Este miércoles, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tratará la concesión de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, a título póstumo, al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Elevarán esta propuesta al Ministerio de Justicia que es quien concede estos reconocimientos.
Es la forma en la que el órgano de gobierno de los jueces ha querido visualizar la que reconocen «destacada e importantísima labor» de este magistrado.
Sunyer, hasta su muerte a los 71 años el pasado 4 de noviembre, estuvo investigando desde principios de 2017 los acontecimientos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de ese año.
El juez Ramírez Sunyer fue quien ordenó el registro el 20 de septiembre de las Consejerías de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), así como de 40 despachos y domicilios y la detención a 16 altos cargos de la Generalitat.
Los indicios recogidos por el magistrado ese 20 de septiembre fueron fundamentales para la instrucción de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo.
Esta actuación judicial desencadenó la protesta de unas 40.000 personas a las puertas de Economía, organizados por las asociaciones separatistas Omnium Cultural y ANC.
La violencia que según la Fiscalía se desplegó en aquella jornada ha servido de base para la querella por rebelión que se tramitó en el Tribunal Supremo contra los cerca de 20 exmandatarios indepedentistas, que serán juzgados próximamente.
Hoja de ruta del independentismo
En la vivienda de Josep María Jové, secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat que ostentaba Oriol Junqueras, se incautó el documento “Enfocats”, hoja de ruta hacia la independencia.
También se incautó una agenda en la que se recogían las reuniones secretas mantenidas con ese fin por los responsables.
Como consecuencia de ese documento, Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y “los Jordis”, Jordi Sánchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Òminum Cultural, están prisión y van a ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, junto con 8 exconsejeros más, por delitos que van desde la rebelión, pasando por la malversación y la desobediencia.
La investigación del juez de Barcelona arrancó a raíz de las declaraciones en febrero de 2017 del exjuez y entonces senador de Esquerra Republicana de Cataluña Santiago Vidal, que aseguró que la Generalitat presidida por Carles Puigdemont, para impulsar el referéndum, tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y un listado de los jueces afines al proceso independentista. Les siguieron dos denuncias, la de VOX y la del abogado Miguel Durán.
