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El Grupo Socialista registra una enmienda para evitar la «movilidad forzosa» de la LOPJ que enfadó a los funcionarios

Una enmienda de Podemos podría evitar el cierre de webs sin autorización judicial si sale adelante en la votación próxima.
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El PSOE registró este miércoles en el Senado, aprovechando el último día de plazo, una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se insta a mantener la actual redacción de su artículo 521 sobre ordenación del personal y su integración en la Oficina Judicial.

Con esta iniciativa registrada a través del Grupo Socialista en el Senado, el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado atiende la reivindicación de los funcionarios de no unificar en uno solo los centros de destino de cada municipio y no incorporar la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente, tal y como se recoge en la modificación legislativa que se está ultimando.

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En esta reforma, además, se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo. En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino. Y el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses.

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Antes de que el texto legislativo llegue al Pleno de la Cámara Alta, las enmiendas pasaran a la Comisión de Justicia para su estudio. Tras esto se remitirá de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

La «movilidad forzosa» es uno de los principales puntos de la reforma que ya pasó por el visto bueno del Congreso de los Diputados y de la discordia entre los funcionarios de la Administración de Justicia.

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El mensaje “No a la movilidad forzosa y arbitraria»encabezó la pancarta de la manifestación que puso punto final a la primera jornada de huelga de los funcionarios convocada de forma conjunta por los sindicatos el pasado 16 de noviembre con un seguimiento, según las organizaciones convocantes del 80 % de una plantilla de 54.130 en toda España -el 18,7 %, con datos del Ministerio de Justicia-.

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