La palabra inglesa "whistleblower" podría traducirse al español como chivato o soplón, pero debido a su sentido peyorativo, se prefiere la definición denunciante de corrupción, que no tiene ese sentido negativo; el dibujo representa ese concepto con el escudo de la Unión Europea, la Directiva que presumiblemente se aprobará antes de que este Parlamento Europeo agote su mandato.
La futura Directiva europea sobre «whistleblowers» (denunciantes de irregularidades), a un tiro de piedra
|
28/1/2019 06:15
|
Actualizado: 08/3/2019 21:10
|
La Unión Europea continúa su camino hacia la adopción de una Directiva europea de protección de los «whistleblowers» (denunciantes de corrupción).
El pasado 25 de enero, el Consejo (a nivel de embajadores) tomaron una decisión positiva sobre la futura directiva. El siguiente paso es abrir negociaciones con el Parlamento Europeo a fin de alcanzar una acuerdo antes de las próximas elecciones, que van a tener lugar el 26 de mayo que viene.
Entre las medidas que contemplará la futura Directiva están la creación de canales seguros para que los «whistleblowers» puedan denunciar tanto dentro de la organización -ya sea pública o privada por encima de 50 empleados- como a las autoridades.
También se les proporcionará un alto nivel de protección contra cualquier tipo de represalias y requerirá a las autoridades de los 28 países que conforman la Unión que informen adecuadamente a los ciudadanos y capaciten a los funcionarios sobre cómo tratar este tipo de denuncias cuando sucedan.
Precisamente ese miedo a las represalias es lo que impide que potenciales «whistleblowers» denuncien.
De acuerdo con un Eurobarómetro especial sobre la corrupción, llevado a cabo en 2017, el 81 % de los trabajadores encuestados declararon que no denunciarían la corrupción que pudieran experimentar o haber presenciado por miedo a las consecuencias legales o económicas.
Un estudio llevado a cabo por la Comisión ese mismo año de 2017, estimó que la falta de protección de los «whistleblowers» solo en el campo de la contratación pública está provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros.
Actualmente, solo 10 países (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) tienen leyes que protegen a los «whistleblowers»». En el resto de los países de la Unión, la protección es parcial.
En general, el Consejo proporciona más claridad sobre algunas disposiciones del texto con el fin de aumentar la seguridad jurídica y abordar mejor los vínculos entre las nuevas normas y la legislación existente en algunos sectores.
Algunos de los elementos de la posición adoptada por el Consejo en comparación con la propuesta inicial incluyen:
Sistema de información
Los denunciantes primero tendrán que utilizar los canales internos dentro de su organización antes de acudir a los canales externos (establecido por las autoridades públicas) para hacerse finalmente públicas.
Sin embargo, el principio de un sistema de tres pasos incluye excepciones que permitirán a una persona acudir directamente a esos canales externos en casos específicos (por ejemplo en caso de peligro manifiesto o inminente para el interés público).
Personas protegidas por las nuevas normas
Se mantienen estos elementos de la propuesta de la Comisión, e incluyen un gran número de perfiles que podrían adquirir información sobre las violaciones en un contexto relacionado con el trabajo.
Obligaciones de retroalimentación para las autoridades y empresas
Van a tener que responder y hacer un seguimiento a las denuncias de los «whistleblowers» en los 3 meses siguientes (con la posibilidad de extender a 6 meses para los canales externos en casos debidamente justificados).
Revelaciones públicas
El Consejo ha introducido un anexo con las condiciones que deben cumplirse para que una persona pueda estar protegida por las nuevas normas en caso de que él o ella haga pública la información que posee.
Ámbito de aplicación
La posición del Consejo conserva el amplio ámbito de aplicación propuesto por la Comisión y cubre áreas como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención de lavado de dinero, la salud pública, etc.
Negociaciones
Las negociaciones a tres bandas con el Parlamento Europeo comenzarán próximamente. El Parlamento ya aprobó la legislación en diciembre pasado.
Noticias Relacionadas:
