«No hay un hecho concreto ni un fundamento jurídico que sostenga está imputación. La fiscal anticorrupción, Myriam Segura, al igual que ocurriera con la causa de los trajes que nunca determinó, ahora intenta de la misma manera, tal y como refiere el Auto del Instructor señor de la Mata, imputar al señor Camps hechos que nadie ha referido en diez años de instrucción», afirma el letrado Pablo Delgado, abogado del expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps.
«Esta imputación» adolece de una «falta de rigor jurídico y fáctico».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 4 de diciembre pidió que se le abriera una investigación a Camps por los presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat valenciana con empresas de la trama Gürtel, y más específicamente sobre la adjudicación a Orange Market de un contrato de la feria turística Fitur 2009, conocida como «pieza número 5».
El magistrado De la Mata quiere aclarar si Dora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, recibió indicaciones de sus superiores, y en concreto de Camps, para dársela a Orange Market.
Delgado sugiere, sin articularlo en palabras, una intención persecutoria hacia Camps por parte de dos fiscales
«Recordamos que desde el comienzo del proceso llamado ‘Gürtel’, las fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell intentaron que el juez que instruyó la causa de los trajes imputara a Francisco Camps en esta causa sobre adjudicaciones a la mercantil Orange Market. Tal pretensión también la llevaron a la Sala del TSJ Comunidad Valenciana», explica Delgado.
«El juez instructor rechazó en cuatro autos tal pretensión, autos de 29 de mayo, del 6 de junio, del 14 de julio y del 16 de julio de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó igualmente tal pretensión mediante los Autos de 19 de junio de 2009 y mediante los autos del 25 de mayo y del 4 de julio de 2011», añade.
Para el abogado defensor, esta cuestión «está cerrada jurídicamente».
De acuerdo con el letrado, el 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la Administración Autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de las fiscales anticorrupción reseñadas y del juez instructor.
«En el juicio oral celebrado con motivo del asunto de los trajes todos los testigos, altos cargos de la Administración Autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas. Ninguna de las personas llamadas como testigos o imputados en esta excepción procesal a Camps ha dicho, indicado, apuntado, ni someramente referido que haya recibido encargo alguno para adjudicar tales stands a aquella mercantil», cuenta Delgado.
Las declaraciones de investigados fueron aclaratorias de la legalidad del procedimiento, exquisitas, concretas y coherentes, desde su punto de vista.
Delgado también recuerda que en las actuaciones consta que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma. En el mismo se justificó la legalidad del procedimiento.
Los funcionarios actuaron correctamente en un procedimiento que se ha prolongado más de nueve años por culpa de las indebidas dilaciones.
Delgado señala, asimismo, que la fiscal anticorrupción Segura «interrogó como testigo a Francisco Camps en el reciente juicio oral sobre la financiación de las campañas electorales», después de que se produjeran las declaraciones de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, Francisco Correa, Pedro Crespo y Álvaro Pérez.
«El juzgador no dedujo testimonio de lo actuado para aperturar causa o no advirtió la posible comisión de irregularidad alguna en orden penal sobre los particulares que ahora pretende reabrir», concluye el abogado de Camps.
