La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha presentado un escrito firmado por su Secretariado Permanente en el que pide a los cuatro Grupos Parlamentarios -Socialista, Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos- la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Este precepto establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
Vía de urgencia y necesidad para derogarlo antes del 6 de diciembre
Precisamente, la UPF avisa de que el próximo 6 de diciembre vence el plazo máximo de 36 meses fijado para instruir las causas complejas incoadas antes de la entrada en vigor del artículo 324 LECrim.
En su escrito los fiscales señalan que, además de ser una fecha «perentoria para nosotros» supone «una amenaza para la efectiva reparación de todas las víctimas».
Mantienen que «ese riesgo cierto de impunidad» que la UPF ha denunciado desde su entrada en vigor «justifica sobradamente la urgencia y necesidad que el artículo 86 de la Constitución Española exige para derogar el artículo 324 LECrim por la vía del Real Decreto-ley».
«Es conocido el interés de todos los operadores jurídicos y, en particular, de la Carrera Fiscal» en la derogación de los plazos de instrucción, cuestión sobre la que también se ha manifestado contraria en diferentes ocasiones la fiscal General del Estado, María José Segarra, miembro de esta asociación junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Y como reconocen que «el procedimiento legislativo común para su derogación está agotado», piden acudir «necesariamente» al Real Decreto-ley «ante la extraordinaria y urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad que el articulo 324 LECrim implica».
Desde la UPF «apelamos a la responsabilidad parlamentaria en aras a disponer de una legislación procesal que permita a jueces y fiscales perseguir la delincuencia, con medios adecuados y sin medidas legales que generan incuestionables disfunciones en la Administración de Justicia pero, sobre todo, conllevan un inequívoco riesgo de impunidad», añaden en su escrito.
Recuerdan a los políticos las iniciativas legislativas
Los fiscales recogen en su escrito las tres iniciativas legislativas presentadas en la actual Legislatura para reformar este polémico artículo por parte de Ciudadanos, Grupo Socialista y Unidos Podemos.
En concreto, la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, presentada por Ciudadanos el pasado 15 de septiembre de 2016; la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Grupo Parlamentario Socialista presentada el 20 de julio de 2016; y otra Proposición de Ley de idéntico enunciado presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el 13 de marzo de 2017.
A estas iniciativas legislativas, añaden el que consideran «compromiso expreso, claro y terminante» en favor de la derogación asumido por Pablo Casado, ante los representantes de las siete Asociaciones de Fiscales y Jueces en la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de septiembre de 2018.
