Sánchez Gil, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.
La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional al exjefe de la UDEF por el “evidente” riesgo de fuga
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16/5/2025 10:54
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Actualizado: 16/5/2025 10:54
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil, detenido hace meses por narcotráfico y al que le localizaron cerca de 20 millones de euros ocultos en su casa.
La Sala desestima así el recurso de apelación que interpuso contra el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 el pasado 12 de abril.
El tribunal considera que existe un “evidente” riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, dada la gravedad de los hechos que se le imputan y los indicios existentes.
Sánchez Gil está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.
En su recurso, el exjefe policial alegaba no haber tenido acceso a los elementos esenciales de la causa, al igual que otro de los investigados, Ignacio Torán, quien fue excarcelado por esa razón.
Sin embargo, la Sala rechaza esta comparación. Según detalla en el auto, el recurso de Sánchez Gil se refiere a la resolución de abril que confirmó su ingreso en prisión, no al auto inicial que ordenó su encarcelamiento.
Además, señala que en el momento de dictarse la resolución recurrida, ya se había producido “el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones” y, por tanto, el investigado había podido acceder al contenido de la causa para formular alegaciones.
“Garantizado así el acceso a la mayor parte de las actuaciones, en modo alguno puede considerar que no se le permitió el acceso a los elementos necesarios para el pronunciamiento sobre la situación personal del investigado y para recurrir a la adopción de la prisión provisional”, sostiene la resolución.
En consecuencia, “no cabe hacer comparación alguna entre los motivos que determinaron la puesta en libertad de otro de los investigados y los que concurrieron para este, ni, por tanto, puede considerarse infringido el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley”.
Indicios sólidos de la implicación del exjefe de la UDEF
El tribunal recuerda que el auto de prisión recoge indicios sólidos de la implicación del exjefe de la UDEF en hechos presuntamente delictivos, concretamente por los cuantiosos pagos que habría recibido a cambio de servicios irregulares. Esta sospecha se ve reforzada, añade, por “el hallazgo de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo” en diferentes ubicaciones bajo su control.
En el registro de el domicilio del exjefe de la UDEF,se localizaron fondos ocultos en dobles techos, paredes, compartimentos camuflados e incluso en el jardín exterior.
Según la resolución, las cantidades intervenidas en su segunda residencia ascendían a 448.110 euros en efectivo, mientras que en los muebles de su despacho en la Jefatura Superior de Policía de Madrid se hallaron 896.400 euros también en metálico. El volumen total fue objeto de “recinto judicial” al ser imposible su recuento inmediato por su magnitud.
Para la Audiencia, la finalidad de la prisión provisional está plenamente justificada en este caso. “Difícilmente pueden corresponder [esas cantidades] a la percepción de su retribución como funcionario”, razona la Sala, y su ocultación constituye un indicio de su origen ilícito.
Además, el tribunal subraya que la posible pertenencia de Sánchez Gil a una organización criminal y los fondos que parece manejar podrían facilitar su huida al extranjero o su ocultación dentro del territorio nacional.
A este respecto, concluye: “Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España con la finalidad de evitar enfrentarse a la imposición de graves penas de prisión. Y su arraigo familiar no constituiría un freno importante para evitar ese riesgo, dadas las consecuencias sociales y profesionales que puede acarrearle una condena por hechos de tal gravedad al ser cometidos por un funcionario público”.
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