El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor del ‘Caso iDental’, ha citado este martes a las 13:00 horas a los responsables de sanidad de las Comunidades Autónomas para pactar la forma en que los afectados por la estafa de las clínicas low cost iDental podrán recibir el tratamiento que necesiten ya que las prestaciones son diferentes dependiendo de los territorios.
Y es que, si tenemos en cuenta que los tratamientos se pagaban por adelantado con un sistema de financiación a través de entidades bancarias y no bancarias y que el cierre de las clínicas en toda España se produjo de un día para otro entre los meses de abril y junio de este año, muchos de los pacientes se quedaron sin dientes y sin dinero para poder acudir a otro profesional y afrontar otro tratamiento.
Son 14 las Comunidades Autónomas donde hay pacientes afectados. Se libran Baleares, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El pasado mes de septiembre, De la Mata tuvo una primera reunión con las Comunidades en la Audiencia Nacional para coordinar la custodia de historias clínicas de los pacientes y otros detalles de la macrocausa.
La atención bucodental en las CC.AA
Hasta ahora, el protocolo pactado que deben seguir los afectados es acudir al médico de atención primaria que les deriva a un médico forense para constatar los daños causados por el tratamiento negligente. En caso de haberlos, se les remite a un odontólogo forense y después, pueden comenzar a recibir tratamiento si lo requieren.
Sin embargo, según en qué Comunidad Autónoma residan, se encontrarán con que las prestaciones de la atención bucodental que tienen cubiertas en el caso de los adultos difieren significativamente. Esto en la práctica quiere decir que habrá pacientes que no podrán acceder a la atención médica que necesitan en el sistema público.
Esta atención tiene como referente para sus prestaciones el RD 1030/2006 de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud e incluso algunas Comunidades tienen legislación específica.
Además, dependiendo del territorio se han desarrollado modelos asistenciales tanto públicos como mixtos. Estos últimos articulados con parte de provisión pública y otra de provisión privada con financiación pública donde las prestaciones básicas se realizan en el sistema público, mientras que las especiales las realizan dentistas privados, algunas a precio tasado y otras con precio libre.
La conclusión es que los tratamientos odontológicos de adultos no son universales, solo lo son los infantiles. De ahí que De la Mata haya citado a la administración para ofrecer una respuesta uniforme a todas aquellas víctimas de la macroestafa que han sufrido daños graves.
Piezas separadas
El juez De La Mata, que instruye el caso desde el pasado mes de julio, ha decidido estructurar el caso abriendo piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados bien sean individuales o grupales.
Hasta ahora suman más de 1.500.
Investiga si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
También ha abierto una pieza separada para cada una de las víctimas que ya superan en la causa más de 8.000. Sin embargo esta cifra podría aumentar hasta 400.000 personas en toda España.
De momento, se han personado como acusación popular las organizaciones de consumidores Facua y OCU, que puede acabar ejerciendo de acusación particular por haber aportado denuncias de afectados, así como el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos.
