El exdiputado de CiU y exsecretario general de CDC Oriol Pujol Ferrusola. (EP)
Oriol Pujol admite que cobró comisiones del caso ITV y acepta 2 años y medio de cárcel
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14/7/2017 12:54
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Actualizado: 14/7/2017 13:41
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El exdiputado de CiU Oriol Pujol ha aceptado hoy una pena de dos años y medio de cárcel, que podría suponer su ingreso en prisión, al reconocer que cobró comisiones de empresarios afines a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en el caso de las ITV.
Ante el titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona se ha celebrado hoy una vista preliminar, trámite previo a que el caso vaya a juicio con un jurado popular, en la que Oriol Pujol ha aceptado un acuerdo parcial con la Fiscalía por el que asume una condena de dos años y medio de prisión al admitir los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, dentro del caso ITV.
Por su parte, su mujer, Anna Vidal, ha aceptado pagar una multa de 47.250 euros como condena, y evitaría la prisión.
También evitarían la cárcel los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou que se han conformado con penas de multa.
Al tratarse de un pacto parcial, dado que ni el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergio Alsina -amigo íntimo de Oriol Pujol– se han sumado al acuerdo, será el presidente del tribunal que deba juzgar el caso el que decidirá en los próximos meses si da por buena la conformidad formalizada hoy por el exdirigente de CDC.
Podría librarse de prisión
Aunque en un principio, al tratarse de una pena superior a 2 años, se podría hablar de entrada en prisión, su su abogado, Javier Melero, ha indicado que intentará que esto no suceda apelando a la reforma del Código Penal que permite la individualización de las penas.
Y, en este sentido el hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, habría aceptado tres penas distintas por tres delitos: cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
Melero ha explicado que recomendó a su cliente pactar con la Fiscalía y aceptar una condena con una rebaja de cinco años y dos meses de cárcel a dos años y medio ante «las actuales circunstancias que envuelven a la familia».
Este contexto –con toda la familia investigada en la Audiencia Nacional– Melero opina que es «muy difícil encontrar un jurado no contaminado» que pueda juzgar al expolítico.
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