Dicen que lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad. Así que voy a explicarlo con toda claridad.
Si España fuera un estado fascista, y, por lo tanto autoritario y dictatorial, no se habría retransmitido por televisión, desde el Tribunal Supremo, la vista del artículo de previo pronunciamiento sobre el proceso contra los 18 acusados de delitos que van desde la rebelión, la sedición, la malversación de fondos público y la desobediencia.
Se habría celebrado a puerta cerrada.
Si la justicia española fuera una justicia fascista, tampoco estaría facilitando la señal «pool» a todos las televisiones, nacionales y extranjeras, que lo hubieran solicitado. Y mucho menos se podría estar viendo por «streaming», en directo, sin cortes, a través de lavanguardia.com, como ya se hiciera en el juicio del 11-M.
Los periodistas habríamos tenido muy difícil enterarnos de lo que hubiera pasado dentro y mucho menos podríamos haberlo publicado.
La justicia española es una de las pocas justicias europeas que no solo permiten la retransmisión de los juicios en directo sino que además son sus servicios internos los que facilitan esa señal, como bien nos tiene acostumbrada la Audiencia Nacional, por poner un ejemplo.
Alemania, por ejemplo, lo prohíbe expresamente. Igual que Francia. Lo permitió, en su momento, para un solo juicio, el del Klaus Barbie, «el carnicero de Lyon», jefe de las SS en esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.
En la Corte Suprema de Gran Bretaña se permiten las cámaras de televisión desde 2011 para fomentar la confianza en la justicia. En el Tribunal Supremo de España ocurre desde 2006.
Si aquí reinara el fascismo ninguno de los 226 periodistas acreditados, de 70 medios de comunicación, jamás podríamos haber estado siguiendo desde la Biblioteca del Tribunal Supremo y desde el Salón de Actos del Alto Tribunal las intervenciones de los abogados de los procesados, haciendo nuestro trabajo.
ESTARÍAMOS EN LA CÁRCEL
Si esto fuera un estado fascista, como muchos separatistas afirman a boca llena, muchos de ellos y muchos de nosotros, informadores, estaríamos en la cárcel.
Porque no existiría el derecho a la libertad de expresión, ni el derecho a la información, ni el derecho de manifestación, ni la libertad ideológica. Derechos que tenemos gracias a la Constitución, la «madre» del Estatuto de Cataluña y la fuente de la legitimidad de la Generalitat.
Tampoco Andreu Van den Eynde, ni Jordi Pina, ni Olga Alderiu, ni Judith Gené, ni Marina Roig, ni Mariano Bergés, ni Josep Riba, ni Carles López, ni Joan Segarra, todos ellos abogados de los 18 procesados, habrían podido exponer las razones por las que creen que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no es competente para enjuiciarlos.
Vulneración del derecho a la segunda instancia, vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, vulneración del derecho al recurso, vulneración del derecho a la dignidad de la persona, causa general, negación de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, argumentaron en mayor o menor medida.
La única «restricción» que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, les puso fue un límite de 20 minutos a cada uno.
Tiempo del que hicieron uso libremente.
Jamás un estado fascista, franquista, dictatorial y autoritario habría permitido este ejercicio de transparencia pública. Al contrario.
Una transparencia fomentada por el propio tribunal enjuiciador, que ha optado por «luz y taquígrafos», aún a sabiendas de la manipulación que se va a poder realizar con sus imágenes, aprovechando la escenografía grandiosa del Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
Es evidente que España no es un estado fascista.
Esta es la prueba.
Pero muchos seguirán afirmando lo contrario.
Y habrá muchos que lo sigan creyendo.
¿Saben de verdad lo que es el fascismo? Tengo serias dudas.
