El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) vigilará que no haya «trato de favor» a los presos de ETA al aplicárseles el denominado ‘protocolo Marlaska’ que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha para facilitar la excarcelación de reclusos “con enfermedades muy graves con pronóstico incurable”, y que podría permitir la puesta en libertad de una docena de etarras.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, reclama al Gobierno que excarcele primero a los presos comunes para demostrar que no ha hecho el protocolo para favorecer a los de la banda asesina.
Según ha informado el colectivo en un comunicado, ha demandado el acceso a este protocolo y ha enviado una carta al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la que le solicita los datos de los presos de ETA a los que se les podría aplicar esta medida, así como un diagnóstico detallado de la enfermedad que padecen «para poder comprobar que se ajusta» a lo establecido.
Ordóñez advierte de que, de esta manera, verificará que «los criterios con los que aplican el protocolo a los presos de ETA son los mismos que se emplean con los presos comunes».
‘LOS ETARRAS ENFERMOS HAN RECIBIDO HASTA AHORA UN TRATO DE FAVOR’
Covite también destaca que hasta ahora, todos los etarras que fueron excarcelados por «enfermedad muy grave con pronóstico incurable» superaron el tiempo de esperanza de vida que se les dio al salir de prisión», por lo que considera que los reclusos de la banda enfermos «han recibido hasta ahora un trato de favor», algo que califica de «inadmisible e indigno».
El colectivo recuerda cuáles son los presos de ETA excarcelados por enfermedades terminales.
Los primeros fueron Josu Retolaza, puesto en libertad el 14 de octubre de 1986 y que falleció a los siete meses, el 19 de mayo de 1987; Javier Gorostiza, excarcelado el 16 de julio de 1994, que falleció a los once meses, el 17 de junio de 1995; y Santiago Díaz Uriarte, en libertad el 27 de octubre de 1995 y que falleció el 25 de marzo de 1997, al año y cinco meses de su puesta en libertad.
A ellos se suman Esteban Esteban Nieto, en libertad el 7 de abril de 1994 y fallecido el 26 de septiembre de 1999, a los cuatro años y cinco meses; Kepa Miner, excarcelado el 2 de julio de 1999 y que murió a los cuatro años y nueve meses, el 26 de abril de 2004; y Mikel Ibáñez, puesto en libertad desde el 8 de agosto de 2008 y fallecido el 7 de abril de 2011.
También cita a Josu Uribetxeberria Bolinaga, en libertad desde el 16 de septiembre del 2012 y que falleció el 16 de enero de 2015 y, por último, se refiere al «caso más alarmante de todos», el de Belén González Peñalva, que fue excarcelada en 2009 y murió el 16 de noviembre de 2017.
En esta relación, Covite no ha incluido a los reclusos de la banda «que fueron puestos en libertad hace años por padecer una enfermedad terminal, pero que todavía no han fallecido».
EN ESPAÑA HAY MÁS DE 58.000 PRESOS, DE LOS CUALES 225 SON ETARRAS
Ordóñez recuerda que la población reclusa actual en España es de más de 58.000 presos, de los cuales aproximadamente 225 son de ETA.
Explica que Covite no tiene nada en contra de este protocolo, pero que «el Gobierno debe demostrar a las víctimas del terrorismo que no lo ha puesto en marcha para beneficiar exclusivamente a los presos de ETA».
Afirma que «la única forma» que tiene el Ejecutivo de probar que este protocolo se ha puesto en vigor «por razones de estricta humanidad» es aplicándolo primero a los miles de presos comunes que puedan acogerse a él, siendo los etarras los últimos en beneficiarse».
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