La Sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a tres años de cárcel y 16 años de inhabilitación al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos Garrido (PSC) por dos delitos de tráfico de influencias en 2012, cuando gobernaba el municipio. En concreto, por ordenar a la Policía Local a que retirara dos multas a familiares.
También le ha impuesto una multa de 800 euros y que abone 400 euros al Ayuntamiento de Sabadell, de forma solidaria con el exjefe de la Policía Local, Josep Miquel Durán.
A éste último también lo ha condenado a 15 meses y un día de prisión, y a 11 de inhabilitación para cargo público por un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación administrativa.
Por el contrario, ha absuelto al excoordinador del Área de Espacio Público del Ayuntamiento Xavier Izquierdo del presunto delito de malversación de caudales públicos del que se le acusaba, al no haber podido probar que pagara una de las multas con dinero público, como había dicho en una conversación telefónica intervenida.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Ya es la segunda condena que Manuel Bustos tiene por la investigación del ‘caso Mercurio’ sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento. En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) lo sentenció a un año y cuatro meses cárcel por ‘enchufar’ a un cargo del tripartito, una pena que fue confirmada por el Supremo, y por la que no entró en la cárcel.
Las gestiones del exregidor sobre las multas se destaparon en las intervenciones telefónicas que autorió el juez que investiga el citado caso.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Confilegal, está fechada a 11 de diciembre. El tribunal está formado por Montserrat Comas D’ Argemir, Jose Antonio Lagares Morillo y por Vanesa Riva Anies.
LOS HECHOS PROBADOS, SEGÚN LA SENTENCIA
Los magistrados consideran probado que el 28 de marzo de 2012 el inspector del servicio municipal de grúa multó el vehículo de la esposa del exalcalde con 200 euros por estar estacionado en una parada de autobús, frente a la guardería de su hijo.
Bustos llamó a Josep Miquel Durán, que era intentende de la Policía Local, y por tanto, subordinado, «y aprovechando dicha condición, le contó el incidente que acababa de ocurrir sugiriendo que había que arreglar el tema de la multa, ya que no estaba dispuesto a abonar el importe de 200 euros que suponía la sanción, y que una vez solucionado se pusiera al día siguiente en contacto con su esposa».
El intendente de la Policía «asintió y le dijo que como siempre tenía razón, que no se preocupara que lo arreglaría».
El tribunal considera que el intendente, «sabiendo que podía hacerlo y como superior de todos los policías locales, influyó en otro funcionario para que procediese a anular la multa», de modo que «se abusó de la situación de superioridad puesto que la orden respondía a un interés espurio».
Tres meses más tarde, el 22 de junio, la grúa municipal se llevó el vehículo de la exesposa de Bustos que sus dos hijos habían estacionado en una zona de carga y descarga, y la grúa se llevó el coche e impuso una sanción de 200 euros.
El alcalde volvió a llamar a Durán y «aprovechándose de su superioridad jerárquica, le pidió que se ocupara del tema», a lo que éste le contestño que así lo haría.
Entonces dijo a sus hijos que fueran a la Jefatura de la Policía Local, que el intendente «estaba detrás del tema». Una vez allí, un agente hizo los trámites necesarios para sacar el vehículo del depósito y para hacerlo, el intendente pagó la tasa de la grúa, que costó 133,50 euros.
El tribunal indica que no está acreditado que el dinero procediera de la caja de anticipos de titularidad pública que se encontraba bajo custodia de Josep Miquel Durán.
Después, el intendente trasladó al entonces alcalde que «todo estaba arreglado» y que «interpondrían un recurso para que sus hijos no tuvieran que abonar candidad alguna, con lo que Manuel Bustos le dio las gracias».
Éste elaboró un informe con alegaciones a la sanción y el 2 de agosto, el servicio de multas de Sabadell la anuló.
En el juicio, que se celebró el pasado junio, el exalcalde declaró que nunca dio instrucciones para que le retiraran multas de tráfico a él o a sus familiares.
«En ningún caso me aproveché de mi condición de alcalde», aseguró.
