La prorroga solicitada por el PP impide que la reforma penal sobre imprudencias y omisión del deber de socorro en tráfico se aprobase antes de Navidad en el Senado
Joan Comorera, autor de las declaraciones de este artículo, es senador de En Comu Podem por Barcelona y abogado.

La prorroga solicitada por el PP impide que la reforma penal sobre imprudencias y omisión del deber de socorro en tráfico se aprobase antes de Navidad en el Senado

|
30/12/2018 06:15
|
Actualizado: 29/12/2018 20:02
|

Las únicas enmiendas aportadas en el Senado lo han sido por Unidos Podemos al considerar que la reforma necesita una mejora técnica importante

La futura reforma penal en materia de tráfico en cuanto a imprudencias y omisión del deber de auxilio sigue estando de actualidad.

Después de su paso por el Congreso de los Diputados había un principio de acuerdo para endurecer penas.

Al mismo tiempo Unidos Podemos presentaba unas enmiendas para modificar la normativa aseguradora que no se tuvieron en consideración.

En su paso por el Senado, la futura norma solo tuvo diez enmiendas presentadas por la propia formación morada.

Es el propio Joan Comorera, portavoz de Unidos Podemos en la Cámara Alta quien explica que estas diez enmiendas presentadas en el Senado  no han generado la demora que haya impedido la tramitación de la ley  y su aprobación antes de Navidades.

Al parecer el PP pidió una ampliación de prórroga el 12  de diciembre, un día antes de que finalizara dicho plazo.

Ese plazo se amplió hasta el 19 de diciembre periodo en el que solo Unidos Podemos presento sus enmiendas que ya tenían preparadas con anterioridad a este nuevo plazo que se pidió.

Desde Unidos Podemos explican la postura de esta formación política sobre la reforma que resalta que, a nivel punitivo,» igualar lo que es el homicidio imprudente con el homicidio es algo peligroso y nos podemos cargar los principios del derecho penal”.

También valoran la campaña realizada por Anna González  y el colectivo #PorunaleyJusta, pero señalan que no se debe legislar el caliente en estos asuntos.

También Comorera recuerda que la intención de Unidos Podemos frente a esta reforma no ha sido torpedearla o frenarla.

“De hecho, dos de los tres expertos que comparecieron en la Comisión de Justicia del Congreso para expresar su opinión en relación a la proposición de ley –en concreto, Francisco Javier Alvarez García, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III y Bartolomé Vargas Cabrera, fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial- se mostraron profundamente críticos con la proposición de ley», explica Comorera.

El papel de Unidos Podemos ha sido el de recoger esas críticas en forma de enmiendas motivadas  con el ánimo de mejorar técnica y político-criminalmente el texto legislativo resultante.

La enmienda octava plantea la reforma Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación en lo referente al procedimiento que deben afrontar las víctimas para reclamar las correspondientes indemnizaciones ante las aseguradoras y al alcance de la reparación.

Por otro lado, la novena plantea una revisión de  la Ley 50/1980, de Contrato de Seguros, en lo que se refiere la cobertura de la defensa jurídica de los asegurados. Sancionar los retrasos y oposiciones injustificadas de las aseguradoras a la hora de abonar las indemnizaciones.

También habla de la libre elección del abogado y procurador por parte del asegurado.

En la última, la décima se indica que la postura de Unidos Podemos no es la de compartir la idea de  un delito de mera fuga, se estima suficiente que esta conducta sea sancionada en el ámbito administrativo.

Esa idea ya venía más desarrollada en la enmienda séptima.

Por otra parte, la introducción del apartado tercero del artículo 86 constituye una condición necesaria para garantizar la información adecuada a las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin tiempo para aprobarse en diciembre

De acuerdo con el senador  Comorera, portavoz en la Comisión de Justicia del Senado del referido grupo parlamentario, “ese mismo 19 de diciembre comenzaba la última sesión plenaria del Senado correspondiente al primer periodo de sesiones y que, antes de que una iniciativa legislativa sea debatida en el Pleno la tramitación parlamentaria exige un paso previo por la correspondiente Comisión –en este caso, por la Comisión de Justicia-,”.

Eso significaba que  tras la referida ampliación solicitada por el Partido Popular era materialmente imposible que el necesario debate en plenario de la proposición de ley y su consiguiente aprobación se realizase en ese último pleno antes de Navidad.

El plazo de presentación de enmiendas, una vez ampliado, debe respetarse, se presenten o no las correspondientes enmiendas. “El retraso en la tramitación de  esta reforma penal no ha sido por nuestras enmiendas, como se ha querido llevar esa idea a la opinión pública”.

Comorera deja claro, sin embargo, que “resulta perfectamente factible que se pudiera convocar a la Comisión de Justicia del Senado durante la primera semana del mes de febrero a fin de que pueda incluirse en el orden del día de dicha primera sesión plenaria del 5 de febrero el debate de la proposición de ley”.

Nuestro interlocutor advierte  que “nuevamente, la convocatoria de la Comisión de Justicia en una u otra fecha depende de la mesa de dicha Comisión en la que es el Partido Popular quien, con su mayoría, decide”.

El problema está en que ya  hay otras dos leyes en la Comisión de Justicia de Senado que ya van por trámite de urgencia

También señala  a Confilegal que es “relevante reseñar que ni la Mesa del Senado ha acordado que la proposición de ley se tramite directamente y en lectura única ni ninguno de los grupos parlamentarios, ni en el Congreso ni en el Senado, ha propuesto la tramitación por el procedimiento de urgencia”.

Recuerda además que el papel del Senado está muy tasado y sus plazos muy fijados.

Hay dos meses hábiles para la tramitación de dicha ley. En ese periodo de tiempo o se aprueba definitivamente o vuelve al Congreso.  “Se abrió un periodo de enmiendas, prorrogado por el PP, donde hemos sido los únicos en presentar dichas enmiendas”, afirma.

A partir de ahí se convoca la Ponencia de la futura ley que discute las enmiendas. »

Eso se lleva a la Comisión de Justicia y dicha Comisión aprueba el dictamen correspondiente con la inclusión o no de los enmiendas según lo que se haya votado. Aprobado en la Comisión va al próximo Pleno que en este caso será el 19 de febrero. Si no se enmienda nada, se aprueba ese mismo día, de lo contrario se devuelve al Congreso de los Diputados”.

Desde la formación morada se habla también de un retraso acumulado en los últimos dos años. Antes de entrar en el debate parlamentario, primero se hicieron algunas comparecencias de expertos en el Congreso. Con posterioridad,  desde octubre de 2017 a marzo del 2018, y a instancia de diversos grupos parlamentarios se pidieron y acordaron  el Congreso dieciséis ampliaciones del plazo de enmiendas.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Política