PP, Compromís y PNV.
Las formaciones políticas que apoyan esta reforma en el Congreso suman 301 diputados, de los 350 que componen la Cámara Baja, o lo que es lo mismo, un 86 por ciento del total de los votos.
En el Senado la suma es mucho mayor: 196 senadores de 208, el 94,2 por ciento del total.
La reforma, impulsada por una enmienda del PNV, contempla el regreso a la dedicación exclusiva de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, abandonando el sistema que impera desde diciembre de 2013, en el que 7 son a dedicación completa y los 13 restantes no.
Estos 7 con dedicación exclusiva componen la Comisión Permanente presidida por la máxima autoridad de la institución y que concentra en ella la mayor parte del poder, en detrimento del Pleno.
Por su parte, Ciudadanos votó en contra de la tramitación de esta reforma porque, según manifestó su portavoz de Justicia, Ignacio Prendes, «es una proposición de ley completamente distinta de la que se inició en la tramitación, ha cambiado desde el título hasta la última frase».
En opinión de Prendes, se ha hecho una «reforma encubierta» y «a hurtadillas, de calado que se ha cocinado en silencio y a las espaldas del personal, de magistrados, del órgano de gobierno de los jueces», teniendo en cuenta que la negociación se ha hecho tomando «las 50 enmiendas que el PP presentó en el último momento a su propia iniciativa para la recuperación de las licencias y permisos del personal de la Administración de Justicia».
Los partidos nacionalistas catalanes ERC y PDeCAT se abstuvieron si bien el informe incorpora algunas de sus enmiendas.
Derogar el Presidencialismo
El texto definitivo que será remitido al Pleno del Congreso de los Diputados para que el Senado pueda aprobarlo antes de finalizar el año quiere acabar, por tanto, con el «Presidencialismo» del CGPJ y devolver a sus 20 vocales la dedicación exclusiva.
Se trata de modificar la reforma de 2013 impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por la que solo el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los siete vocales que forman la Comisión Permanente tienen esta dedicación a ‘full time’.
Además, la composición de la Permanente, que tiene atribuidas las decisiones más relevantes del órgano de gobierno de los jueces, se propone por el propio presidente. También las propuestas, lo que le confiere un poder que ninguno de los 8 presidentes anteriores había tenido jamás.
Con esta iniciativa, el órgano que comience su andadura el próximo 3 de diciembre ya recuperará su estructura colegiada.
Vocales accesibles
La portavoz del Grupo Popular, María Jesús Moro, además de contestar a Ciudadanos, centró su intervención en comentar que al objetivo inicial de esta proposición de ley se han incorporado otras cuestiones como la limitación de mandatos o permitir una «relación fluida» de los vocales del CGPJ con el Congreso de los Diputados.
De esta forma, señaló Moro, los miembros del CGPJ podrán acudir a la Cámara «para explicar las cuestiones relevantes y de interés para la ciudadanía».
Moro destacó que «lo importante es el resultado final» del texto, que ha surgido del acuerdo y del «trabajo paciente».
Un argumento también defendido por Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE, que dijo que no importa de «dónde venga» la iniciativa siempre que se pueda «aportar algo para la mejora de la Administración de Justicia».
En la propuesta de reforma que llegará al Pleno la semana que viene se plantean, además, otras cuestiones como establecer la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el CGPJ.
Asimismo, se prevén mejoras en materia de conciliación en toda la Administración de Justicia, como los permisos de maternidad y paternidad, así como los derechos laborales perdidos en 2012 por la crisis económica y cuya recuperación reivindica jueces y fiscales. Otras de las medidas están relacionadas con los planteamientos del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para fijar las incompatibilidades en las ‘puertas giratorias’ de jueces que vienen de cargos de libre designación.
