Pablo Delgado, abogado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, afirma que existen «sobradas razones» para que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción para abrir una investigación al expresidente de la Generalitat por los supuestos delitos de fraude en los contratos con el gobierno autonómico y prevaricación.
Es una cuestión que «está jurídicamente cerrada por la inmensa relación de autos que los Jueces y Magistrados emitieron en su momento en contra de la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PSOE», afirma en un comunicado hecho público tras conocer que la mencionada Fiscalía ha presentado un escrito solicitando investigar a Camps en la causa sobre los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel.
Delgado dice que desde el comienzo del proceso llamado ‘Gürtel’, la Fiscalía Anticorrupción ha intentado imputar a Camps en las adjudicaciones a Orange Market, sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’.
Y lo ha hecho tanto ante el juez de instrucción que investigó el caso de los trajes -en el que Camps fue absuelto por un tribunal popular, decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo- como ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
SIETE AUTOS RECHAZARON LA PETICIÓN DE IMPUTAR A CAMPOS
El abogado señala que el juez instructor rechazó tal pretensión en cuatro autos: el del 29 de mayo, el del 6 de junio, el del 14 de julio y el del 16 de julio de 2009; lo mismo hizo el TSJCV en tres autos, uno de 19 de junio de 2009, y dos de 25 de mayo y 4 de julio de 2011.
Delgado recuerda, además, que el 26 de mayo de 2009 37 altos cargos de la Administración Autonómica negaron haber recibido instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del Juez Instructor; algunos de esos altos cargos se incluyen personas que pueden ser llamados a declarar por la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
De la misma manera, trae a la memoria el hecho de que en el juicio oral por los trajes, «todos los testigos, altos cargos de la Administración Autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas».
«Y en la Instrucción de esta causa nuevamente se ha negado que por parte de nadie se haya recibido instrucción alguna para la toma de decisión del órgano de contratación correspondiente», añade.
El letrado agrega que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma «justificando la legalidad del procedimiento».
Por ello, concluye que hay «sobradas razones» para que de las declaraciones de un procesado en la causa en la financiación del PP «en las que además no hace referencia alguna a las contrataciones de la administración», el juez instructor, que no es el que instruyó la causa en Valencia, «rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción».
