La Fiscalía de la Audiencia Nacional consigue anular el tercer grado a dos presos etarras concedido por el Gobierno vasco
Sobre estas líneas, la prisión de Basauri, próxima a Bilbao, a donde han tenido que regresar los dos presos etarras. Foto: EP.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consigue anular el tercer grado a dos presos etarras concedido por el Gobierno vasco

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30/3/2024 06:31
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Actualizado: 01/4/2024 12:45
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Juan Carlos Subijana y Joseba Borde, ambos miembros de ETA, han tenido que volver a la prisión de Basauri, situada a 8 km de Bilbao, para seguir cumpliendo sus respectivas condenas después de que la Audiencia Nacional anulara el tercer grado concedido por el Gobierno vasco.

La decisión de ese órgano judicial se ha producido a instancias de la Fiscalía.

Los reclusos, que habían sido beneficiados con la medida el pasado 21 de marzo, retornaron a un régimen de segundo grado el 27 de marzo, día en que se presentó el recurso de la Fiscalía, según informa la asociación Sare, la red de apoyo a los presos de ETA.

Joseba Borde, condenado a 30 años de cárcel por tres asesinatos, se enfrentaba a una pena que en total sumaría 200 años, de los cuales ya ha cumplido la totalidad permitida por ley.

Estaba previsto que finalizara su condena en noviembre de este año, después de haber sido beneficiado con más de 20 salidas y 9 permisos ordinarios.

Por su parte, Juan Carlos Subijana, condenado a 28 años por recabar información para el asesinato de un funcionario de prisiones en el año 2000, ya ha cumplido 23 años de su sentencia, con13 salidas programadas y unos 20 permisos ordinarios.

Este retroceso en la situación de los presos, que ahora se encuentran de nuevo en un régimen más restrictivo, marca la tercera ocasión en que la fiscalía interviene contra las decisiones relacionadas con el tercer grado de los prisioneros vinculados a ETA, tomadas por profesionales penitenciarios y el Gobierno vasco.

Sare ha exhortado al Gobierno vasco a proponer nuevamente la progresión de grado para estos dos individuos, subrayando la necesidad de seguir criterios profesionales frente a la actitud obstaculizadora de la fiscalía y la Audiencia Nacional.

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