El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a la empresa semipública de venta de armas Defex S.A como persona jurídica, y a su director comercial Manuel iglesias Sarriá por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante supuestamente el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos del país africano.
El capital de Defex pertenece en un 51% a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas.
El magistrado también ha encausado al presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó; al director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, y a dos empresas que trabajaban con Defex, Aresa Merina SL y Deimos Space SLU, ambas como personas jurídicas.
Sin embargo, ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a otro director comercial de Defex, Vicente Chocano Viaño.
Así consta en un auto dictado por el juez este miércoles, de 90 páginas, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha dado por concluida la fase de instrucción del caso, y ha abierto la fase de procedimiento abreviado, paso previo al juicio.
Además, ratifica la orden de detención e ingreso en prisión del ciudadano francés Philipe Bourcier, a quien considera «pieza clave» de toda la operativa como comisionista y quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.
De la Mata da un plazo a partir de ahora de 10 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.
Los hechos investigados se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.
La investigación ha detectado pagos de 14,6 millones en presuntas comisiones ilícitas, casi medio millón a cargos públicos del país africano.
Según el magistrado, se pagaron en Camerún comisiones a autoridades y funcionarios públicos para que adjudicaran los contratos a la empresa española, unos hechos que cree constitutivos de los presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupción en los negocios), falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
TAMBIÉN SE INVESTIGAN ADJUDICACIONES DE CONTRATOS A ANGOLA, EGIPTO, BRASIL Y ARABIA SAUDÍ
La pieza sobre los contratos de Defex en Camerún es la segunda que el juez De la Mata propone juzgar de este caso que involucra a la empresa pública de venta de armamento en distintos países.
La primera fue la de Angola el pasado julio. El magistrado encausó a 27 personas y cuatro sociedades -Defex entre ellas-, por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, malversación y blanqueo, entre otros, en una operación de venta irregular de armas por importe superior a los 152 millones de euros.
Entre los imputados en aquel momento, que están pendientes de juicio, se encuentran exdirectivos de las empresas investigadas como Juan Carlos Cueto Martín, José Ignacio Encinas Charro, Angel María Larumbe y Manuel Iglesias Sarría, a quienes el juez señaló como los «auténticos líderes de la organización», así como Beatriz García Paesa.
También se investigan adjudicaciones de contratos a la empresa española en otros tres cuatro países: Egipto, Brasil, Arabia Saudí.
En julio de 2014 ingresaron en prisión José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa -relacionado con los conocidos “papeles de Laos” del caso Roldán-, aunque meses después el juez Pablo Ruz, entonces instructor de esta causa, les dejó en libertad bajo fianza.
14,6 MILLONES EN PRESUNTAS COMISIONES ILÍCITAS
El juez De la Mata considera que existen «indicios sólidos y consistentes» que ponen de manifiesto que las operativas desarrolladas por Defex en Camerún consistían en conseguir contratos públicos para la empresa mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos, aprovechándose de la falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito de la empresa pública.
Para ello, pagaban también comisiones «extraordinarias y no justificadas a agentes», concretamente a Phillipe Bourcier por medio de varias de sus empresas.
Por eso, el magistrado ratifica en su auto la situación de busca y captura e ingreso en prisión de Bourcier, al que considera «pieza clave» de toda la operativa como comisionista y quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.
Según el magistrado, «el importe total de las comisiones sin justificación pagadas por Defex a Bourcier y a sus empresas entre los años 2002 y 2016» asciende a más de 14,6 millones de euros, que tuvieron como últimos beneficiados al comisionista y a sus familiares, así como autoridades y funcionarios públicos de Camerún y de otros países de África como Senegal, Gabón y Argelia».
El auto identifica, de acuerdo con la documentación bancaria recibida, pagos a autoridades de Camerún por un total de 414.147 euros.
El juez explica que la persona responsable en Defex de estas prácticas sería el directivo responsable del contrato, Manuel Iglesias Sarriá, junto con los presidentes de Grupo Aresa, Óscar López i Salvadó; el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque, y estas dos empresas como personas jurídicas.
‘ABSOLUTO DESPRECIO DEL DERECHO Y A LAS MÁS ELEMENTALES NORMAS LEGALES Y ÉTICAS, E IMPULSADAS POR UNA POLÍTICA DE BENEFICIO A CUALQUIER PRECIO’
El juez señala como responsables penales corporativos a Defex, Deimos y Aresa «por su absoluto descontrol en materia de organización y control societario, económico financiero y jurídico, y la inexistencia de los más elementales mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos».
Para De la Mata, concurren evidencias múltiples de que las tres compañías «actuaban inspiradas en una filosofía corporativa de absoluto desprecio del Derecho y a las más elementales normas legales y éticas, e impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio».
Indica que Phillipe Bourcier no se limitaba a conseguir los contratos para Defex, sino que también realizaba las mismas tareas con idéntico patrón para Deimos y Aresa, multiplicando así las comisiones que percibía por estas operaciones, «con pleno conocimiento de los directivos» de las mercantiles.
