La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas.
Como consecuencia de la operación hay 9 detenidos del total de 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas. Son presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
La mayoría de los implicados eran familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda que para hacerse con el dinero ocultaban a la Administración que el pensionista había fallecido.
Uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario.
Avanzada la investigación, que comenzó tras varias denuncias en diferentes puntos del país, la UDEF localizó casos similares en 17 provincias españolas -A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya- y cuantificaron casi 6 millones de euros como cantidad defraudada a la Seguridad Social.
Falsificaban documentos
Entre los motivos más comunes en los que se escudaban los defraudadores están el desconocimiento de su abono -pese a que hacían uso de ese dinero-, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.
El modus operandi de estos familiares, amigos o personas cercanas a los fallecidos era similar, hacían creer a la Administración que el pensionista seguía con vida con diferentes argucias para conseguir hacerse con los ingresos del mismo de forma irregular.
Con el fin de seguir cobrando la pensión todos los meses, los defraudadores falsificaban la fe de vida, la firma del fallecido y documentos mercantiles, además realizaban usurpaciones de identidad, usaban tarjetas de crédito o débito a nombre de los perecidos hasta su caducidad u ocultaban el fallecimiento haciendo creer que el difunto vivía en el extranjero.
Además, para no ser descubiertos en su entorno más cercano engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los fondos que manejaban.
Reintegros en efectivo de un empleado de banca y tarjeta de crédito compartida
Entre los casos más significativos, la Policía relata que en la provincia de Albacete, un empleado de una entidad bancaria, donde se ubicaba la cuenta del fallecido, habría cobrado de forma ilícita casi 10.000 euros. Para hacerse con el botín aprovechó su posición, señalan, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del pensionista en 2003 hasta 2017.
Otro caso significativo se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista.
La UDEF llegó a la conclusión de que la tarjeta bancaria de la pensionista había sido robada por un compatriota compañero de piso, quien a su vez compartía el número de la tarjeta con varios amigos suyos.
18 años cobrando y disfrazado de anciano
En la provincia de Málaga, fue investigado el cobro de más de 129.200 euros de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. Se habían realizado varios traspasos después del fallecimiento, lo que permitió identificar a varios familiares como los defraudadores.
Para poder seguir cobrando la pensión, aprovechaban el parecido de uno de ellos, que contaba con características físicas parecidas al pensionista, para hacerse pasar por el fallecido. Además, para la extracción de las prestaciones, se caracterizaba vistiendo ropa de persona mayor y portando como complemento un andador que le ayudaba a pasarse por el nonagenario pensionista.
En una gran parte de los casos los agentes han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas, con el fin de que los organismos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social puedan solicitar el embargo de los bienes que considere pertinente, o en su caso que el juzgado competente pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades generadas.
