Informa que en las últimas semanas se ha registrado un alto número de bajas y que el organismo trabaja para dilucidar si se encuentra ante una huelga encubierta./ EP
Instituciones Penitenciarias advierte de responsabilidades penales ante las bajas médicas ‘masivas’ de funcionarios
CSIF pide la dimisión de Marlaska por "poner en duda la profesionalidad del colectivo"
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19/12/2018 15:33
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Actualizado: 19/12/2018 15:33
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El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avisado hoy de que las bajas médicas de funcionarios de prisiones que no sean reales conllevarán responsabilidades penales.
Ortiz ha informado en una entrevista en Onda Cero que en las últimas semanas se ha registrado un alto número de bajas y que el organismo trabaja para dilucidar si se encuentra ante una huelga encubierta.
Ha recordado que los sindicatos de trabajadores penitenciarios ya plantearon una «semana de la salud» para diciembre.
«Estamos comprobando si las bajas masivas son reales o no y depurar responsabilidades. Si fueran premeditadas podría haber responsabilidades penales», ha señalado.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha explicado que en algunos casos se están presentando las bajas medicas, mientras que en otros se está a la espera de recibirlos.
Según ha dicho, las cárceles de Andalucía y la Comunidad Valenciana han sido las que más bajas han registrado en la última semana, en medio del conflicto laboral que afecta a este sector y que llevó el pasado noviembre a los funcionarios de prisiones a hacer huelga.
El sindicato CSIF ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «poner en duda la profesionalidad del colectivo».
«En lugar de amenazar, deberían coger el toro por los cuernos, sentarse a negociar y afrontar las necesidades estructurales de la Administración», ha reclamado en un comunicado.
Los funcionarios de prisiones, que vigilan y custodian a más de 59.400 presos en España, hicieron huelga en noviembre, “hartos de su precaria situación laboral”.
Un sueldo que consideran escaso, plantillas mermadas, envejecidas y poco formadas, aumento de las agresiones o el empeoramiento de sus condiciones laborales, según manifestó a Confilegal José Manuel Couso, portavoz de prisiones de CSIF.
El colectivo asegura vivir un “calvario” desde que empezaron los recortes como consecuencia la crisis, y se siente “abandonado” por el Ejecutivo, tanto por el Gobierno actual de Pedro Sánchez como por el anterior, de Mariano Rajoy, algo que llevan año y medio denunciándolo con movilizaciones.
Los sindicatos demandan “retribuciones dignas” y un aumento de personal de unos 3.500 funcionarios “para poder incrementar así la seguridad en las prisiones y paliar el aumento de las agresiones que sufren por parte de la población reclusa”.
“Como faltan funcionarios, se controla peor a los internos y hay más agresiones. Además, más de la mitad somos cincuentones. Imagínate lo que supone estar trabajando con jóvenes y en situaciones de mucho riesgo, que hay muchas”, señaló Couso.
Anoche se produjo una en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Según ha informado UGT-Prisiones, un interno en regresión de grado procedente del CIS Evaristo Martín Nieto de Málaga, «muy violento y presuntamente con patología psquiátrica», agredió en el departamento de ingresos a dos funcionario y al jefe de servicios.
«Sin mediar palabra, el preso se abalanzó sobre el funcionario mordiéndole en la oreja y golpeando con las esposas al jefe de servicios en la cabeza. Otra compañera funcionaria resultó lesionada en el tobillo y presenta lesión en la espalda», ha relatado. La rápida intervención de otros funcionarios permitió reducir al interno.
Además de un incremento de la plantilla, del sueldo, y de la aplicación del protocolo para evitar las agresiones, los sindicatos también piden el paso del grupo C al B, una subida de los niveles a todas las plantillas, así como la dignificación del trabajo del colectivo, que se les valore y no sólo se escuche hablar de ellos porque sean agredidos, haya alguna fuga o porque hagan movilizaciones de protesta.
CSIF, CCOO, UGT, Acaip y CIG han advertido que harán huelgas hasta que el Ejecutivo no atienda a sus reivindicaciones.
Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), denunció el pasado noviembre en este diario que “mientras los trabajadores penitenciarios se encuentran en huelga general reclamando unas mejoras salariales y profesionales que el anterior Gobierno y el actual prometieron y no han cumplido», ven cómo «el derroche del Ministerio del Interior no cesa”.
Informó que el Ejecutivo gastó 173.466 euros” el pasado 24 de septiembre para celebrar la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. El gasto fue “en los aperitivos, bebidas y canapés para los invitados a los actos, fundamentalmente autoridades y algunos funcionarios”.
Celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias en la prisión de Palma de Mallorca.
Contó que La Merced se celebró en 68 centros penitenciarios -son 69-, y en 13 Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que la fiesta más cara fue “la de la cárcel de Texeiro (A Coruña), que ascendió a 6.632 euros.
Llamazares también recordó que el Gobierno gastó 373. 211 euros en la apertura de 25 piscinas este pasado verano para el disfrute de los internos, a los que «habría que sumarle el coste de los cursillos de socorristas para los internos que se encargaron de esas funciones».
Piscina climatizada de la cárcel de Archidona, Málaga 2.
La APFP no ve de recibo que el Ministerio del Interior “derroche el dinero del erario público en fiestas y celebraciones ni en la apertura de piscinas”, mientras el colectivo de funcionarios y laborales de prisiones está demandando mejoras económicas y “no atiende a sus reivindicaciones”, por las que llevan “más de un año luchando”.
En cambio, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que su Departamento ha tenido “la mano tendida” a los funcionarios de prisiones “desde el principio”, ofreciendo y aprobando medidas para mejorar su situación y “con la voluntad cierta y real de seguir dialogando”.
Francisco Llamazares, presidente de la APFP (a la izquierda), junto al ministro Fernando Grande-Marlaska en su toma de posesión.
Marlaska ha vinculado la subida salarial de los funcionarios de prisiones a que haya Presupuestos Generales del Estado para 2019 y ha reclamado a los partidos que apoyen las cuentas públicas para hacerlo posible.
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