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De los más de 800 asesinatos de ETA, 338 están sin resolver, informa Covite

Explica que "sólo en 24 de atentados de 362 han sido condenados todos sus responsables"Una imagen del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona, cometido el 19 de junio de 1987, que costó la vida a 21 personas, cuatro de ellas menores./EP
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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) afirma que «el 93,37% de los atentados de ETA están sin resolver por la Justicia, fundamentalmente porque no se ha esclarecido la autoría intelectual de los mismos».

Así lo manifiesta tras analizar las 572 sentencias de crímenes terroristas de ETA entre enero de 1977 y diciembre de 2009, que afectan a atentados terroristas con resultado de muerte. Corresponden a 362 atentados que se saldaron con 540 víctimas mortales.

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No se han incluido en esta investigación aquellos asesinatos que están en sobreseimiento provisional ni en sobreseimiento libre o archivados definitivamente.

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De su estudio pormenorizado se ha encargado el investigador Álvaro Herrero de Béthencourt, durante un año, «para dilucidar cuánta Justicia real se ha impartido en los atentados que se consideran resueltos», es decir, si todos los criminales implicados en ello han sido condenados.

Covite considera crimen resuelto aquel en el que se produce la condena de autores intelectuales, cómplices, colaboradores necesarios y autores materiales. Por lo tanto, aunque en un hipotético caso se haya condenado a un individuo como autor material, sin una condena a otro u otros como autores por inducción (autoría intelectual), no considera el asesinato resuelto.

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«De los más de 800 asesinatos cometidos por la banda terrorista, 338 están sin resolver, y no se ha procesado ni juzgado a ningún terrorista por ellos«, informa Covite.

Destaca que «la impunidad supera el 40% de los crímenes».

Covite cita el atentado del 14 de septiembre de 1982 que resultó mortal para los agentes de la Policía Nacional Juan Seronero Sacristán, Antonio Cedillo Toscano, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández, y el agente Juan José Torrente Terrón sufrió heridas que tardaron 270 días en curarse.

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La tragedia acabó, además, con el suicidio al día siguiente del sargento de la Policía Julián Carmona Fernández.

Covite recuerda que los integrantes del comando se dieron inmediatamente a la fuga, y «sólo existe una sentencia de este atentado, la 17/85 del 16 de mayo, del Juzgado 5, Sección Tercera, Sumario 9/83, en la que se condena a Jesús María Zabarte Arregui, conocido como el Carnicero de Mondragón, a 92 años de prisión por cómplice de cuatro asesinatos y de un asesinato frustrado.

Indica que «los cinco autores materiales de este atentado que acabó con la vida de cuatro personas están sin juzgar, así como los autores intelectuales. Sin embargo, al existir un juicio y una sentencia sobre este caso, el Estado no investigó más y lo dio por resuelto».

Afirma que el caso de la sentencia de los asesinatos de Juan Seronero Sacristán, Antonio Cedillo Toscano, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández «no es, ni mucho menos, una excepción» y que «hay casos en los que habiendo, por ejemplo, cuatro implicados directos en un atentado, sólo se procesó y condenó a dos, sin tener en cuenta, además, a los autores intelectuales».

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La investigación de esta asociación que preside Consuelo Ordóñez arroja que «sólo en 24 de los atentados han sido condenados todos sus responsables: autores materiales, colaboradores necesarios, cómplices y autores intelectuales».

Refleja que sólo en 26 de ellos, el 7,18%, se ha resuelto la autoría intelectual, por lo que COVITE considera que «el total de atentados no resueltos asciende al 93,37%».

Y de esos 26 atentados, en dos de ellos no ha quedado resuelta la autoría material. Son los casos del asesinato de Manuel Broseta, al que ETA le arrancó la vida en 1992, y el de Emilio Fernández Arias, asesinado en 1982. 

Fueron condenados por autoría intelectual los terroristas Francisco Múgica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Luis Urrusolo Sistiaga. Se condenó a quienes los ordenaron, pero no a quienes los ejecutaron.

De la investigación también se desprende que de todos los jefes de las diferentes cúpulas militares de ETA, sólo nueve han sido condenados por autoría intelectual, es decir, por ordenamiento e inducción a asesinato.

Se trata de Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena; Juan Carlos Echeandía Zorroza; Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; José Luis Urrusolo Sistiaga; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Francisco Javier García Gaztelu, Txapote; y Ainhoa Múgica Goñi.

El informe muestra, además, que al menos 1.405 son los terroristas implicados en los atentados, de los que han sido condenados 897, de los cuales sólo 29 han sido autores intelectuales y 739, autores materiales. Quedaron absueltos 114 de los procesados.

El informe destaca que en 1978, cuando se produjeron 25 atentados con un total de 32 víctimas mortales, «todos los atentados quedaron sin resolver en su totalidad y no fueron juzgados los 41 individuos implicados».

En 1980 hubo 70 víctimas mortales en 46 atentados. De Covite señala que de ese año «sólo se puede considerar resuelto uno de los atentados, aunque hubo 107 condenados de al menos 153 individuos cuya implicación queda acreditada en los hechos probados».

Informa que en total, por asesinato o asesinato frustrado se han dictado condenas por 84.882 años de cárcel, además de una cadena perpetua, la de Mikel Kabikoitz Karrera, ATA, en Francia.

