Instantánea de una de las últimas reuniones entre asociaciones y el equipo ministerial; de izquierda a derecha, Concepción Rodríguez, FJI, Ignacio González Vega, JJpD, Manuel Almenar, APM, Borja Sastre, director del Gabinete de la ministra, Dolores Delga, ministra, Antonio Viejo, secretario general de la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, directora general de la Administración de Justicia, Cristina Dexeus, AF, Emilio Fernández, UPF, Isidro González y Sofía González, director general de Modernización. MJ.
Dolores Delgado intenta desactivar la huelga de jueces y fiscales convocada para el 19 de noviembre
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08/11/2018 06:15
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Actualizado: 08/11/2018 11:42
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentó ayer desactivar la huelga convocada para el próximo 19 de noviembre por las 7 asociaciones de jueces y fiscales cogiendo el toro por los cuernos: reuniéndose con los representantes máximos de 5 de ellas -tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales declinaron asistir-, a los que trató de persuadir para convencerles de que estaban haciendo todo lo posible para responder a sus reivindicaciones.
Acompañada del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, la directora general de la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la directora general de Modernización, Sofía Duarte, Delgado reconoció que habían existido «problemas de comunicación» y que entendía que la organización de la Mesa de Retribución, basado en un «reglamento de actuación», no había sido una buena idea, por lo que procedió a descartarlo.
La ministra, según ha podido saber Confilegal de fuentes presenciales, «dejó caer» ante los representantes asociativos de jueces y fiscales, que, a la vista de la resolución del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y del clima social crispado, consecuencia de ello, quizá no era el mejor momento para llevar a cabo una huelga.
Los líderes de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Manuel Almenar; Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega; Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez; la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, escucharon con atención durante la reunión, que duró casi tres horas y media y que comenzó a las 12 del mediodía.
Durante el encuentro, se habló de fijar unos servicios mínimos, si finalmente se materializa la huelga; un tema que se dejó para otra reunión posterior, fijada para el lunes próximo a las 4 de la tarde en el Ministerio.
Si se llegara a ese acuerdo de servicios mínimos supondría un reconocimiento de facto del «derecho a la huelga de jueces y fiscales», algo que ningún ejecutivo anterior jamás ha admitido como lo prueba el hecho de que en la última huelga, celebrada el 22 de mayo pasado, no se descontó ningún emolumento al 60 por ciento de los que participaron en ella, miembros de las carreras judicial y fiscal.
En este caso, avanzaron desde el Ministerio, de realizarse, sí se haría un seguimiento y se descontaría el sueldo correspondiente.
De acuerdo con las asociaciones presentes, el mensaje que se les transmitió desde el Ministerio era que estaban haciendo todo lo posible «pero la situación era la que era».
Desde el punto de vista retributivo no iba a haber una subida lineal más allá de la pactada para los funcionarios; solo aquellas que «se puedan singularizar».
Y de los 7 millones de retribuciones adicionales pensados para retribuciones variables, complementos de destino según grupos de población y guardias de jueces y fiscales, nada de nada, porque Hacienda no lo ve posible.
«La llave la tiene Hacienda», sentenciaron.
AVANCES
La ministra Delgado adelantó que el próximo martes se derogaría en el Congreso de los Diputados el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limitó a seis meses el plazo para la instrucción en las causas penales, «lo que ha posibilitado espacios indeseables de impunidad».
También les explicó que, después de aprobarse en el Congreso, se estaba ultimando en el Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la recuperación de derechos laborales de jueces y fiscales tales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales.
«Se trata de logros sociales que habían sido cercenados por reformas acometidas por gobiernos anteriores», decía un comunicado que el Ministerio hizo público después.
Una reforma que la representante de FJI, Concepción Rodríguez, puso en tela de juicio al estar en desacuerdo con la prohibición de que se transcribieran a papel las grabaciones de los juicios, de la mayor disponibilidad de destino para los Jueces de Adscripción Territorial, la comparecencia ante el Parlamento no sólo del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, sino también de vocales, y el hecho de que los 12 vocales de procedencia judicial siguieran siendo elegidos por el Congreso y por el Senado en vez de serlo por los 5.500 miembros de la carrera judicial mediante elecciones libres y secretas, tal como aconseja el Consejo de Europa.
Sobre esto último, la ministra recordó a Rodríguez que una mayoría aplastante del Congreso de los Diputados estaba en contra de esa forma de elección y que la reforma afrontada iba a devolver al CGPJ su carácter colegiado y la dedicación exclusiva de los 20 vocales, acabando con el sistema presidencialista.
«La ministra y su equipo también han puesto sobre la mesa que ya se está tramitando la creación de 75 nuevas unidades judiciales en el año 2019. El ministerio ha enviado su propuesta a las comunidades autónomas y está a la espera de que respondan para continuar con la tramitación. Delgado ha resaltado el enorme esfuerzo para racionalizar la digitalización de la Justicia, así como la implantación de nuevas oficinas judiciales, aspectos en los que, antes de tomar decisiones, se está oyendo a todos los actores implicados», dice la nota que hicieron público ayer por la tarde.
«La directora general de Modernización, Sofía Duarte, recorre personalmente desde el pasado septiembre distintas sedes judiciales del territorio gestionado por el ministerio con el objetivo de conocer las deficiencias en el funcionamiento de los sistemas informáticos, los problemas organizativos y de personal e incluso las necesidades en los edificios judiciales. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, ha explicado que el nuevo equipo ha recuperado las relaciones institucionales y el diálogo con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. El nuevo clima ha permitido poner en marcha ‘en tiempo récord’ las oposiciones a 300 plazas de jueces y fiscales que se están celebrando desde el pasado 7 de octubre», añade.
«Delgado ha subrayado el logro de haber convocado esa mesa el pasado 27 de septiembre por primera vez en 15 años. La ministra ha explicado que el objetivo de ese foro –en el que se sientan, además de Justicia, los ministerios de Hacienda y Política Territorial; el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, y las distintas asociaciones profesionales- es singularizar los aspectos salariales propios de ambas carreras, como por ejemplo las guardias, la productividad o las diferencias retributivas en función del tamaño del grupo de población al que presten sus servicios», termina la nota.
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