Los líderes separatistas pedirán declarar en catalán en el juicio del procés

Además, han cuestionado la instrucción del caso, la «judicialización de un problema político» y han acusado a la Fiscalía de hacer una «confección artificial» de lo ocurrido con el 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia de 2017 para forzar un juicio en Madrid.

La vista, que tiene lugar en la Sala de Plenos del Supremo, se celebra ante un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena.

Están presentes las defensas, los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la Abogacía del Estado y VOX, que ejerce la acusación popular en el caso.

Varias de las defensas han anunciado que solicitarán que sus clientes declaren en catalán en el juicio. Así lo ha dicho, por ejemplo, el abogado Jordi Pina, que defiende a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y al líder de la ANC, Jordi Sánchez.

Pina también ha subrayado que los hechos se concentran en el 20 de septiembre del pasado año y la celebración del referéndum del 1 de octubre, ambos ocurridos exclusivamente en Cataluña.

Ha reconocido que el escrito de la Fiscalía habla de que la preparación del referéndum requería acciones que se celebraron fuera del territorio catalán, como fueron la actividad del Diplocat, la creación de un registro de votantes en el exterior, la gestión de locales para votar fuera, la intervención de un ‘lobby’ estadounidense, y la creación páginas web alojadas en otros países, así como la participación observadores internacionales.

No obstante, ha subrayado que ninguna de dichas actividades conforman los elementos típicos de la rebelión -un alzamiento violento o tumultuario-, sino que son simples actos preparatorios que no pueden integrarse en este tipo delictivo.

«Lo lógico es que nos centráramos en los delitos que tienen pena mayor, como el de rebelión, y si no integran estos hechos el tipo, la competencia no puede ser del Tribunal Supremo», ha afirmado Pina, que ha extendido esta mismas carencias al delito de malversación que se atribuye a sus defendidos.

En este segundo caso, ha puesto de manifiesto que no hay en los escritos de acusación «la más mínima referencia» a que los acusados hayan participado en ninguno de los hechos relativos al Diplocat o a los registros en el exterior, que se atribuyen además a otras personas que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En el escrito, los acusados no aparecen tampoco ni como inductores ni autores de comisión por omisión de esa malversación, ha apuntado Pina, que ha incidido que en todo caso los acuerdos para realizar dichos trabajos también se adoptaron dentro del territorio de Cataluña».

También ha comparado esta causa con el juicio por la consulta del 9-N que se celebró en el TSJC, donde se aportaron como prueba fotografías de votos en el exterior «y allí a nadie se le ocurrió que la competencia fuera del Supremo».

Con estos argumentos ha coincidido Van Den Eydenel, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, que ha manifestado en su comparecencia que la mayor parte de la Instrucción en el Supremo ha consistido en un volcado de la realizada por el Juzgado número 13. «El proceso no ha seguido las reglas del proceso debido», ha dicho.

«Se ha producido una confección artificial del procedimiento que tiene que ver con derechos fundamentales», ha indicado Den Eyden, ya que la consecuencia es que los acusados ven vulnerados su derecho a una doble instancia, pues la condena en el Supremo no podrá ser revisada en una instancia superior. «No se recoge ningún hecho extraterritorial, no se ha investigado ningún acto internacional», ha subrayado.

En parecidos términos se ha pronunciado Marina Roig, la abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien ha comenzado su intervención aludiendo al discurso que dio el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en el acto de apertura del año judicial en septiembre de 2017, pocas semanas antes del referéndum ilegal.

Ha recordado que Lesmes habló de la «indisoluble unidad de España», tal y como establece el Artículo 2 de la Constitución, pero ella ha puesto por delante el artículo 1 al considerar que «los derechos fundamentales están muy por encima de la unidad de España y no pueden ser sacrificados por mucho que los poderes del Estado tengan un sentimiento patriótico mal entendido». «Este proceso es la judicialización de un problema político», ha expresado.

Además, ha recriminado que durante la instrucción no se solicitó ninguna comisión rogatoria, y que la Fiscalía haya utilizado en su escrito de acusación entrevistas y artículos publicados en prensa internacional para argumentar la dimensión internacional del ‘procés’.

Judith Gené, defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn, ha incidido en que «no puede ser» que el pago de 50.000 euros en una sucursal del BBVA en Bruselas y que «la actividad de las delegaciones en el exterior» sean circunstancias que el tribunal tenga en cuenta para «arrastrar» la causa al Supremo.

Olga Arderiu, la letrada de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha reprochado a las acusaciones que atribuyan a Forcadell el delito de rebelión cuando su actuación «fue exactamente la misma que el resto de miembros de la Mesa», los cuales están acusados de desobediencia, delito que tiene una condena prevista de inhabilitación y no de cárcel.

Este último ha evidenciado que su defendido, parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, es una «rara avis» en este proceso porque su formación no tiene postulados independentistas, y ha denunciado que se le introdujera en la causa por un par de votaciones favorables a llevar al Pleno del Parlamento catalán determinadas resoluciones y se dejara fuera otras «netamente contrarias a tesis independentistas».

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