Antes de acabar el año, el Ministerio de Trabajo pretende tener listo un plan de choque para el desempleo juvenil con idea de lanzarlo en 2019. Entre las medidas que incluye figura la contratación de 3.000 orientadores que ayuden a los jóvenes a buscar empleo.
El plan incluiría la creación de un estatuto del becario que protege sus derechos y un programa para ayudar a los emigrantes a volver.
La idea sería aprobarlo al inicio del 2019 con un escenario temporal para los próximos tres años.
La figura de estos orientadores laborales viene dada porque el 90% de los parados inscritos no recibe servicio de ningún tipo para salir de su situación. Es muy posible que gran parte de su financiación se logre con fondos europeos.
De hecho, la Comisión Europea ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la limitada capacidad de los servicios públicos españoles. Según sus cálculos, en 2015 había 211 parados por cada empleado del Sistema Nacional de Empleo, mientras que en Reino Unido había 24; en Alemania, 48; y en Francia 73. Sólo Grecia y Países Bajos tienen ratios peores que el español (245 y 216, respectivamente).
La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, explica la existencia de un gran consenso en la Mesa de Diálogo Social de Empleo, de la que ella forma parte, sobre esta iniciativa, que asegura que fue propuesta por este sindicato.
Por ello, CCOO acoge con satisfacción esta medida incluida por el Gobierno en su plan de choque y que permitirá que las plantillas de los Servicios Públicos de Empleo recuperen su personal para orientación laboral y acompañamiento y apoyo en la búsqueda y acceso al empleo, situándose en el mismo número de orientadores que en el año 2012, previo a los recortes ejecutados por el Gobierno del Partido Popular.
Desde este sindicato también agradecen que se apueste por un estatuto del becario para acabar con «los abusos» de las empresas sobre las personas en prácticas.
Un estatuto que garantice su tutorización; establezca los derechos y obligaciones de estudiantes, empresariado y centros de formación; el apoyo económico –beca- que percibirá el estudiante; así como los los límites del número de becarios para la realización de las prácticas no laborales por tamaño de empresa y la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Además, «para acabar con los abusos que sufren los jóvenes» en su acceso al mercado laboral, para el sindicato es de vital importancia convertir en laborales las prácticas no laborales extracurriculares, puesto que son la puerta para la precarización y el fraude en un mercado laboral que abusa y parece despreciar a los trabajadores y trabajadoras más jóvenes.
«Desde CCOO estamos convencidos que este modelo de prácticas no laborales únicamente buscan precarizar la transición de la gente joven de su etapa formativa a su primera experiencia laboral”, afirma Santillana.
“Para esta transición”, añade, “ya existen en nuestro marco de contratación laboral fórmulas adecuadas que ofrecen más calidad y derechos a la juventud, como son los contratos en prácticas».
Necesidad de orientadores especializados
Los jóvenes españoles «no pueden esperar más» y necesitan de forma urgente un «plan de choque» que consiga acabar con el desempleo juvenil y combatir la elevada precariedad laboral que sufre este colectivo, comentó recientemente la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.
Antoñanzas defendió hace unos días que el Gobierno tiene que dejar de lado las palabras y anuncios y pasar a la acción porque en la actualidad el «90 por ciento» de los contratos que se realizan en España son temporales y un alto porcentaje son a tiempo parcial.
Una precariedad que, a su juicio, el Gobierno tiene la responsabilidad de abordar claramente y sin mirar hacia otro sitio porque los «jóvenes están estancados». También reclamó la derogación de la reforma laboral e instó al Gobierno a que consiga la mayoría en el Parlamento para llevar a cabo las proposiciones de ley que presentó cuando estaba en la oposición y que iban en esta dirección.
En cuanto al programa de Garantía Juvenil creado en el 2014 por el Gobierno del PP para menores de treinta años, comentó que no se puede pedir al Ejecutivo que solucione todos los problemas que tiene y que UGT lleva años reclamando; sin embargo, le ha pedido que valore la batería de propuestas que ya ha puesto el sindicato sobre la mesa con el fin de convertirlo en un medio para acercar la realidad laboral a los jóvenes.
Desde UGT se ha reclamado en diversas ocasiones una regulación más eficaz de las prácticas laborales y académicas, una apuesta clara por la Formación Profesional Dual o la digitalización del mercado laboral.
Agentes sociales y Gobierno coinciden en que el intercambio de información y el «flujo de borradores» es muy fluido. Para las próximas semanas están previstas reuniones más técnicas, por lo que es de prever que los avances se aceleren.
Desde el Ministerio de Trabajo que ahora dirige Magdalena Valerio se pretende que dicha iniciativa dirigida a los jóvenes menores de 30 años se gestione lo antes posible ante la situación por la que pasa este colectivo. Es una de las prioridades de la nueva ministra, tal y como ha señalado en varias de sus comparecencias públicas.
Este plan habrá de consensuarse con las CCAA que tengan competencias en esta materia.
