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Pese al protocolo de medidas cautelares de la ONU los desahucios en España se disparan a 166 diarios

Colectivos antidesahucios como la PAH, Amnistía Internacional, Fundación del CGAE se unen para crear una Guía explicativa del protocolo PF-PIDESC del Comité DESCDe izqda. a dcha.: Javier Rubio, abogado, Richard Rodríguez, ciudadano amparado por el protocolo de la ONU, Paco Morote, de la Plataforma 'Afectados por la Hipoteca' y Marta Mendiola, de Amnistía Internacional.
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Volvemos a los niveles de hace diez años. Este 2018 acabará con cerca de 45.000 desahucios, según los datos que manejan colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). No obstante, desde hace un año, en este negro panorama, se ha abierto una vía relacionada con la petición de medidas cautelares al Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales) de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

En este entorno la PAH, Stop Desahucios, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y Amnistía Internacional, presentaron este miércoles en Madrid una guía de «buena praxis» para conocer dicho protocolo y beneficiarse de las medidas cautelares que pudieran detener el desahucio.

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Fue Javier Rubio, abogado de la PAH Madrileña y de CAES, quien explicó por qué se ha creado esta publicación que estará publicada en la web de las entidades implicadas en esta iniciativa. En su intervención comentó que es  una guía «sencilla, accesible y gratuita» que pretende «servir de ayuda» para un uso «adecuado» de las solicitudes de medidas cautelares al Comité DESC.

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En primer plano la Guía presentada y en el fondo de la imagen, el abogado Javier Rubio.

Rubio explicó que el Comité se ocupa del cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 (PI-DESC), «incluso anterior a la Constitución». Gracias al Protocolo PF-PIDESC pueden resolverse procedimientos internacionales  por vulneración de derechos. Fue suscrito por España en 2008 y está en vigor desde mayo de 2013.

Según el artículo 5 de ese Protocolo, el Comité DESC puede adoptar la suspensión o «medida provisional» de una decisión estatal si con ello evita un daño grave e irreparable en alguno de los derechos denunciados.

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Dado que el derecho a la vivienda está recogido en el artículo 11 del PI-DESC como Derecho Humano, las víctimas de vulneraciones pueden solicitar la adopción de medidas cautelares, por las que el Comité remite a España una orden de suspensión del desalojo mientras no se provea al afectado de una alternativa habitacional digna.

Los jueces no conocen el protocolo de la ONU

Desde el Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dado poca información sobre este protocolo a los jueces y pese a ser un tratado internacional de cumplimiento como el resto, según se indica en los artículos 10.2 y 96 de la Constitución, pocos jueces lo hacen una vez reciben la notificación del Comité DESC.

Para Rubio, “es fundamental crear mecanismos procesales para que realmente este protocolo pueda aplicarse de manera más ágil y evite el drama de los desahucios que vivimos a diario”.

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La guía presentada este miércoles enumera los casos en los que se debería utilizar esta herramienta, pero las plataformas que la han redactado aconsejan que se use como «último recurso», tras haber agotado todos los recursos e instancias judiciales.

También se explica la abundante documentación que se debe presentar para que desde este Comité de la ONU se tenga a bien pedir las medidas cautelares que detengan el desahucio.

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Otra recomendación que hicieron los precursores de este manual antidesahucios es que la documentación se envíe con más de 10 días de antelación a la fecha del desahucio, ya que una vez que el Comité la examine, contestará en un plazo de entre 4 a 6 días.

“Creemos que lo lógico es que la Abogacía del Estado se personase en cada procedimiento y suspender la ejecución pero lo hace”, señaló.

En estos casos admitidos, unos ochenta en total, la tramitación del caso puede prolongarse entre 1 y 3 años ya que se inicia un litigio entre España -que se persona a través de la Abogacía del Estado- y el Comité. Y de momento las personas afectadas viven en un limbo legal sin lograr ningún alquiler social y pendientes que en cualquier momento puedan ser desalojados de su vivienda, una situación de inseguridad jurídica notable”, apuntó Rubio.

Por su parte, Paco Morote, portavoz estatal de la PAH, explicó la necesidad de esta guía explicativa teniendo en cuenta que «en nuestro país el derecho a la vivienda recogido en artículo 47 de la Constitución es de segunda y siempre está ligado al nivel de renta”.

Recordó que en el Congreso de los Diputados lograron introducir la Ley de Vivienda de la PAH, como solución a la situación existente “pero los bloqueos de PP y Ciudadanos no la hacen avanzar”.

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Desde su punto de vista, la situación vuelve a ser dramática “al carecer nuestro país de vivienda social, como en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Austria que disponen del 20% del total, mientras que en nuestro país, solo supone el 1%”.

Todos los intervinientes subrayaron la decepción con el actual Gobierno que en estos meses no ha puesto en marcha ninguna medida para frenar esta coyuntura. “La futura reforma hipotecaria no soluciona nada. Al contrario muchas cláusulas abusivas se van a blanquear y estarán de nuevo en los préstamos hipotecarios”, advirtió.

Para Marta Mendiola, representante de Amnistía Internacional España, “no cabe duda que este país vive una crisis grave sobre el derecho a la vivienda, donde para muchas familias tener acceso a una vivienda es un lujo inasumible”.

Y recordó que no parece lógico que nuestro país tenga un parque de 3,4 millones de viviendas vacías sin utilizar mientras que muchas familias se quedan literalmente en la calle. “Sabemos que el Defensor del Pueblo en funciones ha abierto una investigación sobre el poco caso que hace el Gobierno Español del Comité DESC y sus pronunciamientos. Estaremos vigilantes en este entorno”.

A su juicio, es necesario una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan frenar los desalojos “y sobre todo analizar la situación de quién hay en ese tipo de situaciones».

También reclamó al CGPJ y al Ministerio de Justicia más trabajo de difusión sobre este protocolo del Comité DESC. “Este es un trabajo que debería hacer la Administración y lo estamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de un tratado internacional que España no está cumpliendo”.