Esta es la principal preocupación del Grupo de Trabajo de las Autoridades de Competencia españolas, compuesto por representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco.
Dicha preocupación se materializó en una declaración conjunta sobre la problemática de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC).
Para ellos dicho escenario podría desembocar en más de 8.000 regulaciones distintas a nivel local que romperían la unidad de mercado y vulnerarían los principios de necesidad y proporcionalidad existentes antes del Real Decreto-Ley 13/2018 de 28 de septiembre.
Este modificó la Ley 16/1987, de Ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento de VTC que prevé la posibilidad de que las Administraciones públicas autonómicas y locales regulen determinados aspectos de la actividad los vehículos con estas licencias.
En su declaración, las autoridades de Competencia recuerdan a las Administraciones Públicas autonómicas y locales que todas las medidas que adopten relativas al servicio VTC deben respetar los principios de buena regulación (fundamentalmente, necesidad, proporcionalidad y no discriminación).
Por ello, aconsejan que sería conveniente que toda regulación autonómica y local sobre el servicio VTC que se adopte se someta a informe previo de las autoridades de competencia.
Hay que recordar que el regulador del mercado (CNMC) que preside José María Marín Quemada ha respaldado en varias ocasiones públicamente a las empresas de servicios VTC, como Uber o Cabify, en la guerra que mantienen con el taxi, y ahora avisa que seguirá con atención las decisiones que se tomen en base a la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por este motivo, todos las autoridades de competencia se han unido para reforzar su supervisión sobre las nuevas regulaciones que se aprueben a corto y medio plazo en el sector y dar una respuesta «coordinada y uniforme.
En este escenario uno de los requisitos que proponen que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tengan en cuenta los informes previos de cada organismo regulador es una de las premisas clave.
La nueva normativa ha alterado el ámbito de las autorizaciones nacionales para prestar este tipo de servicio, determinando que habilitarán, exclusivamente, para realizar servicios de carácter interurbano. Al mismo tiempo establece un período transitorio de cuatro años durante el cual los titulares de estas autorizaciones podrán continuar prestando servicios en el ámbito urbano.
La alteración del ámbito de las autorizaciones nacionales permite, de acuerdo con el citado Real Decreto-ley, que sean los órganos con competencias en materia de transporte urbano quienes determinen las condiciones en que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, incluidos los que se realizan en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor.
El citado Real Decreto-ley habilita expresamente a las Comunidades Autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional, para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Asimismo, durante el período transitorio, el citado Real Decreto-ley prevé expresamente que los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor quedarán sujetos a las determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente en materia de transporte urbano, especialmente en aspectos relativos a estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica
El Real Decreto-Ley, que finalmente se tramitará como proyecto de ley, abre la posibilidad a la modificación de toda la Ley de Ordenamiento del Transporte Terrestre (LOTT), prevé que las licencias ya concedidas de VTC pasen a ser de ámbito nacional (solo podrán hacer trayectos entre ciudades) en un periodo de cuatro años.
Esa moratoria, es el tiempo que ha calculado Fomento para indemnizar a los poseedores de las licencias en lugar de hacerlo mediante pagos en metálico.
Medidas que respeten la libre competencia de los mercados
En este contexto, las autoridades de competencia señalan que las medidas que se adopten en aplicación del Real Decreto-ley 13/2018 de 28 de septiembre, por las autoridades autonómicas y locales deberán respetar el funcionamiento competitivo de los mercados.
La adopción de cualquier limitación o restricción que altere este funcionamiento deberá venir precedida de una ponderación de los intereses generales que se pretenden salvaguardar con tal restricción y aquellos otros intereses derivados de un funcionamiento competitivo de los mercados.
Ello se traduce en la aplicación de principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación en la regulación de las actividades económicas. El Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, ha sido convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión de 25 de octubre de 2018. El Pleno ha acordado tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
En la Declaración conjunta, se recuerda que la CNMC y las autoridades de competencia autonómicas son órganos consultivos a disposición de las Administraciones públicas autonómicas y locales para asesorarlas en el ejercicio de las competencias y potestades que el Real Decreto-ley citado les atribuye.
Además, en la reunión celebrada el lunes 29 de octubre, se ha acordado reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación al objeto de garantizar un enfoque coherente y dar la máxima consistencia entre las autoridades de competencia en el ejercicio de sus funciones en este ámbito.
