El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama que el Plan de Acción contra los Delitos de Odio, presentado en el Ministerio del Interior, se plasme en una ley que refuerce la protección contra los grupos sociales que están más expuestos a este tipo de violencia, “después de un año 2018 desolador para las personas con discapacidad en este sentido”.
Así lo ha destacado el delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante la presentación de este Plan en la sede del Ministerio del Interior, acompañado en la mesa por el ministro Fernando Grande-Marlasca y, entre otros, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.
SÓLO EN 2018 MEDIO CENTENAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD HAN SUFRIDO DELITOS DE ODIO
“El año 2018 ha sido desolador en términos de delitos de odio para las personas con discapacidad. Hemos documentado más de 50 casos que han vulnerado el artículo 16 de la Convención de la ONU de la Discapacidad, que hace referencia a la protección contra la violencia y el abuso”, ha comentado el delegado del CERMI.
Martín Blanco subrayó la importancia de que este plan se transforme en una ley para que las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representantes puedan tener un instrumento vinculante a la hora de buscar reparación en la justicia, “porque no podemos olvidar que odiar es negar la identidad de la otra persona”.
“Además»-precisó- «hemos de tener en cuenta que el problema es mucho más grave ya que la mayoría de delitos de odio contra personas con discapacidad no son denunciados”.
HAY QUE ERRADICAR LA CREENCIA DE QUE SOMOS INFERIORES
El delegado del CERMI de Derechos Humanos ha achacado la mayor incidencia de los diferentes tipos de violencia y abusos a “los vestigios que perpetúan esa creencia que un día nos etiquetó como seres inferiores, prescindibles o que había que curar”, algo en lo que influyen las barreras que siguen existiendo en materia de educación inclusiva.
“Tampoco ayuda contar con un marco jurídico, social y moral que sostiene esa visión mal entendida de la protección, al legitimar que se nos aparte y que se nos sustituya en la toma decisiones y que no se ajusta a la Convención de la Discapacidad”, añadió
Jesús Martín recordó que según el informe elaborado por la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), España se sitúa “en un terrible segundo puesto, solo por detrás de Reino Unido, en registrar delitos de odio contra las personas con discapacidad: 264 casos. Cifra creciente con respecto a 2015 con 226 casos computados”.
Este contexto se sigue produciendo pese a que la Convención Internacional de la Discapacidad es de obligado cumplimiento por parte de los países que la han ratificado, algo que hizo España hace 12 años.
Para acabar con esta situación, Martín Blanco ha instado a garantizar el derecho a la justicia penal de las víctimas con discapacidad, lo que, en su opinión, exige “una reforma procesal e institucional profunda” que debería poner el foco en el papel de los factores sociales y de entorno, y en el propio diseño estandarizado del sistema de justicia penal.
MÁS SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN
El delegado del CERMI ha defendido también que se mejoren «los sistemas de inspección» y que «se pongan en marcha mecanismos de coordinación entre los servicios sociales, médicos y educativos» con los operadores jurídicos desde una perspectiva “multiagencia”.
Asimismo, subrayó «la importancia de apostar por la formación y la capacitación de las personas con discapacidad y sus familias , así como de los profesionales que trabajan con ellos».
Jesús Martín reclamó reforzar la formación en la visión de derechos humanos sobre las personas con discapacidad y garantizar la accesibilidad de todos los recursos judiciales tanto a nivel físico como de comunicación.
“Las personas con discapacidad aportamos nombre y rostro a estas perturbadoras estadísticas que constatan que el estigma pervive y que la tan invocada inclusión no ha penetrado en estos espacios de sufrimiento y dolor”,
Advirtió, en su comparecencia, que esta realidad sustenta la tesis de la vulnerabilidad y discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad así como la ineficacia de las políticas públicas para hacer cumplir diferentes artículos de la Convención.
Por último, puso en valor el hecho de que el plan haya estado participado y construido por la sociedad civil “lo que es un ejercicio de higiene democrática» y también por la propia Convención Internacional de la Discapacidad.