Este terorrista es el autor del atentado de Capbreton que acabó con la vida de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero el 1 de diciembre de 2007 en esa localidad del suroeste del país galo. La banda asesina cometió después otro ocho asesinatos más.

Desde Covite advierten también que etarras «sin ser juzgados, cuya participación en los atentados ha quedado impune» hay «al menos 394», de los cuales 57 estarían fallecidos.

Covite presentó este informe el pasado 26 de noviembre en el campus de la Universidad de Deusto de Madrid.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, lamentó los crímenes aún sin resolver y que en muchas etapas se paralizaran sumarios porque se negociaba con ETA.

«El Estado de derecho se ha arrodillado ante ETA», ha denunciado Ordóñez, y ha afirmado que detrás de esos atentados no resueltos al cien por cien está la «negligencia, irresponsabilidad y desidia» del Estado hacia las víctimas.

Ha dicho que por este motivo, su asociación decidió crear un mapa de sentencias que sacara a la luz la «Justicia no impartida», trabajo que «otra vez le toca hacer a las víctimas».

«Cuando el terrorismo golpeaba duramente esta sociedad, las víctimas dieron un paso al frente poniéndose por delante del ritmo de las instituciones y las leyes en materia asistencial», ha expresado.

«Ahora también somos las víctimas la que abanderamos la investigación histórica y judicial acerca del terrorismo», ha subrayado.

Carlos Fernández Casadevante, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, que asistió a la presentación, ha puesto de manifiesto la “injusticia por parte del Estado” que evidencian las conclusiones del informe.

Además, ha denunciado la destrucción de sumarios sobre atentados de ETA por parte de juzgados del País Vasco, algo que a su juicio resulta sospechoso e inexplicable, ya que “desde la creación de La Audiencia Nacional la competencia para juzgar ese tipo de casos recae sólo en la propia Audiencia Nacional”.

“No comparto esa imagen idílica de que España es un país modélico en la forma de tratar a las víctimas”, ha concluido.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha pedido perdón en nombre de la Justicia por no haber podido esclarecer los crímenes sin resolver:

El juez Bermúdez participó en una mesa redonda titulada ‘La Justicia y el Estado de Derecho como armas contra ETA’, organizada en las Jornadas ’20 años de activismo’ de Covite, que tuvieron lugar el pasado 24 de noviembre en el centro cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián.

El pasado día 28, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco cumplió 20 años desde su constitución, 20 años de defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo: Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia.

Sus tres fundadoras son víctimas del terrorismo: Teresa Díaz Bada, hija del teniente coronel de Infantería y superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985; Cristina Cuesta es hija del delegado de Telefónica en Guipúzcoa Enrique Cuesta, asesinado el 26 de marzo de 1982 en un atentado perpetrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas; y Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián, de un tiro en la cabeza, por la espalda.

Gestaron Covite durante la tregua de 1998 de ETA, “en un momento en el que muchos sectores sociales y políticos hablaban en nombre de las víctimas para negociar las condiciones para la paz”, recuerda Ordóñez.

Con motivo de su conmemoración se ha creado un documental, ‘Las heridas luminosas’, que recoge su historia, narrada por quienes integran el colectivo.

Puede verlo pinchando aquí.

El pasado 25 de octubre, Consuelo Ordóñez recibió el premio Eugenio Ruano Casanova pro Derechos Humanos en reconocimiento a sus 23 años de activismo contra ETA y su entorno, y la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo.

También recibió este destacado galardón la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, que precisamente fue quien «dio el primer paso para poner cifras a la injusticia», como recuerda Covite en su informe.

La entrega del X Premio Enrique Ruano Casanova a la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, y a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa. / Covite
Consuelo Ordóñez ha dedicado su premio a los activistas que ha conocido a lo largo de su vida, “incansables en la defensa de su causa, incorruptibles hasta en las más difíciles de las circunstancias y firmes en su compromiso con la libertad”./ Covite

En aquel acto, Consuelo Ordóñez explicó que “Covite es necesario porque en estos nuevos tiempos existe el riesgo de que la impunidad se abra paso entre los terroristas y el olvido se imponga sobre las víctimas”.

Y subrayó que hay tareas pendientes que merecen el compromiso de todos».

El pasado jueves, en una comparecencia en el Parlamento vasco, también denunció que en lo que va de año se ha producido un aumento «exponencial» del 147 % de los actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA respecto a 2017.

Según ha informado que en 2017 documentó 76 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA: 48 homenajes a terroristas, 12 jornadas de homenaje a la trayectoria de la banda terrorista, 10 fiestas populares en las que se hizo referencia explícita a ella y seis pintadas o pancartas en las que se le agradece su trayectoria.

En 2018 ha contabilizado 59 homenajes a miembros de ETA, 27 fiestas populares en las que se ha hecho referencia explícita a la banda asesina y se han encontrado 50 pintadas y pancartas en las que «se le da las gracias a ETA por su lucha».

Ordóñez conmemora el aniversario de Covite con la promesa de “seguir resistiendo para que la supuesta derrota de ETA no siga hiriendo a nuestro Estado de derecho, para defender la democracia y los derechos de las víctimas del terrorismo; y luchar contra la impunidad”.

Destaca que “los asesinatos terroristas de ETA se dan por resueltos cuando tienen sentencia”, y que «en el País Vasco y en Navarra, aunque ya no nos matan, siguen secuestrando nuestra libertad».