La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso ITV
Oriol Pujol Ferrusola aceptó una condena de 2 años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental; el Ministerio Público en un principio pedía 5 años y dos meses. Foto: EP

La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso ITV

Deniega la petición de suspensión de la pena de prisión solicitada
|
09/1/2019 11:06
|
Actualizado: 09/1/2019 13:04
|

La Audiencia de Barcelona ha ordenado que el exdiputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol ingrese en prisión para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por haber cobrado comisiones de empresarios afines del sector de las ITV a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), la magistrada de la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona, encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil, ha acordado denegar la petición de suspensión de la pena de prisión solicitada.

Requiere a Pujol que en el plazo de 10 días ingrese voluntariamente en un centro penitenciario, y le advierte de que si no lo hace se acordará su detención, si bien sobre esta resolución cabe recurso de súplica, que suspendería el ingreso efectivo hasta la firmeza de la resolución.

El pasado 24 de julio, el hijo del expresidente autonómico catalán Jordi Pujol ratificó que aceptaba dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Un pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2017 con el que eludía la celebración de un juicio popular del que podría haber salido peor parado.

La Fiscalía pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado y 310.000 euros de multa, y para su esposa, Anna Vidal, 3 años y 4 mesesCon dicho pacto, Oriol Pujol consiguió, además, que su mujer eludiera la cárcel  a cambio de una multa.

Pujol solicitó no ingresar en la cárcel porque las penas, por separado, no son superiores a dos años.

Además, alegó que su ingreso en prisión “perjudicaría gravemente” a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición.

Dijo que tiene tres hijos, dos de ellos mayores de edad de los que costea los estudios universitarioslos pagos de una hipoteca, los gastos sanitarios.

También argumentó que ha reconocido los hechos, ha renunciado a la actividad política y pública, y que está intentando rehacer su vida, trabajando como agente comercial de una empresa e incluso haciendo labores de voluntariado.

Propuso sustituir la pena de cárcel por una de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos.

LA FISCALÍA PIDIÓ QUE ENTRARA EN PRISIÓN TRAS ACEPTAR LA PENA

El Ministerio Público pidió a finales de noviembre su ingreso “inmediato” en la cárcel.

La fiscal anticorrupción Teresa Duerto recordó en su escrito a la Audiencia de Barcelona que Oriol Pujol -el único hijo del expresident Jordi Pujol que se dedicó a la política- fue condenado por “aprovecharse” entre 2010 y 2012 de su posición política “privilegiada”, su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general del partido, para cometer delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con la corrupción política y económica.

Destacó  que ni las circunstancias personales ni la conducta de éste tras la comisión de los hechos “pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue”.

Además, argumentó que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación “se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia”.

La fiscal también rechazó el resto de argumentos de Oriol Pujol. Indicó que la esposa de éste, también condenada, tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares.

Respecto a los gastos sanitarios mensuales contratados, la fiscal apuntó que, en todo caso, en España “rige el sistema de sanidad pública gratuita, a la que el penado y su familia tienen derecho”.

Resaltó, además, que disponen de una segunda residencia en la Cerdanya (Gerona), que pertenece a la familia Pujol-Ferrusola y “es de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos”.

Sobre su situación laboral, el Ministerio Público expresó que Oriol Pujol está trabajando como autónomo, “por lo que no existe riesgo de despido o pérdida de puesto de trabajo a consecuencia de su ingreso en prisión”.

“Luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo, por cuanto la corrupción es una lacra de la sociedad y supone un ataque a la estructura democrática de cualquier estado. De tal modo que, precisamente en casos como el que ahora nos ocupa, es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de defender el orden jurídico”, concluyó la fiscal.

LA AUDIENCIA DE BARCELONA: ‘COMETIÓ HECHOS MUY GRAVES’ 

La Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de Oriol Pujol argumentando que cometió hechos «muy graves» porque, en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos, se aprovechó en beneficio propio.

«No actuó en interés del pueblo al que representaba, sino en el suyo propio», y no fue de forma aislada, sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal asevera que su actuación «ha supuesto un ataque muy importante» al Estado de Derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

Insiste en que no hay ningún elemento que aconseje suspender la pena y atender a la petición de Oriol Pujol ya que, con su ingreso en prisión para cumplir su condena, «se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico».

Noticias Relacionadas:
Lo último en Tribunales