El CGPJ archivó el pasado 14 de septiembre la investigación a Alaya sobre la queja del Consejo Fiscal por sus declaraciones en el Club Siglo XXI, que también motivaron la queja de los jueces de instrucción de Sevilla.
El CGPJ envía al TSJA la documentación de la investigación a Alaya por las quejas de los jueces de Instrucción de Sevilla
El tribunal andaluz deberá pronunciarse sobre si archiva el caso o decide algún tipo de sanción
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10/1/2019 15:28
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Actualizado: 10/1/2019 15:28
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El Promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la documentación de la investigación abierta a la magistrada Mercedes Alaya con motivo de las quejas presentadas por los jueces de Instrucción de Sevilla por unas declaraciones que hizo en un acto del Club Siglo XXI el pasado 4 de junio, para que se pronuncie sobre una sanción en forma de falta leve.
En el citado acto, la juez de la Audiencia Provincial de Sevilla, Mercedes Alaya, denunció “presiones” cuando fue instructora de los casos ERE, Mercasevilla o los cursos de formación.
Aseguró que esas «presiones» que dice haber sufrido son «absolutamente comprobables» en las hemerotecas y que son los políticos quienes «utilizan a los medios para presionar al poder judicial».
Además, criticó la elección del fiscal general del Estado por parte del Gobierno porque puede ser escogido «por afinidades políticas» y, por tanto, podría incurrir en «seguir directrices de partidos políticos».
Mercedes Alaya, en el acto del Club Siglo XXI, en Madrid, donde hizo las declaraciones; de izquierda a derecha: Fernando González Urbaneja, la magistrada, Paloma Segrelles y Manuel Ruiz de Lara.
Según publica Europa Press, fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado que el pasado 6 de noviembre el Promotor de las Acción Disciplinaria archivó estas queja por entender que los hechos no constituían una infracción disciplinaria que fuera sancionable.
La agencia indica que las mismas fuentes han relatado que entonces el caso pasó a la Comisión Permanente del CGPJ, que en su reunión del 15 de noviembre acordó que Conde que «debía proceder contra la juez por una falta leve», y que ahora «Conde ha remitido la documentación al presidente TSJA, Lorenzo del Río, al ser una competencia del mismo y no de la comisión disciplinaria del CGPJ».
El tribunal andaluz deberá pronunciarse sobre si archiva el caso o decide algún tipo de sanción.
El pasado 19 de julio, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de un acuerdo adoptado el 19 de junio por la Sala de Gobierno del TSJA en relación con el acta de la Junta sectorial de jueces de Instrucción de Sevilla del 24 de mayo, en la que mostraban sus quejas por las declaraciones realizadas por Mercedes Alaya sobre sus compañeros.
La Sala de Gobierno del TSJA, presidida por Lorenzo del Río -presidente del TSJA-, aprobó un acuerdo en el que ponía de manifiesto que “es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todas las instituciones y poderes del Estado”.
La Junta de jueces de Instrucción de Sevilla manifestó en la citada reunión su “profundo malestar” por las declaraciones de Alaya respecto a sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza cuando ella era titular del mismo e instruía casos como los ERE o los cursos de formación.
También trasladaron su malestar por los comentarios realizados públicamente por la magistrada en otras ocasiones sobre la actual titular de ese órgano judicial, María Núñez Bolaños, al considerar que con ellos “se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de esos compañeros”.
LA QUEJA DEL CONSEJO FISCAL FUE ARCHIVADA
El promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó el pasado 14 de septiembre la investigación que abrió tras la queja del Consejo Fiscal por las declaraciones de la juez Mercedes Alaya en el citado acto del Club Siglo XXI.
Ricardo Conde entendió que “no existió una falta de consideración a los miembros del Ministerio Público”.
Tras revisar las declaraciones y valorar el contexto en el que tuvieron lugar, concluyó que las palabras de la juez Alaya contenían “una crítica dirigida al régimen legal que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que se refiere al sistema de nombramiento del fiscal general del Estado”.
“Pero no a los miembros de la Carrera Fiscal, de quienes la magistrada dijo expresamente que son ‘excelentes profesionales’”, subrayó.
Cuando el pasado 20 de junio el CGPJ informó de que Ricardo Conde había abierto una investigación, Mercedes Alaya manifestó que estaba “muy tranquila” con dichas declaraciones y que no cambiaba ni una coma.
“Yo persigo poner mi granito de arena para modificar el sistema desde dentro al pedir que la Fiscalía General del Estado sea independiente del Gobierno, aunque estaría mejor en mi casa y sin hablar de nadie”, afirmó la magistrada.
TAMBIÉN SE ARCHIVÓ LA INVESTIGACIÓN A ALAYA POR LA QUEJA DE LOPERA
Conde también archivó el pasado 30 de noviembre la investigación a Alaya a raíz de una queja presentada el 22 de julio por el que fuera máximo accionista del Real Betis y expresidente del club Manuel Ruiz de Lopera.
Manuel Ruiz de Lopera fue presidente del Real Betis Balompié; en la foto pequeña la magistrada Mercedes Alaya.
En declaraciones a los medios, Alaya -instructora del ‘caso Betis’, del que Lopera resultó absuelto– recordó que el juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla calificó como culpable el concurso de acreedores del Real Betis de 14 de enero de 2011, y declaró afectados por dicha calificación, entre otras personas, a Ruiz de Lopera, al que impuso ocho años de inhabilitación.
Además, apuntó que en la Audiencia se demostró que Lopera “no compró todas las acciones que tenía”.
A juicio de la magistrada, en este caso “se han desaprovechado años de instrucción y se han utilizado a la Justicia y a los inspectores de Hacienda, que hicieron un trabajo impresionante para la causa”.
Alaya recordó que en la instrucción “llegaron a demostrar que con las cuentas oficiales de Tegasa había 25 millones defraudados y nadie descarta una contabilidad paralela”.
En referencia a la sentencia del caso y su alusión al informe pericial, “hecho sobre futuribles”, según la Audiencia, Alaya -que reconoció que no ha leído la sentencia- manifestó: “En absoluto, el informe pericial está basado sobre hechos consumados”.
Lopera solicitó al CGPJ que se adoptaran las medidas correctoras que resultasen pertinentes por estas declaraciojnes.
Conde consideró que a partir de los documentos aportados para justificar la denuncia de Lopera no se apreciaba que Alaya estaba menospreciando el denunciante.
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